el juez rechazó un planteo por "poco serio"
Papel Prensa: revés para el Grupo Clarín
Los abogados de Herrera de Noble, Magnetto y Mitre pretendían apartar al Tribunal de Tasación. Se suman dos peritos de la Corte.
El juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de "reposición" del Tribunal de Tasación de la Nación, planteado por la defensa de Ernestina Herrera de Noble y avalado por los representantes legales de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, acusados por el Estado nacional de haber cometido presuntos delitos de lesa humanidad en la apropiación de Papel Prensa en 1976.
Gabriel Cavallo, defensor de la dueña del diario Clarín, argumentó que los miembros del tribunal no debían actuar en la causa donde se investiga el traspaso de acciones "a precio vil". Según afirmó, "carecían de imparcialidad", ya que ese órgano depende del Poder Ejecutivo, cuyas autoridades, escribió el defensor, "llevan adelante una campaña de desprestigio contra quienes dirigen por el capital privado Papel Prensa". Con esa excusa, propuso a los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su resolución, Ercolini sostuvo que "la impugnación deducida deviene improcedente ya que no se advierte un fundamente serio, el hecho de ser el Tribunal de Tasaciones de la Nación un órgano autárquico cuyos integrantes solo pueden ser removidos en caso de inconducta, no denota a priori parcialidad alguna que pueda afectar su labor, todo lo cual demuestra que la sospecha de parcialidad no reviste seriedad".
Sin embargo, el juez ordenó "incorporar a dos profesionales del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al estudio pericial encomendado para que en forma articulada con el resto de los profesionales (son cinco funcionarios, dos de ellos provienen del sector privado) de los respectivos organismos efectúe la diligencia ordenada".
La pericia propuesta es de extrema complejidad y podría tardar meses en realizarse. Los contadores deberán resolver sobre una cuestión económica, cuando en realidad el Estado demandó a Herrera de Noble, Magnetto y Mitre por un delito imprescriptible, el de lesa humanidad, cometido en el marco de una dictadura genocida que acosó, secuestró, torturó y mantuvo presa durante seis años a Lidia Papaleo –querellante en la causa–, cuyas denuncias están documentadas en el expediente. El caso es dilatado hace más de tres años por las chicanas jurídicas de la defensa de los imputados y un sector del Poder Judicial que los apaña y convalida. De lo contrario, no se comprende por qué razón no llaman a declaración indagatoria a Magnetto.
En otra medida que podría interpretarse como dilatoria porque sólo busca complicar la actuación de los abogados querellantes, resguardando los derechos de defensa de los acusados y debilitando a las víctimas, en ocho carillas, el magistrado resolvió que "todos los querellantes deberán actuar bajo una representación y, en consecuencia, intimarlos para que, dentro del quinto día hábil de notificados, hagan reconocer los nombres de los abogados que los representarán".
Si bien es habitual que algunos jueces dispongan unificar la querella, la decisión de Ercolini va de la mano de los intereses de Clarín. Los abogados de Herrera De Noble argumentaron que "el incidente acarrea consecuencias en el derecho de los imputados de defensa en juicio, lo que se conoce como 'principio de armas', toda vez que no sólo tendrían que enfrentarse al Ministerio Público sino a tres querellas".
Está claro que la balanza de la justicia lleva siempre cierto peso. «
Gabriel Cavallo, defensor de la dueña del diario Clarín, argumentó que los miembros del tribunal no debían actuar en la causa donde se investiga el traspaso de acciones "a precio vil". Según afirmó, "carecían de imparcialidad", ya que ese órgano depende del Poder Ejecutivo, cuyas autoridades, escribió el defensor, "llevan adelante una campaña de desprestigio contra quienes dirigen por el capital privado Papel Prensa". Con esa excusa, propuso a los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su resolución, Ercolini sostuvo que "la impugnación deducida deviene improcedente ya que no se advierte un fundamente serio, el hecho de ser el Tribunal de Tasaciones de la Nación un órgano autárquico cuyos integrantes solo pueden ser removidos en caso de inconducta, no denota a priori parcialidad alguna que pueda afectar su labor, todo lo cual demuestra que la sospecha de parcialidad no reviste seriedad".
Sin embargo, el juez ordenó "incorporar a dos profesionales del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al estudio pericial encomendado para que en forma articulada con el resto de los profesionales (son cinco funcionarios, dos de ellos provienen del sector privado) de los respectivos organismos efectúe la diligencia ordenada".
La pericia propuesta es de extrema complejidad y podría tardar meses en realizarse. Los contadores deberán resolver sobre una cuestión económica, cuando en realidad el Estado demandó a Herrera de Noble, Magnetto y Mitre por un delito imprescriptible, el de lesa humanidad, cometido en el marco de una dictadura genocida que acosó, secuestró, torturó y mantuvo presa durante seis años a Lidia Papaleo –querellante en la causa–, cuyas denuncias están documentadas en el expediente. El caso es dilatado hace más de tres años por las chicanas jurídicas de la defensa de los imputados y un sector del Poder Judicial que los apaña y convalida. De lo contrario, no se comprende por qué razón no llaman a declaración indagatoria a Magnetto.
En otra medida que podría interpretarse como dilatoria porque sólo busca complicar la actuación de los abogados querellantes, resguardando los derechos de defensa de los acusados y debilitando a las víctimas, en ocho carillas, el magistrado resolvió que "todos los querellantes deberán actuar bajo una representación y, en consecuencia, intimarlos para que, dentro del quinto día hábil de notificados, hagan reconocer los nombres de los abogados que los representarán".
Si bien es habitual que algunos jueces dispongan unificar la querella, la decisión de Ercolini va de la mano de los intereses de Clarín. Los abogados de Herrera De Noble argumentaron que "el incidente acarrea consecuencias en el derecho de los imputados de defensa en juicio, lo que se conoce como 'principio de armas', toda vez que no sólo tendrían que enfrentarse al Ministerio Público sino a tres querellas".
Está claro que la balanza de la justicia lleva siempre cierto peso. «
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