La de AT&T es una historia para repasar de cara a la plena
vigencia de la Ley de Medios de la democracia. La historia es simple y
ejemplar.
La creación de la Bell Telephone Company fue producto de un
acuerdo entre Alexander Graham Bell y sus inversores, Gardiner Hubbard y Thomas
Sanders. El nombre cambió varias veces y en 1880 fue American Bell Telephone
Company. Al año siguiente compró parte de Western Union y aunque la patente de
Bell venció en 1894, la compañía pudo controlar a la competencia por medio de
demandas y corte de precios. El 30 de diciembre de 1899, la American Telephone
and Telegraph Corporation adquirió los activos de American Bell y creó el
monopolio telefónico en los Estados Unidos, conocido como "Sistema Bell", ya que
Bell era dueño de otras compañías a las que les había entregado licencias para
producir los equipos telefónicos. En el 1900, la AT&T lanzó el rumor de que
la compañía no se encontraba en buen estado, ergo, las empresas subsidiarias
vendieron sus acciones a un precio más barato. ¿Quién las compró? AT&T,
compañía que rápidamente se convirtió en el proveedor principal de servicios
telefónicos. La historia avanzó cuando la compañía propuso un monopolio formal
que el gobierno de los Estados Unidos aceptó, lo que se conoce como el
Compromiso Kingsbury. Así, hasta 1982, el monopolio telefónico fue total a lo
largo y a lo ancho de los Estados Unidos. Ese año, la resolución de una demanda
antimonopólica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo que la
AT&T se separara de las operadoras locales. Dos años más tarde nacieron
siete empresas independientes a las que llamaron "Baby Bells" y el valor de
AT&T disminuyó en un 70 por ciento.
Si la verdad se ajusta a las palabras de Arturo Jauretche:
"libertad de los intereses antinacionales y antipopulares, para impedir que lo
nacional y popular tenga medios de expresión. Esto es lo que se llama aquí
'libertad de prensa'", entonces algo similar a lo que ocurrió con AT&T
debería pasar con la empresa Cablevisión, al momento de adecuarse a la Ley de
Servicios de la Comunicación Audiovisual. Carlos Moltini, gerente general de esa
empresa que pertenece al Grupo Clarín, parece estar en desacuerdo, pero también,
según confesó, "preocupado". Así lo manifestó en las Jornadas Internacionales de
Televisión por Cable, realizadas esta semana. "Tenemos plan A, plan Z y plan Z
68. Estamos convencidos de que el sistema jurídico es muy sólido a favor
nuestro. Lo que busca el gobierno es tratar de generar mediáticamente lo que
jurídicamente no es. Le hace creer a un montón de gente que la ley es para
garantizar multiplicidad de voces... pero también dice que con seis pesos se
puede comer", señaló Moltini.
Veamos e imaginemos cuántas "Baby cables" podrían surgir a
partir del 7D.
Según el ítem "Nuestra historia" en la página web de
Cablevisión, la empresa "es controlada por capitales argentinos, cuyos
accionistas son el Grupo Clarín, con una participación del 60%, y Fintech Media
LLC, con el restante 40% de la compañía. Inició sus operaciones en 1981,
ofreciendo servicio de tevé paga en la localidad de La Lucila. Continuó un
proceso de expansión territorial. En 1997 nace Fibertel y se convierte en la
primera empresa de Argentina en ofrecer en forma masiva la tecnología
CableMódem. En 2006 se fusiona junto a Multicanal e integran la primera red
nacional de video y banda ancha. Hoy Cablevisión cuenta con más de 3,3 millones
de clientes distribuidos en la Argentina, Uruguay y Paraguay. En nuestro país
está presente en 96 ciudades y en 12 provincias (Buenos Aires, La Pampa, Santa
Fe, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco,
Formosa y Salta). Posee más de un millón de clientes entre la Argentina y
Paraguay. Tiene operaciones en 65 ciudades del interior, diez provincias (Buenos
Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Neuquén,
Formosa, Misiones) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."
