El multimedios sólo perdería en uno de los cuatro escenarios posibles
El panorama es alentador para el multimedio, pero la Corte podría afectarlo en un punto central: obligarlo a desinvertir algunas licencias.
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El dilema ante el que se enfrentan hoy los jueces del tribunal es cuánto diferenciarse del fallo de la Cámara Civil y Comercial, que fijó la inconstitucionalidad de algunos puntos de los artículos 45 (límite de licencias) y 48 (prácticas de concentración indebida) y la constitucionalidad del 41 (transferencia de licencias) y el 161 (plazo de adecuación).
En ese esquema, el panorama es alentador para el multimedios porque le permitiría mantener Cablevisión, su principal fuente de ingreso, tal cual está. La ley fija que se puede tener hasta un límite de 24 licencias de servicios de televisión por suscripción o un máximo del 35% del total de abonados al servicio. La empresa de Clarín supera ambos límites.
El único punto negativo para el Grupo es que deberá adecuarse al límite de diez licencias canales de aire o radios que establece la ley, por lo que tendría que desprenderse de negocios en el interior. Sin embargo, según fuentes del mercado esa consecuencia es “inocua” para los balances económicos del Grupo.
Según las fuentes consultadas por PERFIL, en la Corte hay un grupo de jueces que pretende introducir con fuerza el debate sobre la libertad de expresión en la resolución final. Si esta posición imperase, para algunos especialistas significaría que el fallo sería más "integral" y que la violación a la libertad de expresión se volvería "una cuestión esencial de la norma". En ese escenario, Clarín resultaría el gran triunfador de una contienda que ya lleva cuatro años.
Para el especialista en comunicación Martín Becerra, la Corte "tiene que incorporar el debate por la libertad de expresión, aunque sea para decir que no está afectada". Ya en un fallo anterior, el Tribunal dijo que no estaba demostrado que ese derecho estaba siendo violentado. Nuevas pruebas aportadas, sin embargo, podrían hacer cambiar esa posición.
De todas formas, la Cámara ya incorporó la cuestión de la libertad de expresión. Resolvió que no está amenazada en los topes que se establecieron a los servicios de aire (TV y radio) pero que es más discutible que el Estado pueda regular la televisión por Cable (porque las licencias pueden ser infinitas). Según los camaristas, el límite para ese negocio afecta a la sustentabilidad económica de las empresas y su consecuente independencia de los gobiernos.
La Corte puede seguir esa línea o, según opina Becerra, "también puede reducir un poco los beneficios de Clarín". Las posibilidades, en este punto, son siempre hipotéticas. Una opción es que declare la constitucionalidad del punto que obliga a achicar Cablevisión, pero no los límites que fija la ley (afectaría, pero no tanto). Otra, es que declare la constitucionalidad, pero respetando los plazos actuales de las licencias (las de TV y radio, por ejemplo, vencen recién en 2024). La Corte también podría decir que el límite a Cablevisión es inconstitucional, pero que sí es válido el punto que fija que los dueños de un servicio de TV por cable no pueden tener un canal de aire. De esa manera, para Clarín sería incompatible tener Canal 13 y prestar el servicio de Cablevisión en la Ciudad.
Estas hipótesis irían en la línea de un fallo salomónico de la Corte, que afecte los intereses de Clarín pero no en los niveles que pretende el Gobierno. Terminaría siendo un empate, ya que el Gobierno podría mostrar algunos trofeos pero el grupo mediático conservaría una fortaleza considerable.
De cualquier forma, con la puesta en práctica de esas supuestas desinversiones que deba efectuar Clarín se abrirían nuevas disputas judiciales
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