Gustavo Sobrero
“Cablevisión amenaza a los vecinos”
El intendente de Lobos fue el primero que logró un fallo a favor de una comuna que le permitirá a 8000 usuarios de la cablera pagar la tarifa de $ 116 que fija la Secretaría de Comercio Interior en lugar de los $ 176 que les cobraba la firma del Grupo Clarín. Además, denunció prácticas extorsivas por parte de la empresa para con sus clientes. Y adelantó que dos municipios ya lo llamaron para iniciar acciones judiciales similares.
En un fallo inédito, el juzgado federal de Lomas de Zamora le dio la razón al municipio de Lobos en un amparo a favor de los usuarios para que Cablevisión cobre la tarifa establecida por la Secretaría de Comercio Interior. El magistrado Juan Pablo Augé exigió que la cablera del Grupo Clarín devuelva “los importes que pudieren haberse cobrado en exceso” desde enero de este año en adelante.
“La Secretaría de Comercio dictó una resolución estableciendo el precio del abono del cable, y los usuarios de Lobos, como era lógico, querían pagar esa tarifa. De hecho, algunos lo estaban haciendo, pero la empresa los intimaba, los acosaba y les decía que les iban a cortar el servicio. Un acoso constante”, contó Gustavo Sobrero.
–¿Cómo surgió la idea de presentarse en la justicia?
–Como gobierno municipal tomamos la posta de los reclamos y empezamos a investigar cómo podíamos ayudar a los vecinos, y decidimos, a través de la oficina de Defensa del Consumidor del municipio, presentar un amparo. Y el juez determinó que teníamos razón, y dio un fallo donde reconoce la resolución de Comercio y le dice a la empresa que debe cobrar lo estipulado y también devolver lo que se cobró de más desde enero a la fecha, al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Gracias a esto, ahora la cablera debería cobrar $ 116. Pero lo más importante es que el fallo le reconoce al municipio la potestad de representar a todos los vecinos, es una especie de amparo colectivo.
–¿Cómo respondió la empresa?
–Al otro día de que salió el fallo, envió un comunicado diciendo que hay resoluciones judiciales con reclamos de particulares que fueron resueltos a su favor (ver aparte), por lo cual la tarifa sigue vigente. Y eso es otra apretada más del Grupo Clarín. Ellos seguramente apelarán, pero hasta entonces la resolución que logramos sigue vigente. Me pidieron una reunión para esta semana, y después me dijeron que no podían venir. Estoy dispuesto a recibirlos, pero ellos ya saben cuál es nuestra posición.
–¿Cuánto estaba cobrando Cablevisión en Lobos?
–El abono básico está en $ 176 (bastante más que los $ 147 que cobra en Capital y el GBA), el problema es que nosotros tenemos una ciudad de 40 mil habitantes, entre parte urbana y rural. Y dentro de esa población, hay 8000 hogares que son clientes de Cablevisión, es una cantidad muy importante. Además, ellos son un monopolio en Lobos, porque compraron, como hicieron en todo el país en la década del ’90, dos empresas de cable chicas que operaba en la zona. De esta forma, quedaron como únicos operadores, porque tienen competencia sólo con una cooperativa, pero opera en la zona rural. Los de Cablevisión tienen una conducta abusiva, porque no respetan las reglas, y lo que es peor, amenazan a los usuarios que quieren pagar la tarifa aprobada por Comercio Interior y no pagan lo que ellos dicen. Los llaman y les dicen que están en mora, y es una metodología que persigue esta gente, es la forma de ser que tienen.
–¿Cree que su proceder puede llegar a ser copiado por otros municipios?
–Sí, de hecho, hay localidades como Bahía Blanca y Cañuelas que ya nos llamaron para preguntarnos cómo hicimos y los alentamos a que procedan en la misma dirección. Y les pedimos a los clientes que se animen a soportar la presión. <
“La Secretaría de Comercio dictó una resolución estableciendo el precio del abono del cable, y los usuarios de Lobos, como era lógico, querían pagar esa tarifa. De hecho, algunos lo estaban haciendo, pero la empresa los intimaba, los acosaba y les decía que les iban a cortar el servicio. Un acoso constante”, contó Gustavo Sobrero.
–¿Cómo surgió la idea de presentarse en la justicia?
–Como gobierno municipal tomamos la posta de los reclamos y empezamos a investigar cómo podíamos ayudar a los vecinos, y decidimos, a través de la oficina de Defensa del Consumidor del municipio, presentar un amparo. Y el juez determinó que teníamos razón, y dio un fallo donde reconoce la resolución de Comercio y le dice a la empresa que debe cobrar lo estipulado y también devolver lo que se cobró de más desde enero a la fecha, al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Gracias a esto, ahora la cablera debería cobrar $ 116. Pero lo más importante es que el fallo le reconoce al municipio la potestad de representar a todos los vecinos, es una especie de amparo colectivo.
–¿Cómo respondió la empresa?
