Con el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial
Federal que extendió la cautelar a favor del Grupo Clarín SA, el que está en
problemas no es el gobierno de Cristina Kirchner, que esperó tres años para
aplicar la Ley de Medios de modo integral y puede hacerlo unos días más. La que
quedó entre la espada y la pared, en realidad, es la Corte Suprema de Justicia,
la más prestigiosa desde la vuelta de la democracia, después de las vergonzosas
integraciones del pasado. El ala reaccionaria y antikirchnerista del Poder
Judicial la quiere usar para generar una grave crisis institucional, una
verdadera colisión de poderes, comienzo de "la guerra nuclear" que plantean los
grupos corporativos antigubernamentales, sean estos políticos, empresariales o
sindicales. El dilema que enfrentan los jueces supremos ahora no es menor: su
estructura subordinada les tendió una trampa, una operación de alto vuelo. No se
trata de la inexistente coerción del Ejecutivo, como agitan Clarín y La Nación
desde sus páginas amenazantes. Hay un tribunal inferior que desconoció lo
resuelto por el máximo tribunal en dos resoluciones, la de mayo y la de
noviembre último, que sostenía el fin de las cautelares contra la Ley de Medios.
Los camaristas fallaron como Clarín quería que lo hicieran, en contra de lo
dispuesto por los supremos. Esta es la verdad. No hay argumento republicanista
que pueda ocultar lo obvio a los ojos de millones de argentinos. El daño a la
imagen de independencia que construyó Ricardo Lorenzetti es evidente: un poder
autónomo de la política no puede serlo menos de los grupos económicos.
Lorenzetti sabe mejor que nadie –por eso mismo llegó a titular de la Corte,
cargo en el que fue recientemente reelecto– que el país real es mucho más grande
y complejo del que aparece escrito en las cartas de lectores del diario La
Nación.
Resuelva como resuelva el juez de primera instancia Horacio
Alfonso sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad o no de los
artículos 161 y 45, apelaciones o per saltum mediantes, la brasa caliente
llegará finalmente a manos de la Corte. El trámite, eso está claro, habrá sido
irreprochable, dentro de los límites de un poder conservador. ¿Podría haberse
solucionado en instancias inferiores? No. Teniendo a Clarín SA con 65 abogados
litigando era un escenario irreal. Además, siendo pragmáticos en el análisis, la
única manera que tenían los jueces supremos de llegar al pleito con alguna
libertad de movimiento, era viendo hasta qué punto sus miembros inferiores
podían quemarse en defensa del Grupo Clarín SA. Si había sospechas sobre el
grado de colonización corporativa del fuero Civil y Comercial Federal, estas se
terminaron confirmando en las últimas semanas. En su fallo, el juez Francisco de
las Carreras dijo que actuaba con libertad de conciencia y sin presiones, con lo
que de manera elíptica admitió los viajes a Miami, con estadía y pasajes pagos
por Cablevisión. Si no fuera así, ¿por qué habría de aclararlo? No importa, De
las Carreras ya cumplió con lo suyo. Fue una semana vergonzosa. El trabajo duro,
de cara a la sociedad, lo hizo el kirchnerismo: denunció las maniobras en el
Consejo de la Magistratura, la lotería para designar jueces jubilados, la
connivencia de los magistrados y familiares con la empresa de Héctor Magnetto.
Todo quedó a la luz. Julio Alak anticipó lo central del fallo de los camaristas
en conferencia de prensa. Aunque los modales elegidos por el oficialismo hayan
sido de disgusto de la Corte, sus integrantes conocen mejor que nadie que todo
esto es cierto, y por cierto, indefendible. La imagen del Poder Judicial quedó
dañada no por culpa del ministro que, al fin y al cabo, hace su trabajo. Fueron
los camaristas y el ala reaccionaria de la magistratura los que terminaron
poniendo a los jueces supremos en la difícil misión del equilibrio para la
gobernabilidad del país, después de tres años en los que dos poderes del Estado
no logran hacerle cumplir la ley a un grupo económico.
Cierto sector del kirchnerismo descree de la capacidad de la
Corte para enderezar las cosas. Es el mismo que resume todo el articulado de la
Ley de Medios, de riquísima factura para comenzar a democratizar la palabra y
pluralizar las voces ya mismo, en la pelea contra el Grupo Clarín SA, al que no
le importa que 19 grupos hayan presentado los papeles para adecuarse; 19 y
medio, en realidad, porque David Martínez, socio de Magnetto en Cablevisión, se
presentó ante la AFSCA para expresar su voluntad de cumplir con la ley. Pero
para este sector del kirchnerismo, que sólo confirma sus certezas cuando algo
sale mal o muy mal, el fallo de la Sala I fue como una derrota predestinada. Si
se sabía de antemano por imaginable, ¿por qué la decepción? Son los mismos que
vieron en la declaración de un grupo de jueces, el mismo día que fallaron los
camaristas, no sólo una declaración de guerra, sino el resultado adverso y
definitivo de la guerra. Hilando fino, hay algo que el kirchnerismo no puede
omitir en sus análisis sobre la relación con el Poder Judicial: ni en el fallo
de los camaristas, ni en el bando de los magistrados se cuestiona la Ley de
Medios. Es más, los jueces pidieron la aplicación de la misma para acceder con
sus opiniones a canales y radios, respaldando su vigencia. La ley existe. Está
viva. Ni la Corte en su resolución de mayo, ni los camaristas pro-Clarín en su
fallo del 7D, ni la magistratura más conservadora pueden sostener hoy lo que se
decía hace tres años como verdad absoluta: que la ley era nula de toda nulidad
porque venía a restringir la libertad de expresión. Hoy se sabe que, a lo sumo,
afecta patrimonialmente al Grupo Clarín SA, que no quiere perder plata. Esa
batalla simbólica por el sentido democratizador de la ley ya está
ganada.
Por supuesto, no hay que quitarle dramatismo a la encrucijada.
Una corporación desafía a la democracia. No quiere acatar la ley. Pretende
incendiar el país antes que ceder. Cuenta con apoyo internacional (de la SIP y
otras cámaras patronales), los grupos políticos minoritarios locales
antikirchneristas y un sector del Poder Judicial que hace lo que ella pide. Hace
falta más que templanza para resolver el problema. Hace falta, en realidad,
tener fe en que 29 años de proceso democrático no pasaron en vano. Si se pudo
encausar al Ejército, a la Iglesia, y hasta la derecha dura participa en
elecciones, pensar que un oligopolio, en la casi soledad de su cima, puede
derrotar a un gobierno elegido por millones de argentinos, es ignorar todo lo
que avanzamos como sociedad.
El nuevo orden genera resistencia entre los privilegiados del
viejo orden.
Vaya novedad.
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