Lucha contra el narcotráfico: ocho de cada diez desaprueban las acciones que toma el Gobierno
La penetración del narcotráfico se ganó un lugar entre las preocupaciones de los argentinos a fuerza de delitos ycrímenes. Casos ligados a ese flagelo, sumados a grandes decomisos o detenciones, acapararon más y más lugar en la prensa en el último tiempo. Pero fue el ataque a la residencia del gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, lo que encendió las alarmas. Un duro documento de la Iglesia y el llamado de atención de la Corte Suprema al Gobierno terminaron de instalar el tema en la agenda pública.
El tráfico de drogas y los negocios que se tejen alrededor constituyen hoy un "problema grave" para la sociedad. Al menos así lo entiende el 66,7% de los ciudadanos consultados en una encuesta de Raúl Aragón y Asociados. Apenas tres de cada diez piensan lo contrario.
El estudio pone de relieve la escasa aprobación que reciben las políticas oficiales para enfrentar el problema. Sólo el 10% cree que la lucha que lleva adelante el Gobierno es satisfactoria, mientras que el 83,45% la desaprueba (56% la evalúa como mala o muy mala). "Esto señala un gran descontento, un gran descuido, al menos en la consideración del público de la problemática", subrayó el analista en diálogo con Infobae.
El sondeo, realizado sobre un universo de 700 personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, indagó sobre las opiniones en cuanto a dos medidas que han estado en debate en los últimos días para hacer frente al tráfico: la ley de derribo y el endurecimiento de penas contra quienes incurran en ese delito.
Una normativa que habilite medidas de fuerza contra una nave sospechosa que se rehúse a responder los llamados de las fuerzas de seguridad es reclamada desde distintos partidos opositores y cuenta incluso con el aval de dirigentes oficialistas. Al respecto, un 52% se mostró a favor, mientras que el 37% la rechazó. En cuanto a las penas, la respuesta fue contundente: el 83% se inclinó por la cadena perpetua contra los narcotraficantes.
Cómplices
"Es imposible que estas bandas se expandan y se instalen sin el visto bueno, sea por coima o por extorsión, de algunos funcionarios", apuntó días atrás el obispo y titular de la Pastoral Social, Jorge Lozano. La premisa fue compartida de inmediato por políticos y expertos. Y el estudio de Aragón y Asociados mostró que la sociedad está en línea con ese pensamiento.
Tres cuartas partes de los consultados consideraron que no es posible la instalación del narcotráfico en el país sin un acuerdo con las autoridades. No obstante, hubo diferencias en cuanto al grado de percepción de una presunta connivencia de acuerdo a cada sector: más del 90% opinó que la policía es cómplice de alguna manera; el 86,7% juzgó lo mismo de la política y 83,19 de la Justicia.
"Hay una sensación de desprotección, porque son justamente los poderes que deberían protegernos del narcotráfico los que en el imaginario están en connivencia con este modo delictivo", advirtió Aragón.
La respuesta oficial
El exhorto que hizo la Corte Suprema al Gobierno a tomar "medidas urgentes" ante el crecimiento del flagelo obligó a la Casa Rosada a dar respuestas. Con la presidente Cristina Kirchner todavía en reposo por recomendación médica, fueron los miembros del gabinete los que pusieron la cara. Y lo hicieron con matices marcados.
"La respuesta fue, como mínimo, ambigua". Así se refirió el encuestador a la reacción oficial. Es que mientras que el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, admitió que "quizás las medidas no alcanzan", algunos de sus pares defendieron las políticas oficiales y cargaron contra los jueces.
Salvo la reciente adquisición de escáneres para reforzar el control de las fronteras por parte de la AFIP, no se conoció por estos días una medida concreta para mejorar el combate. Mientras algunos dirigentes se empeñaron en destacar una y otra vez las cantidades importantes de droga decomisada, el director de Migraciones, Martín Arias Duval, marcó la diferencia al declararse partidario de crear "una agencia como la DEA" norteamericana.
En cualquier caso, "las respuestas han sido en su mayoría negadoras", dijo Aragón. "Parecería que el Gobierno tiende a soslayar la problemática", concluyó.
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