LA RELACION DEL DIARIO LA NUEVA PROVINCIA CON LA DICTADURA MILITAR
Por Diego Martínez
La “violencia ordenadora” de las Fuerzas Armadas había comenzado en realidad un año antes y contaba con la aprobación del diario bahiense. En mayo de 1975, cuando en teoría los marinos estaban en los cuarteles y las ejecuciones las firmaba la Triple A, Massera declaró en Puerto Belgrano que “la Armada vive en guerra y participa con energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico”. El almirante que derrocaría a Isabel Perón habló de su “vocación democrática”, pero diferenció a “los subversivos” y dijo que la Armada estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos”. Los Massot elogiaron sus palabras como “una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza”, en tiempo presente (LNP 17.5.75).
La relación de Diana Julio no era con Massera sino con el vicealmirante Luis María Mendía, comandante de Operaciones Navales, a quien recibía “en horas nocturnas” en su despacho, según escribió en su libro el ex capitán Adolfo Scilingo. “Esa mujer venía a Puerto Belgrano directamente a incitar a Mendía a tomar el poder, a embalarlo”, recuerda un viejo marino, cercano entonces a Mendía: “Usaba palabras fuertes, hablaba de falta de hombría”. “Cagones”, le decía a Scilingo otro hijo de la directora, Federico Massot, ya fallecido. “Son unos cagones, tenemos generales, almirantes y brigadieres de papel, no se animan a fusilar”, renegaba. “Combaten la subversión sin firmar la sentencia de los muertos, eso traerá problemas futuros”, advertía.
Un editorial publicado a setenta días del golpe sugiere que los Massot mantenían aún la esperanza sobre algún margen de legalidad. Bajo el título “El rigor de la justicia ante la delincuencia subversiva”, informaron que “funcionan en el país consejos de guerra”, que en promedio dictaban penas de cinco años de prisión, advirtieron sobre la inutilidad de una ley “generosa y muy poco ejemplificadora” y manifestaron su “singular interés (en) el nuevo criterio de ‘justicia revolucionaria’ que estudia el gobierno nacional” (LNP 3.6.76). La acusación de “cagones” que escuchó Scilingo es probablemente de las semanas que siguieron. En junio, el diario llegó a publicar noticias de secuestros con el sello de los grupos de tareas: primero dos jóvenes secuestradas por ocho hombres armados en tres autos de civil (LNP 11.6.76), después la liberación de una mujer que estuvo secuestrada, vendada, encapuchada y esposada durante cuatro días (LNP 18.6.76). El 24, el Cuerpo V asesinó a Mónica Morán, secuestrada once días antes, y armó “un operativo de acción psicológica”, según confirmó Vilas en 1987, para simular que “Cinco extremistas fueron abatidos en Bahía Blanca”, como tituló el diario (LNP 25.6.76).
Fue luego de ese cobarde fusilamiento de una militante del PRT que La Nueva Provincia pidió por escrito un cambio de rumbo. “Se trata de saber, ahora, si las Fuerzas Armadas están preparadas para asumir la responsabilidad de aquellas medidas urgentes que deben tomarse ya, porque una sociedad harta de desorden y falta de autoridad, pero, sobre todo, sin vocación de suicidio, así lo exige: juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país”, plantearon (LNP 6.7.76). La propuesta, sin embargo, “fue descartada por impracticable”, explicó Vicente Massot en su libro Matar y morir. La violencia política en la Argentina (1806-1980). “¿Cómo justificar miles de fusilamientos ante el clamor que tal práctica levantaría en el mundo?”, escribió comprensivo.
La Nueva Provincia no se limitó a difundir partes oficiales. Por lo general acompañó los relatos fabricados por la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 con las fotos de las víctimas, obtenidas cuando saqueaban sus casas y las de sus familias. En algún caso adornaron sus páginas con croquis inventados sobre movimientos de supuestos soldados que en la práctica fusilaban sin riesgo. En el que ilustra esta nota se detalla el “lugar de cita” de cuatro “elementos subversivos” cercados por “fuerzas legales” pese a que llevaban meses secuestrados en La Escuelita. El fiscal Córdoba pidió el año pasado allanar el archivo de La Nueva Provincia, entre otras razones para recuperar esas fotos que los militares destruyeron y sus cómplices civiles podían tener a buen resguardo, pero ni el entonces juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a avanzar con el diario bahiense.
