La causa penal contra Mitre y Magnetto ya tiene nuevo juez
Publicado el 8 de Diciembre de 2011Por
La Cámara Federal resolvió que el expediente que investiga el presunto despojo accionario a la familia Graiver por parte de las Fuerzas Armadas en complicidad con los diarios Clarín, La Nación y La Razón se tramite en los tribunales porteños.
La Cámara Federal resolvió por sorteo designar al juez Julián Ercolini para hacerse cargo de la investigación contra Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre sobre presuntos delitos de lesa humanidad que habrían enmarcado el traspaso de la empresa Papel Prensa a los accionistas privados La Nación, Clarín y La Razón en 1976, en los albores de la dictadura. Se trata de la causa que, tal como anticipó Tiempo Argentino en su edición de la víspera, estaba tironeada por el juez porteño Daniel Rafecas y su colega de La Plata Arnaldo Coraza. Finalmente, ni uno ni otro: por una cuestión procedimental, la Sala Primera de la Cámara apartó a Rafecas pero ratificó que la investigación deberá tramitar ante los tribunales federales de la Capital Federal. Fue en territorio porteño donde, según lo que se lleva corrido de la pesquisa y las denuncias de los sobrevivientes, se produjeron los “aprietes” y las torturas con las que los familiares de David Graiver habrían accedido a traspasar las acciones a esa sociedad entre los principales diarios privados y el Estado Nacional usurpado por los dictadores. Los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero resolvieron, en resumen, que la causa se investigue en los tribunales federales locales, pero con otro magistrado.
Ercolini es uno de los jueces designados en la hasta ahora única tanda de renovación del fuero federal porteño desde que el menemismo copó sus juzgados en los ’90. Es secretario de Cámara, menor de 50 años de edad, considerado independiente por sus pares y de bajo perfil, y no sufrió los avatares de los escándalos que a menudo sacuden a los tribunales de Retiro.
Si bien el sorteo estaba previsto para las 7:30 de ayer, apenas abiertas las puertas de los tribunales, a esa hora el expediente aún no había llegado a la oficina encargada de la asignación de causas. Un par de horas más tarde, y en presencia de representantes de las partes –entre ellos el subsecretario de Protección de los Derechos Humanos Luis Alén–, se realizó en el segundo piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
A fines de abril pasado, los fiscales federales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro dictaminaron que “la presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa SA, de la que eran propietarios algunos de los integrantes del denominado Grupo Graiver a las empresas La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad de Buenos Aires, con la directa intervención de la junta militar en colusión con los civiles denunciados, en el marco de una persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, desatada desde el aparato terrorista estatal”.
La causa se disparó por denuncia de otro juez, el titular del juzgado en lo Civil y Comercial número dos, Eduardo Malde. En una asamblea celebrada en Papel Prensa en mayo de 2010, un veedor judicial enviado por el juez escuchó los relatos sobre torturas por parte de la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo; de su ex testaferro Rafael Iannover, y del ex propietario del diario La Razón, José Pirillo. Formuló la denuncia y Rafecas realizó los primeros trámites hasta que se declaró incompetente y envió el expediente, con un puñado de fojas, a Coraza. Tiempo después fue Coraza el que se declaró incompetente y devolvió las actuaciones: para ese entonces, los fiscales ya habían acumulado unos 70 cuerpos de investigación. <
La Cámara Federal resolvió que el expediente que investiga el presunto despojo accionario a la familia Graiver por parte de las Fuerzas Armadas en complicidad con los diarios Clarín, La Nación y La Razón se tramite en los tribunales porteños.
La Cámara Federal resolvió por sorteo designar al juez Julián Ercolini para hacerse cargo de la investigación contra Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre sobre presuntos delitos de lesa humanidad que habrían enmarcado el traspaso de la empresa Papel Prensa a los accionistas privados La Nación, Clarín y La Razón en 1976, en los albores de la dictadura. Se trata de la causa que, tal como anticipó Tiempo Argentino en su edición de la víspera, estaba tironeada por el juez porteño Daniel Rafecas y su colega de La Plata Arnaldo Coraza. Finalmente, ni uno ni otro: por una cuestión procedimental, la Sala Primera de la Cámara apartó a Rafecas pero ratificó que la investigación deberá tramitar ante los tribunales federales de la Capital Federal. Fue en territorio porteño donde, según lo que se lleva corrido de la pesquisa y las denuncias de los sobrevivientes, se produjeron los “aprietes” y las torturas con las que los familiares de David Graiver habrían accedido a traspasar las acciones a esa sociedad entre los principales diarios privados y el Estado Nacional usurpado por los dictadores. Los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero resolvieron, en resumen, que la causa se investigue en los tribunales federales locales, pero con otro magistrado.
Ercolini es uno de los jueces designados en la hasta ahora única tanda de renovación del fuero federal porteño desde que el menemismo copó sus juzgados en los ’90. Es secretario de Cámara, menor de 50 años de edad, considerado independiente por sus pares y de bajo perfil, y no sufrió los avatares de los escándalos que a menudo sacuden a los tribunales de Retiro.
Si bien el sorteo estaba previsto para las 7:30 de ayer, apenas abiertas las puertas de los tribunales, a esa hora el expediente aún no había llegado a la oficina encargada de la asignación de causas. Un par de horas más tarde, y en presencia de representantes de las partes –entre ellos el subsecretario de Protección de los Derechos Humanos Luis Alén–, se realizó en el segundo piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
A fines de abril pasado, los fiscales federales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro dictaminaron que “la presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa SA, de la que eran propietarios algunos de los integrantes del denominado Grupo Graiver a las empresas La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad de Buenos Aires, con la directa intervención de la junta militar en colusión con los civiles denunciados, en el marco de una persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, desatada desde el aparato terrorista estatal”.
La causa se disparó por denuncia de otro juez, el titular del juzgado en lo Civil y Comercial número dos, Eduardo Malde. En una asamblea celebrada en Papel Prensa en mayo de 2010, un veedor judicial enviado por el juez escuchó los relatos sobre torturas por parte de la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo; de su ex testaferro Rafael Iannover, y del ex propietario del diario La Razón, José Pirillo. Formuló la denuncia y Rafecas realizó los primeros trámites hasta que se declaró incompetente y envió el expediente, con un puñado de fojas, a Coraza. Tiempo después fue Coraza el que se declaró incompetente y devolvió las actuaciones: para ese entonces, los fiscales ya habían acumulado unos 70 cuerpos de investigación. <
vivo en uno de los apartamentos en buenos aires, justo lei esta nota en el diario la otra vez, espero que llegue a buen resultado todo
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