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28/03/2014 14:34
Desequilibrio
republicano y libertades amenazadas, el informe de Adepa
Dieron a conocer
las conclusiones del informe de la 154ª Junta de Directores de la Asociación de
Entidades Periodísticas Argentinas.
Por Redacción
LAVOZ
A continuación,
consignamos las conclusiones del informe que brindó hoy, durante la 154ª Junta
de Directores de la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas (Adepa), el presidente de la Comisión de
Libertad de Prensa, Guillermo Ignacio.
Ayer, Adepa
denunció que el Gobierno gasta unos 28 millones
de pesos por día en publicidad.
Desequilibrio
republicano y libertades amenazadas
La prensa se
continúa desenvolviendo en la Argentina en un clima adverso, derivado del
hostigamiento oficial y del denominado periodismo militante, las agresiones e
intolerancia de funcionarios y las amenazas del crimen organizado. A ello se
suman la distribución arbitraria de la pauta oficial, la persecución regulatoria
y administrativa y el incumplimiento de fallos judiciales referidos a la
libertad de expresión y al libre acceso a la información pública.
A fines de
octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre la
constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No
obstante, el máximo tribunal afirmó en su sentencia que la ausencia de políticas
públicas transparentes en materia de publicidad oficial, la transformación de
medios privados de comunicación en instrumentos políticos nutridos por prebendas
estatales, el uso de medios públicos como herramientas proselitistas, y la
ausencia de un órgano independiente de aplicación de la ley y ajustado a los
principios constitucionales, desvirtuarían los objetivos de la denominada ley de
medios. Sostuvo, en síntesis, que lo que viene haciendo el Poder Ejecutivo de
manera ostensible en todos estos años, colisiona con la legitimidad de la
cuestionada norma.
¿Qué ocurre,
entonces, si el Poder Judicial actúa sin tener en cuenta el contexto en el que
está inmerso y si el Poder Ejecutivo sólo acata las sentencias que lo satisfacen
y aplica de manera selectiva las leyes sancionadas por el Congreso? Ocurre la
Argentina, un país con desequilibrio republicano y libertades
amenazadas.
La Corte ha
reiterado, a través de distintos fallos, que la publicidad oficial no puede
emplearse para intentar disciplinar o seducir a medios de comunicación. A las
sentencias en los casos Río Negro y Perfil, de 2007 y 2011, la primera en contra
del gobierno de la provincia de Neuquén y la segunda contra la discriminación
planteada por la administración nacional, se sumó en febrero pasado el fallo
sobre el caso Artear, en la misma línea de la segunda de las
mencionadas.
Hasta hoy, la
respuesta del Gobierno nacional a estos pronunciamientos fue el incremento
exponencial de la pauta con una distribución regida, principalmente, por la
afinidad editorial de los medios con su discurso y por el objetivo de construir
un enorme aparato propagandístico para deslegitimar al periodismo independiente
y sostener discursivamente al oficialismo.
En el primer
semestre de 2013, de acuerdo a los últimos datos oficiales que llegan con
sistemático retraso y sin estar adecuadamente desagregados, se distribuyeron 865
millones de pesos en publicidad oficial. La ausencia de toda pauta objetiva en
el reparto hace que ciertos medios con una línea editorial condescendiente sean
beneficiados, en una relación de 200 a 1, respecto de medios
independientes.
De acuerdo a los
datos consignados en el presupuesto oficial, los argentinos dedicaremos este año
4.800 millones de pesos para financiar aquello que, según la Corte, atenta
contra la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación. Ese monto
está destinado, básicamente, al mantenimiento de la red de medios públicos
transformados en usinas oficialistas, a la distribución arbitraria de
publicidad, a solventar los gastos del programa Fútbol para Todos empleado con
fines proselitistas y al funcionamiento de la Afsca, el órgano que debería
aplicar la ley de medios de manera equitativa e independiente del gobierno con
el que coordina sus acciones.
En uno de sus
discursos de febrero pasado, la presidenta Cristina Kirchner afirmó que se veía
obligada a hablar por cadena nacional hasta encontrar "algún juez o alguna Corte
que también torne obligatorio que se sepan los actos de Gobierno, en qué se
invierten los recursos del pueblo, qué cosas hacen sus gobernantes". Más allá de
que dicho requerimiento constituiría un caso de censura previa, los medios
independientes dan sobradas muestras de cubrir con amplitud los actos y
expresiones oficiales, incluso cuando éstas configuran un ataque a esos mismos
medios.
En abierta
contradicción con el reclamo presidencial, los organismos estatales siguen
siendo renuentes a brindar datos centrales sobre la gestión. En los últimos
días, la Corte Suprema ha vuelto a reclamar la necesidad de una ley nacional que
garantice el libre acceso a la información pública.
En este contexto,
a lo largo de 2013 se registraron alrededor de doscientos casos de ataques a
periodistas y medios. En los últimos seis meses, condenamos públicamente los
atropellos sufridos, entre otros, por los periodistas de Ecos Diarios de
Necochea, los directivos de Actualidad de Mercedes, el conductor de ADN de
Córdoba, el editor de Ultima Hora de Santiago del Estero, el equipo periodístico
de TN agredido por allegados al titular de la Afip, o la sugestiva inspección de
funcionarios de ese organismo en el domicilio de Magdalena Ruiz
Guiñazú.
La sociedad
argentina está gravemente afectada por la inseguridad. Una de sus facetas más
sombrías la ofrece el narcotráfico, flagelo que se extiende rápidamente en un
país que presenta un terreno fértil para su desarrollo. En los últimos meses
hubo amenazas de integrantes de una banda de narcotraficantes a periodistas de
El Sol de Mendoza. Por otro lado, el director de Síntesis de San Lorenzo, Santa
Fe, sufrió un ataque con una bomba molotov arrojada en su domicilio, hecho
aparentemente relacionado con el narcotráfico, según se desprende de la denuncia
del editor del medio. Este alarmante contexto que afecta a los argentinos en
general, y a los periodistas en particular, llevó a Adepa a impulsar una campaña
de recolección de firmas dirigidas a funcionarios públicos para modificar este
estado de cosas.
La publicidad de
los actos de gobierno, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión
de los gobernantes, son requisitos ineludibles de todo régimen republicano. Este
carácter se ve socavado cuando la pauta oficial y los medios públicos no son
empleados para comunicar la gestión del Estado sino para hacer proselitismo o
para intentar acallar voces críticas. Asimismo, cuando el uso de los recursos
públicos llega tarde, de manera parcial y maquillado detrás de presupuestos
falaces, o cuando se presiona a los anunciantes privados para ahogar
financieramente a los medios independientes. También, cuando los proyectos de
acceso a la información pública son desechados por los bloques legislativos
mayoritarios y cuando los medios que pretenden reflejar qué hacen los
funcionarios con los recursos de todos son atacados de manera
sistemática.
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