En septiembre, internalizado ya el método Vilas de publicitar ejecuciones como enfrentamientos, La Nueva Provincia fue un paso más lejos que el resto de la prensa condescendiente con la dictadura y dejó en claro que manejaba más información de la que se difundía oficialmente. Durante cuatro días, del 27 al 30, ofreció a sus lectores “una breve radiografía del enemigo en Bahía Blanca, en todo el sur del territorio bonaerense y la Patagonia”. La serie de notas sin firma pero con el sello de los Massot se tituló “¿Qué pasa en Bahía Blanca? Radiografía de la subversión”. El material “está extraído de la realidad”, aclararon, sin precisar fuentes. “Bahía Blanca es zona de montoneros”, afirmaron. “Es posible que los continuos éxitos de la acción militar (sic) hagan pensar que la amenaza subversiva se está debilitando. Y ése el error: un enemigo deja de serlo sólo cuando está derrotado total y definitivamente”, advirtieron. “No es extraño que las fuerzas militares encuentren, durante los procedimientos que realizan, libretas y apuntes con detalles de la rutina diaria de profesores, empresarios, profesionales, alumnos y militares”, publicaron, sin ocultar que manejaban información de primera mano.
En la tercera nota dieron a conocer los supuestos cargos de militantes que acababan de ser fusilados e hicieron propias las falacias que difundía el Ejército. Sobre Pablo Fornasari, ejecutado luego de dos meses en cautiverio, apuntaron que fue “abatido por el Ejército en el enfrentamiento de calle Catriel”. Sobre José Luis Peralta, secuestrado a principios de agosto en Mar del Plata, trasladado a Bahía y acribillado, escribieron que fue “muerto en la emboscada que le tendieron las armas de la Patria”, con mayúscula. “Acciones esporádicas que contribuyen a crear la idea de ‘una presencia’ y la preparación de combatientes en actos menores –una bomba, un ataque a una empresa, una pintada de paredes– constituyen sus líneas de actuación por el momento”, precisaron. “Estos anónimos que colocan bombas y distribuyen panfletos están solos y sólo tienen en común con aquel guerrillero (en referencia al Che Guevara) su destino inevitable: la muerte”, celebraron por anticipado.
Encubrir el genocidio no implicó para los Massot ninguna contradicción con el rol del periodismo y su función de garantizar el derecho a la información de la sociedad. En la Argentina “existe libertad de prensa”, aseguró Federico Massot en octubre de 1976 durante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “No hay problema para informar, opinar y criticar al gobierno”, dijo. “Lo único que no podemos publicar son las acciones contra el terrorismo”, pidió comprensión (SIP: debate por la prensa argentina. La Nación 12-10-76). Cuatro días después de que Rodolfo Walsh difundiera su Carta Abierta a la Junta Militar, que en su primera línea denuncia “la censura de prensa”, Vicente Massot la justificó en otra asamblea de la SIP en Cartagena de Indias. “Al enfrentar la Argentina ‘la escalada del marxismo internacional’ es lógico que sus autoridades se vean obligadas a tomar decisiones ‘lesivas respecto de determinadas libertades’, en salvaguarda de la integridad de la Nación”, fueron sus palabras (Reclama la SIP por la libertad de expresión. La Prensa, 30.-3-77). Después de distribuir su Carta Abierta, Walsh cayó acribillado por una patota de la ESMA. Después de intentar justificar su silencio ante el genocidio, Vicente Massot visitaba al director de la ESMA, almirante Rubén Jacinto Chamorro, en la planta baja del Casino de Oficiales por el que pasaron miles de secuestrados. El dato lo publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro El Vuelo y la fuente fue el propio Scilingo, que conocía a toda la familia Massot.
Notas y titulares de La Nueva Provincia se hacían eco y daban cobertura a los fusilamientos de los grupos de tareas.
El turno de investigar la complicidad periodística
El fallo que el miércoles pasado ordenó investigar a los directivos del diario de Bahía Blanca pone el foco sobre los vínculos mediáticos de la represión ilegal. Aquí, un informe sobre la manera en que actuaba ese medio y sus relaciones con los militares.
Por Diego Martínez
El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, será investigado por la Justicia por su actuación durante el terrorismo de Estado. A partir de los comunicados sobre “supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos” que el diario complementaba con croquis inventados por especialistas en acción psicológica del Destacamento de Inteligencia 181 y fotos de las víctimas robadas de sus casas, el Tribunal Oral Federal que acaba de condenar al primer grupo de represores del ex Cuerpo V de Ejército ordenó que se investiguen posibles “delitos de acción pública” de “los directivos de dicho órgano de prensa”, que hasta su muerte en 2009 condujo Diana Julio de Massot. Su hijo Vicente, que en plena dictadura visitaba la ESMA e integraba junto con su hermano Federico el núcleo duro que conducía el diario, fue el secretario de Asuntos Militares del menemismo, que debió renunciar luego de hacer una apología pública de la tortura. El empresario también está en la mira de la Justicia por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ex delegados de los trabajadores del diario, secuestrados, torturados y ejecutados en 1976. En un documento de inteligencia de Prefectura sobre “guerrilla sindical” en La Nueva Provincia, consta que los directivos del diario documentaban cada paso de los delegados ante “los comandos militares y navales de la zona”. Por los crímenes de ambos obreros gráficos ya hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme.
