La ley y los medios
A veces estando demasiado cerca no se ve bien. El fallo de la Corte Suprema que adelantó –para el 7 de diciembre de 2012– un año el plazo que se suponía iba a terminar siendo la fecha límite para que estén concluidas la ventas de los medios que no se adecuen a la nueva Ley de Medios dejó con dudas a muchos menos a Clarín y al Gobierno.
Para Clarín este fallo no cambia mucho porque mientras no esté resuelto el tema de fondo –que es la inconstitucionalidad de la Ley de Medios, trámite que todavía está en un juzgado de primera instancia– podrán apelar a nuevas cautelares que le permitan no tener que vender medios hasta tanto ese fallo se produzca.
Para el Gobierno, la Corte Suprema fue muy clara respecto de que lo único que justificaría una nueva prórroga de este plazo sería un “cambio de circunstancias”, o sea, algo significativo como un fallo a favor de Clarín en la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad que se tramita en el juzgado de primera instancia.
Expertos en derecho interpretan que lo que la Corte le dijo a Clarín con su fallo fue “basta de cautelares y de apelar a argucias procesales para atrasar y dejar indefinida la cuestión de fondo; si quieren que la Ley de Medios no se aplique deben lograr que la Justicia la declare inconstitucional”, algo no imposible pero mucho más difícil.
Pero Clarín y el Gobierno interpretan la señales de la justicia, o lo que saben de ella, de manera totalmente contradictoria pronosticando un final muy ruidoso. Clarín insiste en no ir poniendo en venta los medios a los que la nueva ley lo obliga.
Para lo que le quedaría sólo 6 meses y 12 días, tiempo insuficiente aún si comenzaran hoy con los métodos clásicos de dar mandato a un banco vendedor (el equivalente a una inmobiliaria si se vendiera una casa), quien a través de un procedimiento de oferta pública interesa a los potenciales candidatos y los hace competir para obtener el mejor beneficio para el vendedor.
En el otro extremo, el Gobierno: a través del subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, quien además dirigió el Comfer, sostuvo en un reportaje a Página/12 que si el 7 de diciembre Clarín no presentó su plan de venta, el Estado le ordenará vender de oficio y, de no hacerlo, le rescindirá las licencias y así perderá hasta el derecho de haber vendido y recibir dinero a cambio.
Trate, lector, de imaginarse esa escena: va la Gendarmería a El Trece, corta la onda y se acabó. A lo Chávez con RCTV en Venezuela y simbólicamente más virulenta que la nacionalización de YPF. Cuesta creerlo.
Aunque se volviera a licitar la onda a otros oferentes, obviamente amigos del Gobierno, ¿qué pasaría con las más de mil personas que trabajan en El Trece? Ya hace un año desde Clarín se decía que –en esa hipótesis– no se harían tanto problema porque lo único que el Gobierno podría quitarle es la señal de aire LS85, mientras que Clarín pasaría todos los contenidos de lo que hoy es El Trece al canal de cable Metro (que además es el 13 de la grilla) con igual rating, porque la gente vería Tinelli o las novelas de Suar un canal más adelante (pero tendría que ceder TN porque la ley permite sólo una señal de cable).
De alguna manera algo así vislumbró Alejandro Romay cuando decidió vender su canal porque –según argumentó– ya no estaba más en el 9 de la grilla sino en el 8 del cable.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre un canal de aire y uno de cable? Si la onda no vale, el valor está en los contenidos. Algo similar a lo que se vaticina para dentro de algunos años, cuando toda la televisión se vea por Internet y ya no importen más los números sino las marcas en palabras como Sony, Warner, etc. Quizás no haya sido casual que LS85 Canal 13 fuera rebautizado El Trece. Y siguiendo con esa conjetura, a quien el Gobierno eventualmente le asignara LS85 Canal 13 no tendría ni los programas de Tinelli o Suar porque tanto Ideas del Sur como Pol-ka –las respectivas productoras de ambos– son casi integralmente de Clarín y donde Tinelli y Suar son socios minoritarios.