–Al otro día de que salió el fallo, envió un comunicado diciendo que hay resoluciones judiciales con reclamos de particulares que fueron resueltos a su favor (ver aparte), por lo cual la tarifa sigue vigente. Y eso es otra apretada más del Grupo Clarín. Ellos seguramente apelarán, pero hasta entonces la resolución que logramos sigue vigente. Me pidieron una reunión para esta semana, y después me dijeron que no podían venir. Estoy dispuesto a recibirlos, pero ellos ya saben cuál es nuestra posición.
–¿Cuánto estaba cobrando Cablevisión en Lobos?
–El abono básico está en $ 176 (bastante más que los $ 147 que cobra en Capital y el GBA), el problema es que nosotros tenemos una ciudad de 40 mil habitantes, entre parte urbana y rural. Y dentro de esa población, hay 8000 hogares que son clientes de Cablevisión, es una cantidad muy importante. Además, ellos son un monopolio en Lobos, porque compraron, como hicieron en todo el país en la década del ’90, dos empresas de cable chicas que operaba en la zona. De esta forma, quedaron como únicos operadores, porque tienen competencia sólo con una cooperativa, pero opera en la zona rural. Los de Cablevisión tienen una conducta abusiva, porque no respetan las reglas, y lo que es peor, amenazan a los usuarios que quieren pagar la tarifa aprobada por Comercio Interior y no pagan lo que ellos dicen. Los llaman y les dicen que están en mora, y es una metodología que persigue esta gente, es la forma de ser que tienen.
–¿Cree que su proceder puede llegar a ser copiado por otros municipios?
–Sí, de hecho, hay localidades como Bahía Blanca y Cañuelas que ya nos llamaron para preguntarnos cómo hicimos y los alentamos a que procedan en la misma dirección. Y les pedimos a los clientes que se animen a soportar la presión. <
$ 1000 millones más
Al no acatar las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior (a cargo de Guillermo Moreno), Cablevisión llegó a fines del año pasado facturando más de $ 1000 millones extras en concepto de tarifas mal cobradas.
Este monto surge como resultados de multiplicar la cantidad de clientes –alrededor de 3,3 millones de usuarios– por la diferencia entre los $ 116 que debería cobrar, y los más de
$ 140 que factura. Sin embargo, la cifra, en principio, podría ser sensiblemente superior si se toma en consideración que, en algunas localidades como Lobos, donde la empresa de cables que controla el multimedios Clarín cobra casi $ 170 porque no tiene ninguna competencia.
Este monto surge como resultados de multiplicar la cantidad de clientes –alrededor de 3,3 millones de usuarios– por la diferencia entre los $ 116 que debería cobrar, y los más de
$ 140 que factura. Sin embargo, la cifra, en principio, podría ser sensiblemente superior si se toma en consideración que, en algunas localidades como Lobos, donde la empresa de cables que controla el multimedios Clarín cobra casi $ 170 porque no tiene ninguna competencia.
La cablera desobedeció siempre
Cabe recordar que, a través de la Resolución 50/10, la Secretaría de Comercio Interior estableció la metodología de cálculo para el abono del cable, mientras que por la Resolución 36 del corriente año indicó que para el caso específico de Cablevisión, por omitir la información, el abono básico deberá ser de $ 109. Luego, esa tarifa se actualizó y –resolución mediante– pasó a ser de $ 116.
Desde el primer momento, Cablevisión incumplió sistemáticamente con las resoluciones amparándose en una cautelar obtenida en Córdoba, y mantuvo su tarifa en $ 147, lo que motivó diversas presentaciones judiciales por parte de asociaciones de consumidores, generalmente con fallos favorables, pero que tampoco fueron obedecidos por Cablevisión.
Desde el primer momento, Cablevisión incumplió sistemáticamente con las resoluciones amparándose en una cautelar obtenida en Córdoba, y mantuvo su tarifa en $ 147, lo que motivó diversas presentaciones judiciales por parte de asociaciones de consumidores, generalmente con fallos favorables, pero que tampoco fueron obedecidos por Cablevisión.
A propósito de la cobertura de Clarín y La Nación de los últimos actos de gobierno
Así se construye el relato opositor
Acusan a la presidenta de hacer “una puesta en escena”, “una obra cumbre del relato oficial”, mientras construyen la narración de un país con “ciudadanos más indefensos”, “recesión democrática” y “dudas inquietantes”. Hasta ahora, los hechos desmintieron otras aseveraciones como la de Hugo Biolcati: “En 2010 el país importará carne, trigo y leche”, y la de Joaquín Morales Solá, de 2008: “el kirchnerismo como ciclo político está terminado&
Así como la televisión legitima y naturaliza la violencia, de acuerdo con la postura de diferentes teóricos de la comunicación, es posible que la prensa gráfica también lo haga. Y que pueda concretarlo en diferentes planos, incluido el político-discursivo. Será necesario un trabajo de campo, cuanti y cualitativo para determinarlo, pero el mero repaso de la cobertura periodística cotidiana permite sacar algunas conclusiones. Enlodados en un interés económico que perciben cada vez más frágil, para esta temporada 2012, los medios hegemónicos optaron por fortalecer la idea de que el gobierno nacional manipula a los argentinos a través de un “relato”, “mentiroso” y “engañoso”, es decir que asocian el relato no a la construcción subjetiva de la realidad, sino a un mero hecho de manipulación.