En efecto, alguna de las empresas de cable adquiridas por
Cablevisión son:
–Oeste Cable Color (operador de los partidos de Morón,
Moreno, San Martín, Tres de Febrero, Almirante Brown y La Matanza).
–Televisora Belgrano (Berazategui, Avellaneda y Quilmes).
–Cable Río de
los Deltas (Tigre y San Fernando).
–Mandeville Argentina SA (provincia de
Buenos Aires y norte argentino).
–El 50% de UIH Bahía Blanca.
–UIH Santa
Fe.
–El 70% de Televisora La Plata.
–El 50% de VCC SA (nuevas zonas de
Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Berisso, Ensenada y las provincias
de Córdoba y Santa Fe).
Luego de la fusión con la empresa Multicanal, en 2006, incluyó a
los proveedores de Internet Fibertel, Flash, Ciudad Internet y Fullzero, y los
operadores de cable Teledigital y Primera Red Interactiva de Medios Argentina
(Prima), además de absorber Delta Cable SA, Holding Teledigital Cable SA,
Teledigital Cable SA, Pampa TV SA, Construred SA, Cablepost SA y Televisora La
Plata SA.
En el caso de Fibertel, prima un carnaval de medidas cautelares.
Esa es la razón por la que la empresa sigue en funciones. En ese sentido, la
captación de nuevos clientes responde a los ejércitos de abogados que tiene la
empresa dispuestos a defender a capa y espada, no a los clientes, sino a esa
compañía capaz de quebrantar la ley. Entonces, si el 1% de los consumidores
cambia mes a mes de proveedor, si hubiese estado vigente el impedimento de
captar clientes, el porcentaje hubiera crecido al 36. O sea que quien se hubiera
ido de Fibertel no habría podido volver, ya que la licencia estaba
vencida.
Cablevisión deberá ser sujeto, entonces, de una expresión
igualmente drástica que la que en los Estados Unidos dividió a AT&T en las
siete "Baby Bells". Parece absurdo que en la Argentina existan tantos grupos con
posición dominante que no se ajusten a derecho. Y es el monopolio de Magnetto el
que más recursos de amparo ha presentado en la justicia para no cumplir con la
cláusula de desinversión que fue aprobada por el Congreso de la Nación. La
reforma constitucional de 1994, realizada con el único objetivo de permitirle la
reelección al entonces presidente Carlos Menem, dejó una serie de graves errores
jurídicos, aprovechados hoy por los abogados de los grandes monopolios para
entorpecer la aplicación de las leyes ya sancionadas. Bajo el imperio de ese
modelo, la libre competencia es la gran perdedora. Las actividades con que las
empresas tratan de rivalizar con sus competidores dejan de ser
competitivas.
Decía en mi artículo "Justicia cautelar… y monopólica" de
febrero de este año: "La Comisión Europea condenó a Microsoft, en 2004, a pagar
una multa récord de 497 millones de euros por abuso de posición dominante en el
mercado de los sistemas operativos, teniendo en cuenta que su producto estrella
Windows equipaba al 95% de las computadoras del mundo. La comisión había juzgado
que el gigante informático se había servido de su accionar monopólico para
aniquilar a la competencia y lo obligó a comercializar una versión de Windows
que no tuviese integrado el programa de lectura de videos y audio Media Player.
También le exigió que divulgara a sus competidores la documentación técnica
necesaria para la elaboración de programas compatibles con Windows. Luego de ese
fallo hubo apelaciones al Tribunal de Luxemburgo y negociaciones entre las
partes, pero en última instancia con beneficios para los consumidores y apertura
de la competencia."
Es claro. El problema no es económico en la Argentina. Los más
grandes no quieren perder ni un centímetro. Y los más chicos necesitan ese
centímetro para sobrevivir.
Para ajustarse a derecho no hacen falta planes de A a Z, sino
simplemente actuar de acuerdo a lo que dictamina la ley. Salvo que haya cosas
por encubrir.
A casi 30 años de haber recuperado la democracia, es necesario
defenderla en todo sentido.
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