Pero si cuesta imaginarse toda esa operación, y aunque el plazo fuera mayor a 6 meses y 12 días, tampoco es fácil imaginarse muchos posibles compradores con solvencia financiera para sostener los costos de un canal de aire líder más capacidad empresaria y cierta experiencia en el medio. Eduardo Eurnekian, el cuarto hombre más rico de la argentina con un patrimonio de 1.800 millones de dólares y experiencia de una década en televisión antes de vender América TV, sería uno de los pocos que calificaría, pero estaría inhabilitado por ser titular de Aeropuertos 2000, ya que la nueva ley prohíbe ser dueño de medios audiovisuales a quienes tengan más de 10% de la propiedad de una “licencia, concesión o permiso de un servicio público, nacional, provincial o municipal”.
La controversia sobre qué es un “servicio público” separa fronteras entre Clarín y todos los demás dueños de medios audiovisuales. Para Clarín, Cristóbal López debería vender los medios que recién le compró a Daniel Hadad porque tiene el 20% de la concesión de peajes de las rutas 2 y 11 (Eurnekian también es dueño de una parte de esa concesión) y empresas de recolección de residuos.
Para Clarín, también Vila-Manzano tendrían que vender todos sus medios porque tienen concesiones petroleras y además Manzano es dueño del 10,8% de Andes Energía. Pero no sería difícil para Cristóbal López vender el 10% de su concesión de peajes o Manzano el 0,8% de su empresa de energía para no incumplir el tope de 10% de empresas de servicios públicos que dispone la Ley de Medios. El problema está en aquellas empresas donde las participaciones de un dueño de medios o eventual candidato a serlo fueran importantes y deshacerse de ellas sea una pérdida que pueda no justificarlo.
Y hay que diferenciar “servio público” de “servicio de interés público”: los aeropuertos, la recolección de basura y la concesión de peajes son servicios públicos y tiene razón Clarín, que inhabilita a sus propietarios para acceder a medios de comunicación audiovisual. Pero no es así en la concesiones petroleras, que son un servicio de interés público, que no inhabilita, excepto las que producen gas licuado que sí son un servicio público.
El problema para Vila-Manzano está en la total imposibilidad de superposición entre una empresa de televisión por cable y otra de TV abierta. En la edición de ayer, PERFIL informó que fuentes del Grupo Uno de Vila-Manzano sostuvieron que no precisarán vender América por ser dueños de Supercanal, la segunda mayor empresa de cable, porque cuando se concluya el concurso de acreedores de Supercanal ellos quedarán con un porcentaje accionario minoritario. Sin embargo, abogados especialistas en la Ley de Medios sostienen que ni siquiera podría tener el 1% de acciones para cumplir con ella. Sí podrían ser dueños del 100% de un cable y de 100% de un canal de TV de aire, pero en diferentes zonas, por lo que no hay impedimentos para que mantengan América, ya que no tienen cable en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí tiene esa superposición en Mendoza y San Juan (De Narváez, que por ser diputado no podía continuar como accionista de América, ya pasó sus acciones a los hijos).
La que de cumplirse la ley no tendría escapatoria es Telefónica, que no podría continuar como dueña de Telefe, no sólo ya por ser una empresa extranjera sino porque tendría que vender la propia Telefónica de Argentina, que claramente es un servicio público. Imposible imaginar que en 6 meses y 12 días, simultáneamente, pasarán a otras manos El Trece y Telefe que juntos controlan el 80% de toda la torta publicitaria.