Una nueva oleada, que tal vez encuentre entre los vanguardistas ultramediáticos a Adrián Suar y su consideración de que la primera mandataria es “muy polkiana, recontra actriz”, se traduce hoy no sólo en la metamorfosis de Cristina Fernández con la actuación –es decir con una propuesta falsa, pero verosímil–, sino directamente con los actos de gobierno.
Uno de los ejemplos más recientes ocurrió al día siguiente de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo pasado. La presidenta rindió cuentas de su gestión y marcó las páginas de la agenda legislativa durante más de tres horas, pero a los ojos de Clarín y La Nación proclamó un libreto, no detallan si de teatro, cine o televisión: fue “una obra cumbre del relato oficial”, “un inventario de las proezas”, un “engañoso discurso presidencial”, con “tergiversaciones, omisiones y ataques”, donde reprodujo “una realidad embellecida”, en la que “sobreactuó enojo” (Clarín y La Nación, 02-03-12).
Lo mismo había pasado el 8 de febrero, un día después del acto en el que Cristina Fernández reunió a los representantes de su gobierno y a toda la oposición, en un claro mensaje de que el pedido argentino de la soberanía de las Islas Malvinas no se trata de partidismo, ni oportunismo, sino de una política pública concreta. Eduardo van der Kooy lo consideró un “cuidado montaje”, “con esmerada coreografía” (Clarín, 08-02-12), es decir una ficción, con una puesta en escena, irreal. Lo mismo le pareció al editor general de Clarín Ricardo Kirschbaum, quien de manera poco eufemística tituló: “Puesta en escena y la misma política”.
En definitiva, la suma de una lectura con la otra, da como resultado una línea editorial con una intencionalidad específica: transformar los actos de gobierno en burdas actuaciones, como estrategia básica de esmerilar y debilitar esos mismos actos de gobierno, demostrándole a la ciudadanía que está siendo engañada. Creen que en la era de la información que vivimos, la construcción subjetiva de la realidad es más fuerte que la percepción en vivo y directo de esa realidad. A la destrucción de lo real le sigue la edificación de otro escenario acorde a sus intereses: la Argentina es un país devastado, con ciudadanos desprotegidos, abandonado, en el que nada, pero nada, funciona: donde hay “Ciudadanos más indefensos”, “con dudas inquietantes”, “un país más inestable”, “que se vuelve, día a día, un país más inestable”, con “inseguridad de la calle, inseguridad jurídica, política y económica”, donde “un frustrante panorama laboral que enfrentan actualmente los jóvenes los posterga en su ascenso social”, un país que “está sufriendo una peligrosa regresión”, con “una constitución desangrada” y una “apaleada democracia”, con “recesión democrática” (La Nación 06-02-12, 07-02-12, 10-2-12). Y donde Joaquín Morales Solá asegura que: “La Presidenta está ingresando en un tiempo sin elecciones y sin victorias. Comienza a disiparse el tamaño de la gloria reciente. Cristina Kirchner perdió cuatro puntos de imagen positiva en el último mes y un diez por ciento menos de argentinos cree que el país está bien” (La Nación 19-02-12).
¿Hasta qué punto este relato mediático no es el relato, comprendido como mentira y engaño? Si en el mismo diario en el que Morales Solá escribió que la presidenta “perdió cuatro puntos”, sin citar ninguna fuente, apenas 21 días antes se había publicado una nota titulada “Sube el índice de confianza en el gobierno”, y se explicaba que “la credibilidad social hacia el Gobierno ascendió un 27% con respecto al registrado en enero del año pasado y también creció respecto del último mes de 2011 (…) y se ubicó por encima del promedio histórico de toda la serie y del promedio de la administración de Cristina Fernández”, resultado de un trabajo no del Indec, sino de la Universidad Torcuato Di Tella (La Nación 28-01-12).
Para más datos, el mismo día que el censor de Caloi durante la dictadura militar publicó su columna infundada, el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) difundió en Página/12 una encuesta en la que concluyó que “la presidenta seguiría ganando cualquier elección por 40 puntos”, ya que su intención de voto “asciende al 57% (…)“ocho de cada diez personas opinan que el reclamo sobre Malvinas es justo y siete de cada diez sostienen que el Gobierno actúa bien”. Para que quede claro, Morales Solá aseguró que la imagen de Cristina bajó cuatro puntos, cuando una encuesta difundida por su propio diario dice que “la credibilidad social hacia el gobierno ascendió un 27% y se ubicó por encima del promedio histórico”.
