Acerca del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas

La mala memoria de La Nación

Publicado el 11 de Octubre de 2011

Por Rodolfo Yanzón Abogado de Derechos Humanos.
La Nación oculta que a partir de 1975, incrementándose desde el golpe del 24 de marzo, fue política estatal no juzgar los crímenes que ese mismo Estado dijo que las organizaciones armadas cometieron.
El 1 de octubre pasado La Nación publicó un editorial titulado “Discriminación entre víctimas”, sobre un trabajo del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), por víctimas de las organizaciones armadas en los setenta. Se afirma ahí que ninguna de ellas fue indemnizada ni reconocida por el Estado, que tiene la obligación de investigar y reparar. Hace 35 años que se les niega –se dice– el acceso a la justicia, la verdad y la reparación.
El mismo diario, el 8 de octubre insiste en la discriminación entre víctimas a través de uno de sus columnistas, y cita el caso de los conscriptos que participaron en repeler el intento de copamiento de un regimiento en Formosa en 1975 por parte de Montoneros. Y brindó la noticia de la reapertura de un proceso judicial para investigar un ataque de la misma organización a un colectivo policial en septiembre de 1976.
Cuando leyó las noticias Verónica Castelli, que tiene a sus padres desaparecidos durante la dictadura –Roberto Castelli y María Teresa Trotta– y que hace pocos meses algunos de los responsables fueron juzgados por esos y otros crímenes cometidos en el centro clandestino El Vesubio, dijo: “Mis viejos y sus compañeros fueron ilegalmente condenados a la tortura, a la desaparición y la muerte, sin juicio ni posibilidades de defensa. ¿Y ahora piden juicio? Se acuerdan muy tarde.” Lo que refiere Verónica es algo que La Nación oculta, y es que a partir de 1975, incrementándose a partir del golpe del 24 de marzo, fue política estatal no juzgar los crímenes que ese mismo Estado dijo que las organizaciones armadas cometieron, y que las únicas “investigaciones” se realizaron en salas de torturas por grupos de tareas conformados por militares y policías, entre otros, bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas, para secuestrar y torturar a miles de personas, quienes en su gran mayoría continúan desaparecidas. La función residual del Poder Judicial en nada desvió esa política, que tuvo a los jueces como simples espectadores o llanos cómplices, según la ocasión (recordemos aquellos que fraguaron actas y expedientes para dar cierto viso de legalidad a secuestros, torturas y matanzas y que hubo incluso funcionarios judiciales que ingresaron a centros clandestinos para recibir declaraciones a personas encapuchadas y torturadas). Esa política de Estado contó con la complicidad de diarios como La Nación, que publicaban la versión oficial de los hechos y reivindicaba a los uniformados y sus políticas elitistas.
Los del Celtyv reconocen que su trabajo es tardío y que debió haber surgido del propio Estado, pero nada dicen que justamente ese Estado decidió una matanza como vía ilegal en vez de la justicia. Tampoco dicen nada sobre las distintas versiones acerca de quiénes pudieron haber sido los autores de aquellos crímenes, porque esas todas surgieron de las usinas militares, tanto de su labor de contrainteligencia como de las salas de tortura de los centros clandestinos. No hubo juez ni fiscal que investigase ni sometiese a juicio a quienes aparecían como responsables. Y tanto La Nación como quienes quieren impunidad para los criminales de lesa humanidad hoy reivindican esa información, que no puede ser considerada bajo un Estado de Derecho.
Tampoco mencionan que el accionar de las organizaciones armadas recayó fundamentalmente sobre efectivos militares y policiales –el ataque al colectivo incluso fue realizado después del golpe y en plena ebullición de los grupos de tareas que esa misma policía integró–, mientras el de la dictadura tuvo como objetivo a la población en general y muy especialmente a la clase trabajadora, sobre todo a sus dirigentes.
Tampoco hacen referencia a que todas las víctimas de las organizaciones armadas fueron reconocidas en forma inmediata por jueces y fiscales, las noticias aparecieron en los medios de comunicación, el Estado brindó una respuesta inmediata. Por el contrario, las víctimas de crímenes de lesa humanidad fueron presentadas como monstruos a los que debía eliminarse, y porque no tenían ningún derecho se las desconoció como víctimas durante todos estos años. Por lo tanto, el Estado brindó inmediata respuesta en un caso y ninguna hasta 1984, en el otro.
Otro punto que merece una reflexión es el de los soldados que participaron por orden militar en la defensa de regimientos durante los intentos de copamiento, al que hacen referencia tanto La Nación como Celtyv, pero también Ceferino Reato, Pepe Eliaschev, Julio Strassera. Esos conscriptos son vistos como víctimas, pero no porque el Estado los haya expuesto como blancos militares a pesar de su corta edad y nula preparación; nada dicen de aquellos otros a los que se les ordenó formar parte de patotas para secuestrar o en algunos casos presenciar torturas, o hacer la vigilancia en centros clandestinos, o en los controles hacia los vuelos de la muerte. En estos días que se ha lanzado una campaña para que quienes hayan sido soldados en esa época puedan vencer el miedo y presentarse a brindar testimonio, los nostálgicos de la picana los desconocen como víctimas, porque insisten en reivindicar esos operativos ilegales.
Bajo títulos que mencionan una cierta discriminación, La Nación oculta su objetivo verdadero, que es la impunidad para quienes hoy están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad. No les importan las víctimas, sino su utilización para otros fines.