El reparto de fondos beneficia a las universidades ligadas al Gobierno
Política
Recibirán en 2014 aumentos muy superiores a otras universidades públicas; critican los contratos por servicios y la propaganda política
Nunca como en la era kirchnerista las universidades nacionales recibieron tantos fondos públicos. Según el presupuesto 2014, las casas de altos estudios tendrán, en promedio, un 35 por ciento más de recursos que este año, pero las más beneficiadas serán las de neto cuño oficialista, que percibirán incrementos mucho mayores. Con un agravante: hay fuertes cuestionamientos por la falta de controles.
Según el presupuesto que el oficialismo convirtió en ley el miércoles pasado, la Universidad de José C. Paz, por ejemplo, recibirá un aumento de 177% con respecto a este año. En tanto, la Universidad Arturo Jauretche, apadrinada por el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel, tendrá un aumento de 70%, mientras que la de San Martín, de 46%, y la de Quilmes, de 44%. Pero la que encabeza por lejos el ranking de las más beneficiadas es la Universidad de Villa Mercedes, en San Luis, un enclave kirchnerista en las tierras de los hermanos Rodríguez Saá: en sólo un año su presupuesto subió de 3 a 43,2 millones de pesos, es decir, aumentó 14 veces.
Mucho más abajo en el ranking están las universidades nacionales más importantes: según las planillas presupuestarias, la Universidad de Buenos Aires tendrá un incremento de 32%; la de Córdoba, un 33%, y la de La Plata, un 34%, porcentajes altos, pero que no se comparan con los de algunas de las universidades creadas durante la gestión del Gobierno.
Pero el problema aquí no es sólo el reparto discrecional de los fondos públicos entre las universidades, sino además la poca transparencia en su manejo. Así lo advirtió un crítico informe que difundió en mayo pasado la Auditoría General de la Nación (AGN), el cual señaló que en nombre de la autonomía y la autarquía institucional y financiera que tienen las casas de altos estudios se cometieron varias irregularidades: gasto de dinero sin la firma de la autoridad competente, compras sin precios de referencia y también sueldos del personal docente y no docente que no coinciden con lo establecido por ley.
Pero el aspecto más oscuro lo constituyen los contratos entre las universidades (sobre todo las ubicadas en el conurbano bonaerense) y distintas áreas de la administración pública para la provisión de los servicios más diversos. En virtud de la autonomía universitaria, estas contrataciones se realizan en forma directa, sin licitación y, por lo tanto, sin control.
Contratos sin detalles
Por citar un ejemplo, en sólo un día la Universidad de La Matanza se alzó con 3,8 millones de pesos por cinco contratos que firmó en febrero pasado con el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Alicia Kirchner. Estos contratos aparecieron en el Boletín Oficial, aunque sin aportar mayores detalles: sólo se indica que se trató de contrataciones directas, sin licitación, y por "servicios básicos", sin especificar en qué consistieron esos servicios.
Otro caso polémico es el de los stands en la feria Tecnópolis, que reveló LA NACION el año pasado y que hoy investiga la Justicia. Se trata de dos convenios que firmó el Ministerio de Planificación con las universidades nacionales de La Matanza y de San Martín, por 11 y 15 millones de pesos, para la construcción de aquellos stands en la feria que se ha convertido en un ícono de la propaganda kirchnerista. De esta manera los organismos oficiales se evitaron la licitación pública que debería haberse abierto.
La AGN dio cuenta de estas irregularidades en el informe de auditoría realizado a 20 universidades nacionales entre 2009 y 2012. "El estudio realizado demuestra que las universidades no han dictado o aplicado normas o principios que den mayor transparencia a la gestión y puedan demostrar la eficiencia y economía en la administración de sus recursos", afirmó la AGN en sus conclusiones.
Esta situación de escasa transparencia y discriminación en el reparto de los recursos de las universidades nacionales fue motivo, también, de críticas de la oposición, que elevó varios pedidos de informes al Poder Ejecutivo. Por ahora no tuvieron respuesta.
"El Gobierno muestra el aumento de recursos universitarios como un logro, pero no puede mostrar rendimiento académico ni prolijidad administrativa. Al negarse a permitir el control, el Gobierno prostituye el sentido de la autonomía -enfatizó el diputado Eduardo Amadeo (Frente Renovador)-. Autonomía no es politización ni desorden."
Amadeo es autor de un pedido de informes al Ministerio de Educación en el que advirtió que algunas universidades estarían conducidas por funcionarios que "carecen de antecedentes académicos y han logrado tales cargos sólo por razones políticas".
También los diputados Juan Pedro Tunessi (UCR) y Graciela Ocaña (Confianza Pública) expresaron su preocupación por la falta de transparencia en las universidades nacionales. "El reglamento de contrataciones autoriza a todo el sector público a realizar contrataciones directas cuando el cocontratante sea una universidad nacional. Se trata de una franquicia excepcional que debería ser invocada en contadas ocasiones, pero el gobierno kirchnerista la utiliza ilícitamente para desviar fondos públicos", enfatizó Tuness
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