Le haría falta otro candidato, entonces, al Gobierno, ya no sólo eventualmente para El Trece sino también para Telefe. Dicen que Cristóbal López justifica su compra de los medios de Hadad como una etapa de preparación y acumulación de experiencia para luego adquirir un canal abierto. En ese caso –y de aplicarse la ley– además del 10% de los peajes y la recolección de basura tendría que deshacerse de C5N, pero por Telefe podría valer la pena. Sobre Cristóbal se hacen dos comentarios: que es cristobalista (significa que venía de antes del kirchnerismo y pretende sobrevivirlo) y que se equivocaría si creyera que con Cristina Kirchner podrá negociar como lo hacía con Néstor Kirchner (ya se va a enfrentar a lo que no pudo soportar Hadad si es que quiere mantener a Longobardi y cierto mínimo disimulo de independencia).
Para concluir con los canales de televisión abierta, quedaría la paradoja de que el canal con menos adecuaciones sería justo el de un extranjero, que por tener su empresa sede en Estados Unidos y ser ese país el único con un tratado de reciprocidad para medios de comunicación, puede no ser de un argentino. Parece un chiste que el dueño de Canal 9, el empresario mexicano Remigio Angel González González, fuera el único que podría continuar sin cambios.
Volviendo a Clarín, aunque terminara aceptando desprenderse de El Trece para poder continuar con Cablevisión/Fibertel, el negocio más rentable, igualmente tendría que “vender” 1.500.000 abonados para cumplir el tope de la ley de un máximo de 35% del total de abonados de una zona.
Para tener una dimensión de lo que eso significa, vale prestar atención a que sólo Fibertel tuvo ganancias operativas de más de 150 millones de dólares anuales y que, consolidadamente con la venta de abono de cable, Cablevisión totaliza una ganancia operativa de alrededor de 600 millones de dólares por año. Si fueran ciertos los últimos datos que el Gobierno viene informando sobre cómo encontró las finanzas de YPF, hubiera sido más negocio para el Estado nacionalizar Cablevisión que YPF.
Cablevisión es la fusión de esa empresa que había quedado en manos del inversor mexicano, egresado de Harvard y experto en compra de empresas endeudadas, David Martínez, con Multicanal de Clarín. Entre las muchas especulaciones se rumorea que Martínez desearía vender su parte y una solución sería que Clarín le devuelva los abonados que exceden al 35% del tope legal y Martínez arme otra empresa de cable sumando eventualmente algunos otros operadores y se la venda a otro empresario argentino. Aquí de nuevo aparece la limitada cantidad de personas que disponen de capital para operaciones de varias centenas de millones de dólares. Entre los candidatos se menciona a los Werthein, quienes están inhibidos por ser parcialmente dueños de Telecom, pero también se especula con que sus socios italianos que ya le compraron la mayoría de Telecom podrían terminar comprándole el resto de sus acciones.
¿Será el 7 de diciembre de 2012 el Día D? La respuesta más probable es que no. Y que aunque no se dieran todas las esperanzas de Clarín, debería haber igualmente otras posposiciones. Por ejemplo, quedan dos cautelares más sobre las que la Corte Suprema aún no se pronunció. Una del Codelco (Comité de Defensa del Consumidor), tramitada en la justicia de Salta, y otra del Grupo Uno de Vila-Manzano que tramita la justicia de Mendoza. Y entre sí son muy diferentes.
La de Codelco es una cautelar general que beneficia a todos los dueños de medios, mientras que la del Grupo Uno sólo aplica a las empresas de Vila-Manzano, al igual que la cautelar de Clarín sólo beneficiaba a ese conglomerado.
La cautelar de Codelco sí llegó a la Corte Suprema y ese tribunal podría ponerle fecha tope como hizo con la de Clarín. No así con la del Grupo Uno, que aún no llegó a la Corte y podría tardar un año más en llegar sin que el máximo tribunal pudiera hacer nada (hoy un per saltum sería inimaginable). Pero esa cautelar sólo beneficiaría a Vila-Manzano, quienes tendrían un año más que el resto para adecuarse.
Por último, el Gobierno por simple resolución puede prorrogar los plazos a todos o a algunos, y en ese último caso siempre el discriminado podría apelar a la justicia.
Todo es posible. Dependerá de las ganas del Gobierno y de la Justicia. Lo cierto es que la situación está un poco más difícil para Clarín.
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