Cinco ministerios porteños habrían contratado empresas de Duran Barba
Se calcula que el Gobierno de la Ciudad le pagó unos $ 6 millones. El asesor de Mauricio Macri se presentará ante la justicia el jueves. La querella pretende saber si la maniobra de desprestigio fue pagada con fondos públicos.
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Gabriel A. Morinigmorini@tiempoargentino.com
Este jueves, el consultor ecuatoriano y asesor de Mauricio Macri, Jaime Duran Barba, visitará Tribunales para que la jueza María Servini de Cubría le tome declaración indagatoria, acusado de haber montado una campaña de desprestigio contra la figura del senador Daniel Filmus.
Denunciado el 5 de julio por el candidato del Frente para la Victoria a la Jefatura de Gobierno porteña, el publicista había deslindado responsabilidad en el armado de las encuestas falsas, pero deberá también responder por las pruebas que lo comprometen, encontradas en las computadoras de las firmas allanadas que presuntamente fueron parte de la maniobra. Desde la querella anticiparon que se pedirá a la justicia un análisis minucioso del origen de los fondos que recibieron las consultoras para llevar adelante la operación, y si estos fueron aportados por el gobierno de la Ciudad.
En un análisis preliminar realizado por la querella de las facturas, órdenes de pago y cheques encontrados en las cajas fuertes de las firmas allanadas, se estimó que al menos cinco dependencias del gobierno PRO contrataron los servicios de las cuatro compañías vinculadas con la campaña sucia: Opinión Confidencial SRL, Call&Contact Center SRL, Tag Continental SRL, y Connectic SRL, todas vinculadas a Duran Barba a través del empresario Guillermo Garat. El monto consolidado de las contrataciones, a primera vista escala hasta los 6 millones de pesos, cifra que con una pericia contable sobre las cuentas bancarias de las empresas y el cruce con la información oficial, podría incluso incrementarse.
La Jefatura de Gabinete, la Secretaría General, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Planeamiento de Medios y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público son las reparticiones desde las que el macrismo contrató servicios de las consultoras. En general, el motivo estuvo vinculado a la provisión de servicios de IVR –encuestas telefónicas– o de consultoría similares.
Según pudo saber Tiempo Argentino, en el expediente quedó registrado un convenio con Espacio Público por encuestas y relevamientos por un valor de seis pagos de 27.500 pesos. Al menos dos de esas facturas fueron efectivamente emitidas.
Según la querella, las compañías también recibieron fondos de la campaña del PRO por 450 mil pesos y fueron además beneficiadas con licitaciones públicas y sus correspondientes ampliaciones. Otra de las órdenes de pago que figura en la causa es por “publicación de edictos”, algo que parece más un justificativo para la erogación de los fondos que una función que puedan cumplir consultoras de opinión y mercado que no son compradoras de espacios en medios de comunicación.
La jueza con competencia electoral ya había convocado a Duran Barba a declaración indagatoria en diciembre del año pasado, pero el publicista solicitó una prórroga por lo que deberá comparecer este jueves. Sus socios, Garat y Rodrigo Lugones harán lo propio el miércoles y el viernes, respectivamente. A todos se les imputa el delito contemplado en el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que reprime con “prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”. Por el momento, el delito que se le imputa no es penal, aunque podría tener una posterior derivación en un proceso por calumnias e injurias.
La compleja trama investigada por la justicia permitió realizar previo a la primera vuelta electoral en la Ciudad, una serie de encuestas telefónicas, reveladas por este diario, que postulaban al padre de Filmus como contratista del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender. De las computadoras secuestradas durante los allanamientos en sedes de las empresas Tag Continental, Connectic y NSS, se obtuvieron –entre otros documentos– bases de datos con los números telefónicos de las cinco personas que recibieron los llamados a partir de los cuales se originó la presentación judicial. Uno de los interrogantes que la justicia debe despejar es si la campaña de desprestigio se financió con fondos públicos, algo que agravaría la calificación de la acusación. “Se va a pedir el peritaje de los bancos. Quien pagó todo esto. Estamos asombrados de la manifiesta intención de difamar que había, y confiamos que la justicia encuadre esto en la violación a las leyes electorales”, le dijo Filmus a Tiempo.
Telecom identificó a mediados de julio el origen de los llamados con la grabación de la falsa encuesta. Todos se realizaron mediante tecnología IP que triangula la comunicación con un servidor en el exterior y se introduce en el sistema de telefonía, utilizado para abaratar costos. Esto permitió identificar la dirección IP desde la cual partieron las comunicaciones. Así se identificó a TAG Continental, Connectic y NSS, con domicilios en Libertad 1240, Talcahuano 446 y Virrey Ceballos 422. <
La Metropolitana, el Grupo Clarín y el Pentágono
El resultado del secuestro de documentación en los allanamientos ordenados por el juzgado echó luz sobre las tareas a las que se abocaban las consultoras allegadas a Jaime Duran Barba. Como revelara Tiempo Argentino, allí se descubrió que Tag Continental también prestó servicios a la Policía Metropolitana, relevando las percepciones en materia de seguridad de más de 4000 hogares de la Comuna 12. Lo curioso es que había sido encargada por la cartera de educación, pero su contenido identificó ciudadanos y los clasificó en las categorías “socio demográfica”, “actitudinal sobre seguridad” y “actitudinal sobre gestión del GCBA”, con el objetivo de “identificar entre el 40% y el 60% de los hogares de la Comuna 12”. En tanto, Connectic hizo trabajo de campo en Vicente López, uno de los bastiones que el macrismo obtuvo en las pasadas elecciones. En una de las computadoras en poder del juzgado, y bajo el nombre “Percepción Campo”, se encontró una presentación de Powerpoint donde se detalla una encuesta georreferenciada que impactó 20 mil hogares, donde se clasificó a los vecinos en base a su simpatía o no por el kirchnerismo.