No es la primera vez que ocurre que diferentes afirmaciones de columnistas políticos de Clarín y La Nación, presentadas como la verdad revelada, fueron desmentidas con el tiempo por la propia realidad. Por ejemplo, el mismo Morales Solá aseguró, el 28 de diciembre de 2008, en La Nación: “El kirchnerismo como ciclo político está terminado”. Cristina Fernández fue reelecta con el 54,11% de los votos, es decir por 11.863.054 millones de personas.
Mauricio Macri también había sentenciado, el 30 de junio de 2009, “con esta elección terminó el ciclo potente y prepotente del kirchnerismo”. Ese mismo kirchnerismo ganó en 23 de los 24 distritos electorales del país y su fórmula presidencial superó por 8.179.394 votos a la que salió segunda.
Beatriz Sarlo se sumó con su verba extraviada a estos jinetes del Apocalipsis que no fue. Dijo que el Bicentenario “va a pasar sin que nos demos cuenta” (La Nación, 20-04-10), casi un mes antes de que más de 6 millones de personas se sumaran a los festejos en todo el país. Así y todo, se siguen llamando analistas políticos u ocupando con sus palabras esos lugares cada vez más enfrascados en sus propios deseos proyectados que en lecturas razonables del mapa político-económico-social argentino.
Desde el terreno más conservador, Hugo Biolcati había augurado que “en 2010, el país importará carne y trigo” (La Nación, 09-06-09). Y en la misma se había publicado en el diario Perfil: “Argentina dejaría de ser exportador de trigo en 2010” (15-05-09). O “Será la peor cosecha de trigo en 32 años” (La Nación, 15-12-09). O “Caería la producción de carne, trigo y leche” (La Nación, 5-11-08). La producción de trigo este año tiene una estimación récord, según anunció la presidenta: alcanzará las 16,6 millones de toneladas. Y la exportación de leche llegará a las 440 mil toneladas, también récord.
Los vaticinios errados surgieron también de la boca de Jorge Todesca cuando sentenció que para 2011 habrá “una tasa de crecimiento del 5 por ciento” (La Prensa, 15-12-2010). O a Carlos Melconian, que dejó dicho que “El 2010 va a ser recordado como el año de la regresión” (La Nación, 02-03-2010). Al final, el crecimiento fue del 9 por ciento. Abel Viglione, de FIEL, los acompañó en el criterio cuando consideró que “este año empezaremos a enfrentar un problema que se repetirá en 2011, la falta de inversión” (Clarín, 26-12-10). Después la inversión pública y privada se expandió a tasas del 23 por ciento.
Entonces, el relato, entendido como falsedad, ¿dónde está? El límite del relato, en sinonimia con la mentira está, justamente, en la realidad. Y en la memoria de esa realidad. Porque “relato” habrá siempre, lo que no hay que olvidar es qué sucedió como hecho concreto, despojado en principio de interpretación, es decir de su máxima vestidura que es la subjetividad. Subjetividad de la que no hay que temer, pero sí es necesario desnudar, para volver a ese núcleo llamado información que, asociado a la búsqueda de verdad, permite, en definitiva, comprender mejor la realidad. Alejándose, entonces, de los relatos hegemónicos del poder mediático, funcionales únicamente a ellos mismos. <
*Encuesta Universidad Torcuato Di Tella. Índice de Confianza en el Gobierno. Consulta a 1200 personas en 40 localidades del todo el país.
*Encuesta de CEOP: sobre un total de 1200 entrevistas a personas de todo el país, incluyendo Capital Federal, dos cordones del Gran Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba, Tucumán, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Chaco y otras 18 localidades.
Una nueva oleada, que tal vez encuentre entre los vanguardistas ultramediáticos a Adrián Suar y su consideración de que la primera mandataria es “muy polkiana, recontra actriz”, se traduce hoy no sólo en la metamorfosis de Cristina Fernández con la actuación –es decir con una propuesta falsa, pero verosímil–, sino directamente con los actos de gobierno.
Uno de los ejemplos más recientes ocurrió al día siguiente de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo pasado. La presidenta rindió cuentas de su gestión y marcó las páginas de la agenda legislativa durante más de tres horas, pero a los ojos de Clarín y La Nación proclamó un libreto, no detallan si de teatro, cine o televisión: fue “una obra cumbre del relato oficial”, “un inventario de las proezas”, un “engañoso discurso presidencial”, con “tergiversaciones, omisiones y ataques”, donde reprodujo “una realidad embellecida”, en la que “sobreactuó enojo” (Clarín y La Nación, 02-03-12).
Lo mismo había pasado el 8 de febrero, un día después del acto en el que Cristina Fernández reunió a los representantes de su gobierno y a toda la oposición, en un claro mensaje de que el pedido argentino de la soberanía de las Islas Malvinas no se trata de partidismo, ni oportunismo, sino de una política pública concreta. Eduardo van der Kooy lo consideró un “cuidado montaje”, “con esmerada coreografía” (Clarín, 08-02-12), es decir una ficción, con una puesta en escena, irreal. Lo mismo le pareció al editor general de Clarín Ricardo Kirschbaum, quien de manera poco eufemística tituló: “Puesta en escena y la misma política”.
