ECI | Especial Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

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Comunicación Social Escuela de Ciencias de la Información Universidad Nacional de Córdoba Especial Ley de SCA Un día como hoy, tres años atrás, era sancionada y promulgada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522. Un nuevo marco regulatorio de las comunicaciones radiales y audiovisuales, que valora la comunicación participativa y democrática, promoviendo espacios para sectores históricamente relegados, y una garantía para la diversidad informativa. A fines de este año se espera la total adecuación de todos los sectores implicados a las normativas que dicta la ley. Mientras tanto, para refrescar los debates actuales les pedimos a actores de diferentes organizaciones que nos brinden su reflexión acerca de la importancia de la sanción de esta nueva ley de servicios de comunicación. Por una comunicación democrática Por Claudia Ardini, Directora de Ciencias de la Información. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina vino a transformar el paradigma de la libertad de expresión, por una concepción participativa, dialógica y plural: el derecho a la comunicación. Asistimos a un proceso de transformación heredado del liberalismo político de los ´90 donde se pretendía un Estado anémico por aquel miedo al intervencionismo aplastante. Ello configuró un escenario en donde un puñado de actores desencadenaron un tipo de libertad entendida como 'laissez – faire' (Albert, 1981) y convirtieron paulatinamente el mapa de medios de la Argentina, consagrando una concentración sin precedentes. Las grandes corporaciones mediáticas trabajan con una lógica de producción que entiende a los ciudadanos como consumidores de medios y a los periodistas como trabajadores de la prensa. Una praxis perversa y para los comunicadores no menos que injuriosa y alienante haciéndonos olvidar nuestra esencia: producir sentido para problematizar y transformar la realidad. A Rodolfo Walsh le bastaron cinco palabras para comprender que el periodismo no sólo debe vigilar el entorno como versan los viejos profetas funcionalistas. "Hay un fusilado que vive" le dijeron. El resultado fue Operación Masacre, obra maestra del periodismo y la literatura en la búsqueda de la justicia. La "Ley de Medios" nos desafía a trascender esta cadena productiva del liberalismo para adentrarnos en un contexto que demanda responsabilidad, democracia y pluralismo en la comunicación. Amplía la potestad a nuevos actores que descubren en la comunicación un medio para transformar la realidad. No se reemplaza el papel del periodista en la sociedad, una radio comunitaria no suplanta el informativo del mediodía, un sindicato no produce el magazine de la radio más escuchada del país. Las voces de nuevos actores se potencian y cada uno comunica desde su trayectoria histórica, sus construcciones simbólicas y sus intereses dialogando con diversos ciudadanos reconociendo sus diferencias y entramados culturales. La libertad de expresión se mantiene intacta y la ley de servicios de comunicación audiovisual se constituye como el marco normativo para asegurar el derecho a la comunicación. Por esta razón, reafirmamos que la Ley de Medios concibe a la comunicación como un derecho humano fundamental, garantiza la pluralidad de voces, la distribución equitativa de frecuencias, la diversidad de fuentes de información, promoción del trabajo y la producción local, con claros límites a la concentración monopólica y oligopólica. Desde la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC, como integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, entendemos que el Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol garantizando la diversidad cultural, el pluralismo y el protagonismo del pueblo. Hablamos de democratizar la cultura y la comunicación, y tenemos que llenar de contenido esas palabras. Preguntarnos quiénes son los sujetos protagonistas de esa democracia, qué lugar tienen en la cultura y qué contenidos se comunican. Hoy la lucha por la efectiva vigencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual es la lucha por restituir el lugar del protagonismo social cultural y político al pueblo. Alguien dijo alguna vez que no debiera haber ningún tema vinculado al interés de la nación que no pueda ser hablado en la mesa familiar de todos y cada uno de los argentinos. Esos temas deben entonces ocupar primero un lugar en el debate de los medios. Cuando se desvía el eje hacia cuestiones que son accesorias, a discusiones estériles, de esos temas trascendentes para la nación hablan y lo que es peor, deciden otros. El 7D, la bisagra hacia un nuevo mapa de medios Nahúm Mirad - Coordinador del programa Usina de Medios El próximo 7 de diciembre vence el plazo para la readecuación de las diferentes empresas mediáticas a los límites fijados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Específicamente, este elemento de la normativa es central para alcanzar los objetivos perseguidos por la misma: darle espacio a otras voces. Pero cuando decimos voces, no solo decimos voces. Decimos también oídos. Porque además de la libertad de expresión está en juego el Derecho a la información (consagrado por la Constitución argentina) y la posibilidad de que los ciudadanos