A su vez, Tiempo publicó en exclusiva el documento donde se plasma una estrategia que Duran Barba le propuso al Grupo Clarín para que –según se afirmó en las metas– “Papel Prensa no sea tomada por el Gobierno, ni por testaferros de Kirchner. Que el Clarín y La Nación sigan siendo los socios que controlen la empresa. Pretendemos que la población argentina en general, y la clase media y personas informadas en particular, comprendan nuestro punto de vista y apoyen nuestro punto de vista.”
Del mismo modo, entre el material fue encontrado un informe que Duran Barba realizó para el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Allí el asesor macrista se ofrecía para investigar a “todos los países de Latinoamérica o determinadas regiones” mediante un cuestionario para medir la consideración de los sudamericanos sobre “seguridad, democracia, percepciones y narcotráfico”.
En ese material se señalan las ventajas para las autoridades militares de contar con un proyecto de investigación sobre la “percepción de la gente acerca de los Estados Unidos” y así “medir la opinión pública de los ciudadanos acerca de la calidad de la democracia, el chavismo, el castrismo y otras corrientes de la política regional”.
Una compleja trama de sociedades vinculadas con el macrismo
Rodrigo Lugones y Guillermo Garat aparecen en el expediente como presuntos socios de Duran Barba en la firma Opinión Confidencial SRL, nacida el 11 de noviembre de 2008. Su objetivo era “realizar actividad encuestadora en el ámbito de la República Argentina, y en el exterior a través de la tecnología y de los servicios de call center”.
Entre las pruebas recabadas en los allanamientos a las firmas, se encontró un “Acuerdo de confidencialidad y no competencia”, fechado el 25 de noviembre de 2008, entre Duran Barba, el también ecuatoriano Santiago Nieto y Lugones, por una parte; y Garat, Nicolás Marcó y Martín Vicente Peluffo, por otra. Aunque fuera de los papeles, el gurú ecuatoriano aparece como el representante de la empresa en su vínculo con los call centers que hacían las encuestas.
Todos los mencionados además poseen vínculos directos entre sí, al compartir, no sólo la titularidad de otras firmas del rubro, sino también el domicilio. En la oficina 33 de Libertad 1240 están registradas las firmas Informe Confidencial y Duran Barba y Asociados; mientras que en el tercer piso de Talcahuano 446 funcionan Tag Continental y Connectic SRL. El 21 de julio pasado, el macrismo llamó a una rueda de prensa ante la escalada de la denuncia hecha por Filmus, y allí un vacilante Duran Barba aseguró no tener ninguna empresa radicada en el país y se despegó de las denuncias en su contra.
Las licitaciones y los subsidios con los que el gobierno de la Ciudad benefició a las empresas sospechadas de haber tenido parte en la maniobra es otro de los aspectos de la investigación judicial. El jefe de Gabinete PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y Duran Barba negaron vinculación con Connectic, pero se descubrió que el 15 de abril de 2010, el mismo funcionario firmó la Resolución 296-MJGGC/10, donde le entregó a esa firma un contrato por 1.334.000 pesos para la adquisición de “un servicio de sistema de llamadas automáticas con resultados georreferenciados por un año”. En el expediente también consta una factura anulada por $ 130 mil pesos del 20 de mayo y otra del 7 de junio, donde por $ 135 mil Tag Continental proveyó “servicio de promoción y difusión, traslados, vestuarios, utilería, iluminación y materiales escénicos, afiches, flyers y globos”.
Tiempo Argentino reveló también que el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires financió con fondos públicos el desarrollo informático que permitió a Connectic implementar una plataforma idéntica a la que se utilizó para realizar las encuestas truchas contra Filmus, a través de un subsidio del Ministerio de Desarrollo Económico porteño. En total fueron 118 mil pesos, de los cuales 52 mil pesos fueron Aportes no Reembolsables.
¿Y ahora?
Privacidad. “Esperamos que se analice el origen de los fondos. Se violó la privacidad de los porteños individualizando encuestas anónimas”, aseguró Filmus.
Una investigación seguida día a día
La investigación de Tiempo Argentino sobre la campaña sucia contra el senador Daniel Filmus poco antes del ballottage porteño desnudó el accionar de varias empresas vinculadas a Jaime Duran Barba que incluso están sospechadas de realizar mapas ideológicos de los vecinos.
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