En definitiva, la suma de una lectura con la otra, da como resultado una línea editorial con una intencionalidad específica: transformar los actos de gobierno en burdas actuaciones, como estrategia básica de esmerilar y debilitar esos mismos actos de gobierno, demostrándole a la ciudadanía que está siendo engañada. Creen que en la era de la información que vivimos, la construcción subjetiva de la realidad es más fuerte que la percepción en vivo y directo de esa realidad. A la destrucción de lo real le sigue la edificación de otro escenario acorde a sus intereses: la Argentina es un país devastado, con ciudadanos desprotegidos, abandonado, en el que nada, pero nada, funciona: donde hay “Ciudadanos más indefensos”, “con dudas inquietantes”, “un país más inestable”, “que se vuelve, día a día, un país más inestable”, con “inseguridad de la calle, inseguridad jurídica, política y económica”, donde “un frustrante panorama laboral que enfrentan actualmente los jóvenes los posterga en su ascenso social”, un país que “está sufriendo una peligrosa regresión”, con “una constitución desangrada” y una “apaleada democracia”, con “recesión democrática” (La Nación 06-02-12, 07-02-12, 10-2-12). Y donde Joaquín Morales Solá asegura que: “La Presidenta está ingresando en un tiempo sin elecciones y sin victorias. Comienza a disiparse el tamaño de la gloria reciente. Cristina Kirchner perdió cuatro puntos de imagen positiva en el último mes y un diez por ciento menos de argentinos cree que el país está bien” (La Nación 19-02-12).
¿Hasta qué punto este relato mediático no es el relato, comprendido como mentira y engaño? Si en el mismo diario en el que Morales Solá escribió que la presidenta “perdió cuatro puntos”, sin citar ninguna fuente, apenas 21 días antes se había publicado una nota titulada “Sube el índice de confianza en el gobierno”, y se explicaba que “la credibilidad social hacia el Gobierno ascendió un 27% con respecto al registrado en enero del año pasado y también creció respecto del último mes de 2011 (…) y se ubicó por encima del promedio histórico de toda la serie y del promedio de la administración de Cristina Fernández”, resultado de un trabajo no del Indec, sino de la Universidad Torcuato Di Tella (La Nación 28-01-12).
Para más datos, el mismo día que el censor de Caloi durante la dictadura militar publicó su columna infundada, el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) difundió en Página/12 una encuesta en la que concluyó que “la presidenta seguiría ganando cualquier elección por 40 puntos”, ya que su intención de voto “asciende al 57% (…)“ocho de cada diez personas opinan que el reclamo sobre Malvinas es justo y siete de cada diez sostienen que el Gobierno actúa bien”. Para que quede claro, Morales Solá aseguró que la imagen de Cristina bajó cuatro puntos, cuando una encuesta difundida por su propio diario dice que “la credibilidad social hacia el gobierno ascendió un 27% y se ubicó por encima del promedio histórico”.
No es la primera vez que ocurre que diferentes afirmaciones de columnistas políticos de Clarín y La Nación, presentadas como la verdad revelada, fueron desmentidas con el tiempo por la propia realidad. Por ejemplo, el mismo Morales Solá aseguró, el 28 de diciembre de 2008, en La Nación: “El kirchnerismo como ciclo político está terminado”. Cristina Fernández fue reelecta con el 54,11% de los votos, es decir por 11.863.054 millones de personas.
Mauricio Macri también había sentenciado, el 30 de junio de 2009, “con esta elección terminó el ciclo potente y prepotente del kirchnerismo”. Ese mismo kirchnerismo ganó en 23 de los 24 distritos electorales del país y su fórmula presidencial superó por 8.179.394 votos a la que salió segunda.
Beatriz Sarlo se sumó con su verba extraviada a estos jinetes del Apocalipsis que no fue. Dijo que el Bicentenario “va a pasar sin que nos demos cuenta” (La Nación, 20-04-10), casi un mes antes de que más de 6 millones de personas se sumaran a los festejos en todo el país. Así y todo, se siguen llamando analistas políticos u ocupando con sus palabras esos lugares cada vez más enfrascados en sus propios deseos proyectados que en lecturas razonables del mapa político-económico-social argentino.
Desde el terreno más conservador, Hugo Biolcati había augurado que “en 2010, el país importará carne y trigo” (La Nación, 09-06-09). Y en la misma se había publicado en el diario Perfil: “Argentina dejaría de ser exportador de trigo en 2010” (15-05-09). O “Será la peor cosecha de trigo en 32 años” (La Nación, 15-12-09). O “Caería la producción de carne, trigo y leche” (La Nación, 5-11-08). La producción de trigo este año tiene una estimación récord, según anunció la presidenta: alcanzará las 16,6 millones de toneladas. Y la exportación de leche llegará a las 440 mil toneladas, también récord.