de cada región puedan acceder a una comunicación que no contenga el "regionalismo impostado" (incluso con buenas intenciones) con que a veces se tiñe el "federalismo" de los medios de comunicación originado en las grandes urbes, especialmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablar "del interior" desde Buenos Aires no es federalismo, tampoco hablar del "interior" desde el "interior". Federalismo implica una industria de medios distribuida en todo el país, con la posibilidad de que las propias comunidades moldeen su identidad con su historia, su economía, su desarrollo y su relación con el todo nacional. En este momento, donde el escenario social creado y recreado por los medios (cualesquiera sea su soporte) ya no constituye un mero mecanismo de difusión, sino un verdadero sistema de relacionamiento absolutamente complementario y fusionado al de las interacciones interpersonales, la biodiversidad comunicacional toma un rol protagónico: genera ciudadanía garantizando de manera directa e indirecta derechos como el ya mencionado de la información, pero también el derecho a la cultura, a la educación, al entretenimiento, incluso a la salud y al trabajo. El sistema de medios no puede entenderse como pequeñas unidades aisladas, sino más bien como una inmensa red con diferentes puntos interaccionando, intercambiando diferentes tipos de recursos. Cuando algunos nodos, por diferentes razones, no permiten que otros puedan relacionarse y utilizar recursos, estamos ante una situación de restricción no sólo de el acceso, por ejemplo, a la renta publicitaria, al papel para periódicos, a la salida en una nota de interés regional o la presencia de una señal de interés público en una grilla de TV por cable, sino fundamentalmente del ejercicio de ciudadanía. Hablamos, así, de redes concentradas. Esa es la situación que hoy está en debate en nuestro país. Así las cosas, el conocido como 7D no sólo significa un límite legal y absolutamente legítimo a que la lógica empresaria concentrada sea la única matriz que ordene el sistema de medios, ese espacio de conformación de ciudadanía. "El sistema de medios es demasiado importante para dejárselo a los grupos concentrados", podríamos decir impostando la frase atribuida a Georges Clemenceau. La Ley de Servicios Audiovisuales prevé tres tipos de actores en el reparto de las licencias para ejercer la actividad audiovisual: El estado, las empresas comerciales y el sector sin fines de lucro. Parte de este último espacio es la economía solidaria argentina, compuesta por más de 20.000 cooperativas y mutuales que producen cerca del 10 por ciento del PBI e involucran a unas 14 millones de personas en todo el país. Este sector desarrolla servicios públicos en más de la mitad de los municipios de Argentina, es responsable del 45 por ciento de la producción láctea, del 97 por ciento de la electrificación rural, del 60 por ciento de la oferta de seguros, entre otros ítems de consideración. Las cooperativas y mutuales tienen la historia, la capacidad de gestión, la inserción territorial y el arraigo social y cultural, los recursos materiales y humanos y, fundamentalmente, la experiencia en las infotelecomunicaciones, como para constituirse en un vector que contribuya a redibujar el mapa del sistema de medios argentino. La integración e intercooperación, medulares en la economía solidaria, y las capacidades derivadas de ellas de agregar valor, conformar entramados organizativos sólidos donde conviven pequeñas unidades productivas (entre ellas pymes) y fuertes actores, con la titularidad de cientos de miles de mujeres y hombres que participan democráticamente, son clave para construir redes comunicativas fuertes y distribuidas en todo el territorio, ricas en capacidades y posibilidades, capaces de priorizar el concepto de Servicio Público. Creemos que esta perspectiva es una de las claves para transitar la brecha histórica abierta en el sistema de medios de nuestro país por la presencia de nuevos actores, las iniciativas gubernamentales en materia de infraestructura y legislativa, y las nuevas tecnologías. Poder para Poder Mario Farías - Integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) La Ley de Medios 26.522 significa y es una herramienta del pueblo para: - Poder decir - Poder hablar - Poder construir - Poder para distribuir la riqueza, para que sea disfrutada por tod@s y no por unos pocos - Poder para visibilizar la diversidad y el país multicolor - Poder para redistribuir las licencias y medios hoy concentradas en manos de los monopolios - Poder para escuchar, uno, dos, muchos relatos sociales - Poder para que las mayorías populares accedan a una vida digna - Poder para que los grupos económicos y factores de poder tengan menos poder - Poder popular - Poder para soñar - Poder para poder hacer el país de tod@s. Una ley para las palabras que nos habitan Judith Gerbaldo - Docente e investigadora de la ECI - UNC La ley habilita, posibilita, abre caminos. Antes la titularidad de las licencias estaba condicionada por la riqueza y el patrimonio, mientras que la nueva Ley somete dicha titularidad a criterios de idoneidad y trayectoria. Lo que sustrae a la palabra de su mercantilización y la ubica en un campo social poblado de voces, imágenes y acciones múltiples. Y allí no hay dispositivos k que funcionen. Entendemos que se propiciará un proceso de construcción de nuestra propia identidad como país, en torno a un horizonte común que apunte a democratizar la sociedad a partir de la democratización de la palabra. La ley impactará en la vida cotidiana en el sentido en que lo plantea AgnesHeller, contribuirá para que la ciudadanía crezca en su mirada crítica acerca del juego de los medios y los monopolios. ¿Cómo y de qué manera se construye el nosotros desde una comunicación inclusiva?