la presidenta debe resolver la nueva objeción al funcionario

Sabbatella rechazó por "absurda" nueva maniobra de Clarín

El titular de la AFSCA elevó al Poder Ejecutivo su descargo a la recusación presentada por el multimedios. Advirtió que su objetivo es la plena aplicación de la Ley de Medios. Ejes de la argumentación.

Por:

Felipe Yapur

El presidente de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, rechazó la recusación presentada contra su persona por el Grupo Clarín. El funcionario elevó su descargo al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y consideró la maniobra del monopolio como "absurda", plagada de "consideraciones subjetivas" que se utilizan para "recusar a los funcionarios que defienden la aplicación de la ley" y cuyo único objetivo es "dilatar el cumplimiento de una ley constitucional y legítima". Ahora se espera que la presidenta Cristina Kirchner resuelva esta estratagema que urdió el grupo mediático que se niega a cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

La respuesta de Sabbatella, entregada el viernes a última hora en la Casa Rosada, corresponde a la presentación realizada por otra de las abogadas de Clarín que entregó en la AFSCA el 4 de enero último. El procedimiento administrativo indica que debe hacerlo ante el superior jerárquico y la institución depende directamente de Presidencia. Por eso, ahora se debe esperar la palabra presidencial que, se descarta, respaldará lo actuado por Sabbatella. Formalmente, mientras se aguarda la definición del proceso de recusación, el funcionario no debería tomar ninguna decisión que incluya a Clarín. Cualquier acción en ese sentido es, sin embargo, inviable hoy, porque rige la cautelar que mantuvo la tan amigable Cámara Civil y Comercial. Amigable de Clarín, se entiende.

En el escrito, que consta de ocho fojas, Sabbatella niega todos los argumentos que esgrimió el grupo mediático. Rechaza la existencia de "enemistad manifiesta", niega "parcialidad" y tampoco que el "procedimiento resulte violatorio de la garantía constitucional del debido proceso y de la defensa en juicio".

Tanto para el gobierno como para los integrantes de la AFSCA, la conducta de Clarín responde al objetivo de acumular supuestos antecedentes que le permitan continuar litigando en los juzgados que le son afines. De hecho, en su presentación, el monopolio cita la demanda penal que había realizado contra funcionarios –entre los que se encuentra Sabbatella– y periodistas. Lo hace sin importar que esa denuncia ya fuera desestimada por fiscal y juez actuante. En su descargo, Sabbatella advirte: "parecen tan sólo instrumentos espurios concebidos con la sola finalidad de apartarme de los expedientes en los que haré cumplir la ley que hace más de tres años votaron los representantes del pueblo de la Nación".

En otro punto de la respuesta, el funcionario rechaza el hecho de que su pertenencia política, esto es a Nuevo Encuentro y también al gobierno, se convierta en un elemento para ser recusado. "Es absurdo y preocupante", afirma Sabbatella. Y agrega que sólo sería "inhabilitante de una función como la que ejerzo" el haber tenido o tener relaciones con sectores o personas que hubiera "usurpado el poder y asesinado a compatriotas, haciendo de los delitos de lesa humanidad un modus operandi para enriquecerse y/o imponer una política económica determinada".

Por otra parte y, si bien no lo dice Sabbatella en su descargo, no poner en funcionamiento la AFSCA para hacer cumplir la ley lo haría caer en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El problema, y allí reside lo imperdonable para Clarín, es que el día que la ley estuvo habilitada en todo su articulado, el dirigente de Nuevo Encuentro tuvo la osadía de haberse presentado en las oficinas del Grupo para notificarles que había comenzado el procedimiento de adecuación de oficio. Lo hizo, además, porque el Grupo Clarín fue el único de los licenciatarios que no se adhirió a la adecuación voluntaria, algo que quedó asentado en un comunicado institucional donde afirmó que no iba a respetar las disposiciones de la Ley 26.522 o LSCA.

Sabbatella afirma que el escrito presentado por Clarín se destaca por "la debilidad formal, probatoria y la impertinencia absoluta de la denuncia que se invoca como causal de recusación" y que confirma la estrategia de dilatar el cumplimiento de una ley constitucional y legítima.

En su descargo destaca también la inexistencia de un plan para "dominar la prensa libre" y lo refiere a las consideraciones que "ya fueron descartadas de plano por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo del 22 de mayo de 2012". Por otra parte, niega de manera rotunda la acusación de que su desempeño lo asimila a la función de "juez y parte" porque, sostiene, el procedimiento de oficio en nada se parece a un "proceso contradictorio donde dos partes se someten a la jurisdicción de un juez (o funcionario) imparcial que resuelve"; sino más bien se trata de un procedimiento administrativo donde la AFSCA ejecuta la norma a través de un reglamento. Es verdad que esas decisiones pueden ser cuestionadas judicialmente y, sobre el particular, Clarín ha dado muestra de que conoce más que bien esa instancia. «