Los vaticinios errados surgieron también de la boca de Jorge Todesca cuando sentenció que para 2011 habrá “una tasa de crecimiento del 5 por ciento” (La Prensa, 15-12-2010). O a Carlos Melconian, que dejó dicho que “El 2010 va a ser recordado como el año de la regresión” (La Nación, 02-03-2010). Al final, el crecimiento fue del 9 por ciento. Abel Viglione, de FIEL, los acompañó en el criterio cuando consideró que “este año empezaremos a enfrentar un problema que se repetirá en 2011, la falta de inversión” (Clarín, 26-12-10). Después la inversión pública y privada se expandió a tasas del 23 por ciento.
Entonces, el relato, entendido como falsedad, ¿dónde está? El límite del relato, en sinonimia con la mentira está, justamente, en la realidad. Y en la memoria de esa realidad. Porque “relato” habrá siempre, lo que no hay que olvidar es qué sucedió como hecho concreto, despojado en principio de interpretación, es decir de su máxima vestidura que es la subjetividad. Subjetividad de la que no hay que temer, pero sí es necesario desnudar, para volver a ese núcleo llamado información que, asociado a la búsqueda de verdad, permite, en definitiva, comprender mejor la realidad. Alejándose, entonces, de los relatos hegemónicos del poder mediático, funcionales únicamente a ellos mismos. <
*Encuesta Universidad Torcuato Di Tella. Índice de Confianza en el Gobierno. Consulta a 1200 personas en 40 localidades del todo el país.
*Encuesta de CEOP: sobre un total de 1200 entrevistas a personas de todo el país, incluyendo Capital Federal, dos cordones del Gran Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba, Tucumán, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Chaco y otras 18 localidades.
Videla “presidente” y Néstor Kirchner “dictador”
Los relatos son construcciones subjetivas y, es cierto, también pueden ser flagrantes mentiras, para sostener un orden determinado. Si se tiene en cuenta que Clarín y La Nación abrazaron un genocidio, ocultándoselo a la sociedad a la cual debían contárselo, para garantizar su negocio en Papel Prensa, tal vez se comprenda mejor que al genocida Jorge Rafael Videla lo llamaran “presidente” y a su dictadura “etapa cargada de expectativas”, con la llegada del “fin de la intolerancia”. Lo hicieron sin pudor, como, por el contrario, a los gobiernos democráticos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández los calificaron de “fascismo”, “neofascismo latinoamericano”, “autoritarismo” y “despotismo”. Vieron libertad en la dictadura y ven autoritarismo en la democracia. Así quedó probado en un relevamiento realizado por Manuel Alfieri, del Equipo de Investigación de este diario, publicado el 24 de abril del año pasado. Los diarios de Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto asociaron el terrorismo de Estado con un “orden institucional”, con “participación social”, “lento y seguro proceso de reordenamiento”, con “libertad de prensa”, mientras que los gobiernos elegidos por el voto son el “franquismo”, una “autocracia”, con “beligerancia perpetua”, “persecución” y “violencia”.
negocios privados, perjuicios públicos
Se complica la situación de Pagliaro y de Aranda, los directivos de Clarín
A raíz de la decisión de la Cámara de Casación Penal de habilitar el levantamiento del secreto fiscal, la UIF ya avanza en la investigación por estafa a los futuros jubilados (de las ex AFJP) por entre $ 400 y $500 millones.
Por:
Mariano Beristain
Mariano Beristain
La decisión unánime de la Cámara de Casación Penal de habilitar el levantamiento del secreto fiscal que le otorga inmunidad al vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y a su director, Lucio Pagliaro, complicó la situación de los ejecutivos.
Los directivos del multimedio están sospechados de estafar a los aportantes al desaparecido sistema previsional privado por una cifra que ronda los $ 500 millones.
Ayer, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella adelantó a Tiempo Argentino que esta determinación de la justicia le permitirá “avanzar en una investigación que estaba empantanada” y en la que se presume que Pagliaro y Aranda aprovecharon la fusión de Cablevisión y Multicanal y se enriquecieron al manipular el precio de las acciones.
La pesquisa se reabrió a partir de un reporte de operación sospechosa, en el que el Banco Central de la República Argentina notificó a la UIF, a mediados de 2010, que Pagliaro y Aranda tuvieron un inusual crecimiento de su patrimonio, que osciló entre 200 y 250 por ciento.
A partir de entonces, la UIF retomó la investigación y convalidó su teoría de que el enriquecimiento de los directivos de Clarín coincidió con un extraño sube y baja que se produjo con el precio de la acción del Grupo Clarín a raíz de la compra de Multicanal por parte de Cablevisión, la cablera del multimedio.
El 7 de julio de 2010, Tiempo informó que Sbatella presentó una denuncia penal contra el Grupo Clarín y el banco JP Morgan por “manipulación de precios de acciones que se ofertan públicamente en el mercado de valores y su venta a los fondos de inversión (las antiguas AFJP), con la probable connivencia de los gerentes operativos de los mismos”.