¿Dónde y cómo buscar los espacios de lo colectivo? ¿De qué manera incide la nueva ley de medios en la construcción de nuestra identidad? Algunos indicios lo constituyen un marco regulatorio amplio, con reconocimiento de otros lugares de producción de sentidos y capacidad para regular otras modalidades de gestión de medios, ubica a la Ley como habilitadora de un nuevo sentido de lo común en materia de comunicación, por cuanto el escenario de la nueva ley nos exige recuperar el valor de la palabra pública, largamente privatizada. La aprobación de la Ley de SCA ha sido un gran avance, su incidencia en la estructura del sistema de medios es decisiva: el escenario que plantea no sólo supone la adecuación del sistema de medios privados, también renueva el sentido y características de los medios públicos y los de gestión social. Como parte del proceso, la discusión por la Ley puso en cuestión como nunca antes, el rol del periodismo y los intereses que representan los medios de comunicación; instaló una política cultural dialógica, como reconocimiento de que la cultura es una urdimbre de palabras y de voces, de identidades y visiones del mundo, con la mirada esperanzada en ese otro mundo posible que tenemos como horizonte. Luego de la sanción de la Ley 26.522, la más democrática de las últimas décadas, precedida por un debate casi inédito en la sociedad argentina (la Coalición por una Radiodifusión Democrática lanzó la propuesta de los 21 Puntos en el año 2004), sabíamos que los grupos mediáticos que controlan el 90% de la información y la comunicación en el país iban a recurrir a la justicia para impugnarla. Quizás no imaginamos en su magnitud, la presta y dócil respuesta de muchos jueces ante la presentación de medidas cautelares, favoreciendo de hecho la posición de los grupos concentrados. Mientras se dirimen en tribunales algunos artículos de la ley, y el país está en vilo a la espera del 7D , se debe avanzar en su efectiva implementación. Los cambios previstos la AFSCA – Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual -, en particular la designación de Martin Sabbatella, conlleva el anhelo que el organismo tenga una estructura organizativa, técnica y política acorde a las exigencias de la nueva ley, se designen las representaciones previstas en la misma como por ejemplo la figura del Defensor del Público, la promoción y estímulo de nuevos medios de gestión social, otorgando en los lugares donde sea posible, nuevas licencias de radio y TV, que se fomente la producción de contenidos locales y regionales y se continúe con el impulso a la producción audiovisual (algo impensado años atrás), destinar recursos a los medios comunitarios, alternativos y populares existentes para su fortalecimiento, acelerar la construcción de plantas de transmisión de TV digital en todo el país, apurando la entrega gratuita de miles de conversores para la recepción de TV digital, etc. Asi como en el plano de las carreras universitarias de comunicación del país, se espera la adecuación y/o cambio de planes de estudios para la formación de comunicadores capaces de hacer frente a los enormes desafíos que se avecinan. Porque sabemos que sin la definitiva democratización de la palabra, no será posible una más justa distribución de la riqueza. Democracia en octubre Alberto Calvo - Relaciones Institucionales de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión Limitada (COLSECOR) Si pensamos en un presente entre la memoria y las utopías puede inscribirse nuestro imaginario ciudadano en la temporalidad de octubre. Las referencias de valores simbólicos del registro histórico de este mes, nos instala en el haber, los derechos sociales y las libertades individuales en la conformación de la Nación. En octubre de 1860 se promulgó la Constitución Argentina de 1853. El 30 de octubre de 1983 es el "Día de la restauración de la democracia"; fecha histórica donde se realizan las elecciones de nuestros representantes legítimos, luego de la dictadura militar y las atrocidades cometidas por los genocidas. Es oportuno destacar que en la extensa territorialidad que tiene presencia el cooperativismo de servicios públicos, hubo una importante resistencia de nuestras entidades defendiendo una reserva de democracia en el marco de las arbitrariedades que imponían las juntas militares autoritarias. De la intolerancia y barbarie del autoritarismo fuimos víctimas con el silenciamiento de nuestras voces al no permitirnos ser actores de comunicación. Octubre trajo una reparación histórica al cooperativismo: la promulgación y sanción de la Ley de Servicios de Comunicacion Audiovisual el 10 de octubre de 2009. La dictadura no permitió la comunicación cooperativa. Durante 26 años la democracia sostuvo esta proscripción a la sociedad civil. Hoy como cooperativas, comunicamos. Tenemos derecho. Es Ley.