Procesan a periodistas por el supuesto espionaje contra el Gobierno nacional
Lo dictó la jueza Sandra Arroyo Salgado. A quiénes involucra. La acusación contra exagentes de la SIDE.
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17.09.2012 | 16:49
Para la jueza, existió una "empresa criminal con un fin lucrativo". | Foto: Cedoc.
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La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, procesó sin prisión preventiva a ocho acusado en el marco de una causa por espionaje. Entre los nombres se destacan el de Carlos Pagni, columnista del diario La Nación, Juan Bautista Tata Yofre –ex funcionario menemista–, Héctor Guillermo Roberto Alderete –titular del sitio SEPRIN–, Edgar Walter Mainhard –del sitio urgente24.com– y Roberto Ángel García, columnista de PERFIL.
La nómina se completa con el general (R) del Ejército argentino Daniel Manuel Reimundes, el abogado y empresario Néstor Carlos Ick y el remisero Pablo Alfredo Carpintero, según publica en su sitio web el Centro de Información Judicial, CIJ.
"Desde agosto del 2006 y hasta junio del 2008, una empresa criminal con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico; siendo que gran parte de esa información obtenida de los correos electrónicos de funcionarios públicos del Gobierno nacional debía permanecer secreta en función de la seguridad, la defensa y las relaciones exteriores de la Nación", según explicó la jueza Arroyo Salgado en su resolución.
La causa está caratulada como "Averiguación por el delito del artículo 222 del Código Penal", que dice: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación".
Mainhard, uno de los procesados, escribió un artículo en su portal donde dio su versión de los hechos: "De acuerdo a Su Señoría, yo tendría que haber denunciado que recibía correos obtenidos supuestamente en forma ilegal. Se equivocó Su Señoría: las fuentes son tan sagradas como la amistad. Yo decido, bajo mi responsabilidad, qué información doy y qué información no doy, pero un periodista siempre intenta obtener toda la información posible, y la única limitación es la veracidad".
La nómina se completa con el general (R) del Ejército argentino Daniel Manuel Reimundes, el abogado y empresario Néstor Carlos Ick y el remisero Pablo Alfredo Carpintero, según publica en su sitio web el Centro de Información Judicial, CIJ.
"Desde agosto del 2006 y hasta junio del 2008, una empresa criminal con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico; siendo que gran parte de esa información obtenida de los correos electrónicos de funcionarios públicos del Gobierno nacional debía permanecer secreta en función de la seguridad, la defensa y las relaciones exteriores de la Nación", según explicó la jueza Arroyo Salgado en su resolución.
La causa está caratulada como "Averiguación por el delito del artículo 222 del Código Penal", que dice: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación".
Mainhard, uno de los procesados, escribió un artículo en su portal donde dio su versión de los hechos: "De acuerdo a Su Señoría, yo tendría que haber denunciado que recibía correos obtenidos supuestamente en forma ilegal. Se equivocó Su Señoría: las fuentes son tan sagradas como la amistad. Yo decido, bajo mi responsabilidad, qué información doy y qué información no doy, pero un periodista siempre intenta obtener toda la información posible, y la única limitación es la veracidad".
"Por ejemplo, es falso que exagentes de inteligencia trabajaran por cuenta propia en el espionaje ilegal del correo electrónico de diversas personas. Si fuera cierto que existió lo que la Fiscalía concibe como una 'pyme' destinada a comercializar intrusiones de correos electrónicos, eso no resuelve una cuestión mucho más importante que no ha sido abordada y que provoca enormes dudas sobre la actuación judicial en el caso. Para realizar las intrusiones, los exagentes de inteligencia reportaban a sus superiores, recibían órdenes, contaban con aprobación o, al menos, tolerancia de sus jefes, una situación que puede convertirse en un búmeran para el propio gobierno del Frente para la Victoria", escribió el periodista.
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