Violencia ordenadora
El rol del diario en los’70 es más conocido. Ante “la cruda realidad electoral del país” (LNP 18.3.73) que para su antiperonismo visceral significaba el retorno del justicialismo, los Massot reclamaron a las Fuerzas Armadas que impidieran la asunción de Héctor Cámpora. “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones?”, pidieron a gritos (LNP 2.5.73). El editorial fue citado por el fiscal federal Abel Córdoba al iniciar su alegato para describir “el sórdido contexto local del terrorismo de Estado”. El 24 de marzo de 1976, con el título “Llegó el momento”, La Nueva Provincia pidió “abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera y fundamental distinción de una política revolucionaria: la del amigo-enemigo”. “A la violencia destructora y asesina es necesario responderle con una violencia ordenadora”, propusieron.La “violencia ordenadora” de las Fuerzas Armadas había comenzado en realidad un año antes y contaba con la aprobación del diario bahiense. En mayo de 1975, cuando en teoría los marinos estaban en los cuarteles y las ejecuciones las firmaba la Triple A, Massera declaró en Puerto Belgrano que “la Armada vive en guerra y participa con energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico”. El almirante que derrocaría a Isabel Perón habló de su “vocación democrática”, pero diferenció a “los subversivos” y dijo que la Armada estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos”. Los Massot elogiaron sus palabras como “una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza”, en tiempo presente (LNP 17.5.75).
La relación de Diana Julio no era con Massera sino con el vicealmirante Luis María Mendía, comandante de Operaciones Navales, a quien recibía “en horas nocturnas” en su despacho, según escribió en su libro el ex capitán Adolfo Scilingo. “Esa mujer venía a Puerto Belgrano directamente a incitar a Mendía a tomar el poder, a embalarlo”, recuerda un viejo marino, cercano entonces a Mendía: “Usaba palabras fuertes, hablaba de falta de hombría”. “Cagones”, le decía a Scilingo otro hijo de la directora, Federico Massot, ya fallecido. “Son unos cagones, tenemos generales, almirantes y brigadieres de papel, no se animan a fusilar”, renegaba. “Combaten la subversión sin firmar la sentencia de los muertos, eso traerá problemas futuros”, advertía.
Un editorial publicado a setenta días del golpe sugiere que los Massot mantenían aún la esperanza sobre algún margen de legalidad. Bajo el título “El rigor de la justicia ante la delincuencia subversiva”, informaron que “funcionan en el país consejos de guerra”, que en promedio dictaban penas de cinco años de prisión, advirtieron sobre la inutilidad de una ley “generosa y muy poco ejemplificadora” y manifestaron su “singular interés (en) el nuevo criterio de ‘justicia revolucionaria’ que estudia el gobierno nacional” (LNP 3.6.76). La acusación de “cagones” que escuchó Scilingo es probablemente de las semanas que siguieron. En junio, el diario llegó a publicar noticias de secuestros con el sello de los grupos de tareas: primero dos jóvenes secuestradas por ocho hombres armados en tres autos de civil (LNP 11.6.76), después la liberación de una mujer que estuvo secuestrada, vendada, encapuchada y esposada durante cuatro días (LNP 18.6.76). El 24, el Cuerpo V asesinó a Mónica Morán, secuestrada once días antes, y armó “un operativo de acción psicológica”, según confirmó Vilas en 1987, para simular que “Cinco extremistas fueron abatidos en Bahía Blanca”, como tituló el diario (LNP 25.6.76).
Fue luego de ese cobarde fusilamiento de una militante del PRT que La Nueva Provincia pidió por escrito un cambio de rumbo. “Se trata de saber, ahora, si las Fuerzas Armadas están preparadas para asumir la responsabilidad de aquellas medidas urgentes que deben tomarse ya, porque una sociedad harta de desorden y falta de autoridad, pero, sobre todo, sin vocación de suicidio, así lo exige: juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país”, plantearon (LNP 6.7.76). La propuesta, sin embargo, “fue descartada por impracticable”, explicó Vicente Massot en su libro Matar y morir. La violencia política en la Argentina (1806-1980). “¿Cómo justificar miles de fusilamientos ante el clamor que tal práctica levantaría en el mundo?”, escribió comprensivo.