Según la presentación de la UIF “existen constancias que dan cuenta de que la manipulación de precios de las acciones se debió a que la empresa no brindó al mercado información exacta y veraz, la cual resulta determinante para fijar el precio de las acciones, infringiendo el régimen de transparencia”.
En octubre de 2007, Clarín puso a la venta 57,2 millones de acciones que cotizaron en Buenos Aires (80%) y en Londres (20%). Entonces, el valor de la acción alcanzó los $ 29,14 en la Bolsa porteña y U$S 18,5 en el mercado de Londres.
Sin embargo, los directivos de Clarín se olvidaron de mencionar en el prospecto obligatorio que se entrega al Mercado de Valores que la fiscal Alejandra Gils Carbó estaba investigando la fusión entre Cablevisión y Multicanal por fraude.
Cuando se hizo pública la información, la acción de Clarín se desmoronó y cayó de $ 35 a entre $ 9 y $ 6 por papel.
Como resultado de ello, las AFJP que habían comprado acciones con los ahorros de los jubilados sufrieron una pérdida varias veces millonaria.
De hecho, Sbatella cree que de confirmarse la maniobra los directivos de Clarín se habrían enriquecido por un monto que oscila entre $ 400 y $ 500 millones.
Sin embargo, la UIF intervino, porque además de perjudicar los ahorros de los futuros jubilados, cuando la ANSES se hace cargo del fondo de las AFJP, también se afectaron los intereses del Estado argentino.
No obstante ello, la presentación judicial de la UIF contra Pagliaro y Aranda tuvo poco eco en los estrados judiciales.
“A pesar de las denuncias y la declaraciones de Hernán Arbizu, un hombre del sector financiero, que explicó públicamente cómo se hizo la arquitectura financiera de la maniobra, ningún juez nos citó para declarar”, señaló Sbatella.
Sin embargo, la UIF insistió e hizo un pedido a la justicia para abrir el secreto fiscal con el propósito de abrir un nuevo canal de investigación que permita conocer el origen y destino posterior del dinero que obtuvieron Pagliaro y Aranda con la supuesta maniobra con el precio de las acciones.
Sin embargo, los jueces de primera instancia, Julián Ercolini y Marcelo Martínez de Giorgi, rechazaron el pedido de la UIF.
La Cámara Federal Penal porteña también repitió el fallo de primera instancia y dejó entrecerrada la puerta.
El miércoles pasado, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, rechazó (ver fojas ilustrativas del fallo) lo actuado en primera y segunda instancia. Así determinó que “la UIF se encuentra habilitada para instituirse como parte en aquellos procedimientos penales que persigan los delitos señalados en la Ley 25.246 de “Encubrimientos y lavado de activos de origen delictivo” como lo establece la normativa vigente. De esta forma, desestimó los recursos de queja presentados por la defensa de Pagliaro y Aranda. Pero lo importante es que le envió una notificación a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Corrección Federal de la Capital Federal instruyéndole para que levante el velo fiscal que le impide investigar las razones del súbito enriquecimiento e impulsa la causa en la que se sospecha que Pagliaro y Aranda aprovecharon sus cargos en el multimedio para estafar a los futuros jubilados e indirectamente después al Estado argentino. La historia continuará. <
Los directivos del multimedio están sospechados de estafar a los aportantes al desaparecido sistema previsional privado por una cifra que ronda los $ 500 millones.
Ayer, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella adelantó a Tiempo Argentino que esta determinación de la justicia le permitirá “avanzar en una investigación que estaba empantanada” y en la que se presume que Pagliaro y Aranda aprovecharon la fusión de Cablevisión y Multicanal y se enriquecieron al manipular el precio de las acciones.
La pesquisa se reabrió a partir de un reporte de operación sospechosa, en el que el Banco Central de la República Argentina notificó a la UIF, a mediados de 2010, que Pagliaro y Aranda tuvieron un inusual crecimiento de su patrimonio, que osciló entre 200 y 250 por ciento.
A partir de entonces, la UIF retomó la investigación y convalidó su teoría de que el enriquecimiento de los directivos de Clarín coincidió con un extraño sube y baja que se produjo con el precio de la acción del Grupo Clarín a raíz de la compra de Multicanal por parte de Cablevisión, la cablera del multimedio.
El 7 de julio de 2010, Tiempo informó que Sbatella presentó una denuncia penal contra el Grupo Clarín y el banco JP Morgan por “manipulación de precios de acciones que se ofertan públicamente en el mercado de valores y su venta a los fondos de inversión (las antiguas AFJP), con la probable connivencia de los gerentes operativos de los mismos”.
Según la presentación de la UIF “existen constancias que dan cuenta de que la manipulación de precios de las acciones se debió a que la empresa no brindó al mercado información exacta y veraz, la cual resulta determinante para fijar el precio de las acciones, infringiendo el régimen de transparencia”.
