jueves, 20 de diciembre de 2012

| Luego de que el juez Alfonso admitiera con efecto suspensivo la apelación de Clarín por la Ley de Medios

El gobierno envió el per saltum y la Corte debe decir si lo acepta

Por segunda vez, el Poder Ejecutivo solicitó un salto de instancia. Consideró que hay "gravedad institucional" por la nueva prórroga de la cautelar en favor del multimedios.

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El gobierno nacional finalmente presentó ayer el pedido de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que el máximo tribunal le dé un tratamiento "inmediato y definitivo" al planteo de inconstitucionalidad contra la Ley de Medios formulado por el Grupo Clarín.
Tal como había adelantado Tiempo Argentino, la decisión del Ejecutivo se basó en el escenario de "gravedad institucional" que implicaba que la norma haya vuelto a quedar suspendida gracias a la vigencia de la medida cautelar que de nuevo impidió su plena aplicación, luego de la apelación del multimedios.
El expediente con los fundamentos del recurso comenzó inmediatamente a circular entre los ministros que mantuvieron reuniones para analizarlo hasta entrada la noche. Aunque evitaron pronunciarse aún, el camino elegido por el Ejecutivo para evitar la instancia de la cuestionada Cámara Civil y Comercial no será sencillo. La mayoría de los Supremos se inclinaba anoche por su rechazo in limine, a partir del argumento de que el fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso había sido favorable a la constitucionalidad de la norma, por lo que el motivo técnico para apelar esa sentencia se veía debilitado.
El escrito, firmado por el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, y patrocinado por la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, ingresó por Mesa de Entradas pasado el mediodía, luego de una conferencia de prensa en la que el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció su presentación. En el documento de 38 páginas, el gobierno explicó que su segundo pedido de per saltum se justificaba en el primer punto de la sentencia de Alfonso. Si bien el magistrado avaló la constitucionalidad de la Ley de Medios, también aceptó la legitimación de Clarín para actuar en la causa, algo que el gobierno había objetado en su presentación porque argumentó que el grupo "no es titular de ninguna licencia de radiodifusión, de ninguna señal de radiodifusión, y tampoco es accionista o socio de compañías que sean titulares de licencias; por lo tanto está utilizando empresas cuyos titulares son otras personas". El holding calificó de "disparate" la acusación y cargó contra el funcionario.
La justificación del salto de instancia también estuvo enfocada en los tiempos procesales que implicaría una demora en la Cámara y en las consecuencias de no volver operativa la ley, mediante medidas cautelares que impiden incluso el avance de oficio de la AFSCA. "En el caso existe gravedad institucional toda vez que la cuestión sometida a juicio excede el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el interés general o público, que por su trascendencia compromete las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno, los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales", afirmó el Ejecutivo en su escrito, donde también dedicó párrafos a cuestionar la "objetividad e imparcialidad" de la Sala I de la Cámara.
Alak dijo esperar que este recurso "permita a la brevedad a la Corte abocarse al tema y darle una resolución definitiva", e insistió en que "esta ley respeta absolutamente la libertad de expresión" y "las garantías constitucionales de derecho de propiedad".
Además, indicó que el nuevo pedido "se acumula al recurso extraordinario que presentara el Poder Ejecutivo días atrás en contra de una resolución de la Cámara Civil y Comercial que había dispuesto, en contra de lo que dijo la Corte, un nuevo alargamiento de la cautelar que favorece a Clarín". Más allá del destino del per saltum, la Corte sí tendría que analizar este recurso que ya generó opiniones dispares entre sus miembros, en ocasión de rechazar el primer pedido de salto.
Fuentes judiciales especularon con que se pueda convocar a una acordada extraordinaria entre los integrantes de la Corte para decidir los pasos a seguir, ya que la última reunión del año está prevista recién al día siguiente de Navidad. «

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