“Destino inevitable: la muerte”
Haber advertido a tiempo el costo de fusilar por la espalda y hacer desaparecer a miles de personas no les resultó contradictorio con la difusión militante de los comunicados que el V Cuerpo elaboraba para sembrar terror y disfrazar de tiroteos las ejecuciones de militantes destruidos en las mesas de tortura.La Nueva Provincia no se limitó a difundir partes oficiales. Por lo general acompañó los relatos fabricados por la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 con las fotos de las víctimas, obtenidas cuando saqueaban sus casas y las de sus familias. En algún caso adornaron sus páginas con croquis inventados sobre movimientos de supuestos soldados que en la práctica fusilaban sin riesgo. En el que ilustra esta nota se detalla el “lugar de cita” de cuatro “elementos subversivos” cercados por “fuerzas legales” pese a que llevaban meses secuestrados en La Escuelita. El fiscal Córdoba pidió el año pasado allanar el archivo de La Nueva Provincia, entre otras razones para recuperar esas fotos que los militares destruyeron y sus cómplices civiles podían tener a buen resguardo, pero ni el entonces juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a avanzar con el diario bahiense.
En septiembre, internalizado ya el método Vilas de publicitar ejecuciones como enfrentamientos, La Nueva Provincia fue un paso más lejos que el resto de la prensa condescendiente con la dictadura y dejó en claro que manejaba más información de la que se difundía oficialmente. Durante cuatro días, del 27 al 30, ofreció a sus lectores “una breve radiografía del enemigo en Bahía Blanca, en todo el sur del territorio bonaerense y la Patagonia”. La serie de notas sin firma pero con el sello de los Massot se tituló “¿Qué pasa en Bahía Blanca? Radiografía de la subversión”. El material “está extraído de la realidad”, aclararon, sin precisar fuentes. “Bahía Blanca es zona de montoneros”, afirmaron. “Es posible que los continuos éxitos de la acción militar (sic) hagan pensar que la amenaza subversiva se está debilitando. Y ése el error: un enemigo deja de serlo sólo cuando está derrotado total y definitivamente”, advirtieron. “No es extraño que las fuerzas militares encuentren, durante los procedimientos que realizan, libretas y apuntes con detalles de la rutina diaria de profesores, empresarios, profesionales, alumnos y militares”, publicaron, sin ocultar que manejaban información de primera mano.
En la tercera nota dieron a conocer los supuestos cargos de militantes que acababan de ser fusilados e hicieron propias las falacias que difundía el Ejército. Sobre Pablo Fornasari, ejecutado luego de dos meses en cautiverio, apuntaron que fue “abatido por el Ejército en el enfrentamiento de calle Catriel”. Sobre José Luis Peralta, secuestrado a principios de agosto en Mar del Plata, trasladado a Bahía y acribillado, escribieron que fue “muerto en la emboscada que le tendieron las armas de la Patria”, con mayúscula. “Acciones esporádicas que contribuyen a crear la idea de ‘una presencia’ y la preparación de combatientes en actos menores –una bomba, un ataque a una empresa, una pintada de paredes– constituyen sus líneas de actuación por el momento”, precisaron. “Estos anónimos que colocan bombas y distribuyen panfletos están solos y sólo tienen en común con aquel guerrillero (en referencia al Che Guevara) su destino inevitable: la muerte”, celebraron por anticipado.
Encubrir el genocidio no implicó para los Massot ninguna contradicción con el rol del periodismo y su función de garantizar el derecho a la información de la sociedad. En la Argentina “existe libertad de prensa”, aseguró Federico Massot en octubre de 1976 durante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “No hay problema para informar, opinar y criticar al gobierno”, dijo. “Lo único que no podemos publicar son las acciones contra el terrorismo”, pidió comprensión (SIP: debate por la prensa argentina. La Nación 12-10-76). Cuatro días después de que Rodolfo Walsh difundiera su Carta Abierta a la Junta Militar, que en su primera línea denuncia “la censura de prensa”, Vicente Massot la justificó en otra asamblea de la SIP en Cartagena de Indias. “Al enfrentar la Argentina ‘la escalada del marxismo internacional’ es lógico que sus autoridades se vean obligadas a tomar decisiones ‘lesivas respecto de determinadas libertades’, en salvaguarda de la integridad de la Nación”, fueron sus palabras (Reclama la SIP por la libertad de expresión. La Prensa, 30.-3-77). Después de distribuir su Carta Abierta, Walsh cayó acribillado por una patota de la ESMA. Después de intentar justificar su silencio ante el genocidio, Vicente Massot visitaba al director de la ESMA, almirante Rubén Jacinto Chamorro, en la planta baja del Casino de Oficiales por el que pasaron miles de secuestrados. El dato lo publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro El Vuelo y la fuente fue el propio Scilingo, que conocía a toda la familia Massot.
Notas y titulares de La Nueva Provincia se hacían eco y daban cobertura a los fusilamientos de los grupos de tareas.
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