En octubre de 2007, Clarín puso a la venta 57,2 millones de acciones que cotizaron en Buenos Aires (80%) y en Londres (20%). Entonces, el valor de la acción alcanzó los $ 29,14 en la Bolsa porteña y U$S 18,5 en el mercado de Londres.
Sin embargo, los directivos de Clarín se olvidaron de mencionar en el prospecto obligatorio que se entrega al Mercado de Valores que la fiscal Alejandra Gils Carbó estaba investigando la fusión entre Cablevisión y Multicanal por fraude.
Cuando se hizo pública la información, la acción de Clarín se desmoronó y cayó de $ 35 a entre $ 9 y $ 6 por papel.
Como resultado de ello, las AFJP que habían comprado acciones con los ahorros de los jubilados sufrieron una pérdida varias veces millonaria.
De hecho, Sbatella cree que de confirmarse la maniobra los directivos de Clarín se habrían enriquecido por un monto que oscila entre $ 400 y $ 500 millones.
Sin embargo, la UIF intervino, porque además de perjudicar los ahorros de los futuros jubilados, cuando la ANSES se hace cargo del fondo de las AFJP, también se afectaron los intereses del Estado argentino.
No obstante ello, la presentación judicial de la UIF contra Pagliaro y Aranda tuvo poco eco en los estrados judiciales.
“A pesar de las denuncias y la declaraciones de Hernán Arbizu, un hombre del sector financiero, que explicó públicamente cómo se hizo la arquitectura financiera de la maniobra, ningún juez nos citó para declarar”, señaló Sbatella.
Sin embargo, la UIF insistió e hizo un pedido a la justicia para abrir el secreto fiscal con el propósito de abrir un nuevo canal de investigación que permita conocer el origen y destino posterior del dinero que obtuvieron Pagliaro y Aranda con la supuesta maniobra con el precio de las acciones.
Sin embargo, los jueces de primera instancia, Julián Ercolini y Marcelo Martínez de Giorgi, rechazaron el pedido de la UIF.
La Cámara Federal Penal porteña también repitió el fallo de primera instancia y dejó entrecerrada la puerta.
El miércoles pasado, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, rechazó (ver fojas ilustrativas del fallo) lo actuado en primera y segunda instancia. Así determinó que “la UIF se encuentra habilitada para instituirse como parte en aquellos procedimientos penales que persigan los delitos señalados en la Ley 25.246 de “Encubrimientos y lavado de activos de origen delictivo” como lo establece la normativa vigente. De esta forma, desestimó los recursos de queja presentados por la defensa de Pagliaro y Aranda. Pero lo importante es que le envió una notificación a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Corrección Federal de la Capital Federal instruyéndole para que levante el velo fiscal que le impide investigar las razones del súbito enriquecimiento e impulsa la causa en la que se sospecha que Pagliaro y Aranda aprovecharon sus cargos en el multimedio para estafar a los futuros jubilados e indirectamente después al Estado argentino. La historia continuará. <
En manos de la Corte la cuestión de fondo
La Cámara Comercial aceptó elevar a la Corte parte del recurso extraordinario presentado por la fiscal de cámara Alejandra Gils Carbó contra la aprobación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) de Cablevisión. Los camaristas, Gerardo Vasallo, Juan José Dieuzeide y Pablo Heredia rechazaron algunos planteos de la fiscal pero, al aceptar elevar las actuaciones a la Corte, el fallo tiene fuertes repercusiones. Entre ellas, suspende los efectos del fallo original, convalidando el acuerdo alcanzado entre Clarín y sus acreedores pero con el voto de Fintech, que no sólo mantenía acreencias con Cablevisión, sino que además era accionista; dado que está taxativamente prohibido a los accionistas votar en un APE. Todo el proceso podría caerse si la Corte desautoriza la compra de parte del capital de Cablevisión por Fintech. Entonces tampoco podría avanzar la fusión de Cablevisión con Multicanal. Pero el expediente está anclado hace un tiempo.
Antecedentes
La Cámara de Casación Penal decidió levantar el velo que existe sobre las cuentas de José Antonio Aranda y Lucio Pagliaro, dos de los principales directivos del Grupo Clarín.
De esta manera dejó sin efecto los fallos de primera y segunda instancia que le impedían a la Unidad de Información Financiera acceder a las cuentas de los directivos de los ejecutivos del principal multimedio del país.
José Sbatella (UIF) sospecha que Pagliaro y Aranda se enriquecieron al manipular el precio de las acciones después que se conoció la fusión entre Cablevisión y Multicanal.
Según las estimaciones de la UIF esta maniobra les habría permitido embolsarse entre $ 400 y 500 millones.
De confirmarse, los principales damnificados son los trabajadores que aportaban sus ahorros previsionales a las AFJP.
Sin embargo, como después la ANSES se hizo cargo del sistema también se habría defraudado al Estado Nacional.
Después del fallo de la Cámara de Casación Penal la causa que parecía “empantanada” volvió a tomar fuerza, según indicó a Tiempo Argentino, José Sbatella.
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