SEMANA TRAGICA EN PARAGUAY
Noche del viernes 22 de junio de
2012
Javiera Rulli
Reto Sonderegger
El presidente paraguayo Fernando Lugo acaba
de ser destituido por el congreso a través de un juicio político, un juicio
express que ha durado sólo 24 horas. Esta maniobra se debe entender como un
Golpe Parlamentario a todo el proceso democrático iniciado en el 2008. Los
movimientos sociales están movilizados frente a la sede del Congreso y en
diversos puntos del país.
Este complot de los grandes partidos
políticos tiene que interpretarse como el último paso de una operación de
desestabilización política que vive el país desde la masacre de Curuguaty el 15
de junio.
Los hechos de Curuguaty evidencian una
operación y un complot de alto grado por parte de los intereses opositores. La
matanza ocurrida en un campamento de sintierras en una operación policial dejó
como saldo 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías, 80 heridos. Hay 54 personas
imputadas con cargos muy graves.
A continuación trataremos de explicar la
reacción en cadena que sacude el país desde la masacre hasta la destitución de
Lugo ocurrida hoy.
Antecedentes al caso de
Curuguaty
Curuguaty, departamento Canindeyú, en la zona
noreste del país es una región fronteriza con una alta concentración de tierras
donde impera el agronegocio de la soja, cultivo de marihuana y contrabando de
drogas y armas.
Blas N. Riquelme es una de las personas más
ricas del país, ex senador colorado, latifundista y dueño de cadenas de
supermercados y otras empresas agroalimentarias. Blas N. Riquelme se adjudicó en
el 1969, plena dictadura de Stroessner, de forma fraudulenta 50 mil ha de
tierras destinadas para la reforma agraria. Este caso de tierras malhabidas se
denuncia en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia en el 2008
.
Desde la caída de la dictadura en el 89,
campesinos de la zona vienen luchando por estas tierras. Los sintierras se
organizan principalmente en un inmueble de 2000 ha llamado Marina Cue. Desde
hace unos meses atrás se había vuelto a instalar un campamento de sintierras en
el lugar con unas 60 personas. Estas personas no estaban agrupadas a ninguna
organización específica.
La masacre de Curuguaty
El viernes 15 entraron al sitio, 2 grupos de
las fuerzas del orden, las fuerzas especiales GEO y la policía, contaban
únicamente con un orden de allanamiento. El primero grupo se acercó al
campamento para dialogar con los sintierra, sospechosamente el grupo policial se
posiciono detrás. Sorpresivamente, en una situación confusa empezaron
disparos de larga distancia. Los primeros que caen abatidos son el jefe y
subjefe de la GEO.
Durante el posterior enfrentamiento llegan
helicópteros con refuerzos de la Fuerzas de Operaciones Especiales, que con
lanzallamas y gases lacrimógenos disparan y dispersan a los campesinos. La
operación resulta con la muerte de 11 campesinos y 6 policías.
En las primeras 24 horas después del suceso,
la policía y los militares cercan el área y no dejan pasar a nadie. La primera
comitiva de derechos humanos es detenida durante unas horas. En Asunción
dirigentes campesinos se mantienen en vigilia, los locales denuncian que en la
zona se esta produciendo una caza tras los sobrevivientes y militantes de la
zona. La policía quema el campamento borrando así muchas huellas. Durante todo
este periodo no entran fiscales para constatar lo acontecido. Se presume que en
este lapso la policía saca cadáveres y destruye evidencias.
Las personas heridas que llegan hasta los
centros de salud son detenidas y aisladas en los centros policiales y aislados
en los calabozos de los centros policiales. Algunos familiares y personas de la
zona que se acercan a los centros de salud y /o policías para saber sobre la
situación de los sintierras son también detenidos. No se permite el acceso a
abogados ni organismos de derechos humanos.
El sábado 16 familiares, militantes y prensa
cruzan el cerco policial y entran a la estancia para buscar sobrevivientes y
heridos que aun estén escondidos. Indígenas de la zona colaboran con las tareas
de búsqueda. Durante todo el fin de semana llueve intensamente lo cual dificulta
los recorridos. La comitiva ciudadana encuentra 2 cadáveres de campesinos. Según
la información de las organizaciones “estos cuerpos fueron mudados de lugares
donde fueron abatidos, puesto que no se registraron muestras de sangre, en los
alrededores. También fueron disfrazados de supuestos francotiradores, muestran
rastros de tortura y ejecución reciente, sangre fresca y balazos en la cabeza y
el cuello, y las armas que tienen al lado son escopetas que no podrían haber
sido utilizadas por francotiradores por ser armas de corta distancia y que
disparan perdigones que no coinciden con las heridas de los policías
fallecidos.”
La comitiva encuentra rastros de armamento de
guerra, armas que no son usadas por campesinos. Se empieza a plantear que además
del grupo de sintierras había otro grupo infiltrado y que estos son los que
dispararon y emboscaron a la policía. Testigos de los campesinos confirman esta
información, relatando sobre otro grupo de hombres que en los días previos había
acampado cerca, que portaban armas de grueso calibre y que estos son los que
dispararon. Su conducta no responde a los métodos de la lucha de los
campesinos. Empiezan los cuestionamientos sobre quienes serán estas personas,
matones de Blas Riquelme, mafia de la frontera, paramilitares, guerrilla. Lo que
queda claro es que éstos no están entre los caídos ni los detenidos e imputados.
Además se han eliminado muchas de las huellas que podrían haber ayudado a
identificarlos.
Mientras, la fiscalía presenta acusación
contra 54 personas. La mayoría son miembros de organizaciones campesinas y
familiares de fallecidos que no estuvieron en esa ocupación, sino en otras
realizadas anteriormente en las mismas tierras. La acusaciones son muy graves
tales como homicidio doloso agravado, homicidio doloso además de los hechos de
invasión, implican penas máximas de 30 años.
Solo 12 personas están detenidas e imputadas,
varios de ellas ya en la cárcel. Hay varios menores de edad, entre ellos, una
joven de 16 años, herida y con un bebe lactante. Los detenidos cuentan con
muestras de tortura. Varios de los detenidos han sido apresados cuando fueron a
preguntar por los detenidos y no estaban en el lugar de los hechos. La situación
de indefensión hace que la gente local ni se atreva a salir de sus casas en los
días posteriores, hay un estado de sitio no declarado en
Curuguaty.
Los presos secuestrados por la
policía
El domingo 17, el Secretario de Gabinete
Miguel Ángel López Perito y la ministra de Salud Esperanza Martínez llegan a
Curuguaty por iniciativa propia. La policía saca a los detenidos previamente del
lugar y los lleva a otras cárceles y comisarías, para que los ministros no
puedan verlos. Los detenidos están literalmente secuestrados por las fuerzas
policiales.
Se celebra una asamblea entre los
funcionarios, los familiares y los movimientos sociales donde estos presentan
sus demandas, las cuales son:
1. Cese a la persecución y liberación de todos los presos
2. Indemnización de las familias de las víctimas
3. Recuperación de las tierras mal habidas de la Ex Marina para la
conformación de un asentamiento modelo
En una conferencia el 19 de junio, Emilio
Camacho, interventor del Instituto de Tierras (INDERT), confirmó que Blas
Riquelme no tiene la titularidad de las 2000 ha. El inmueble esta en juicio aun
sin resolver. Su manifiesto deja en evidencia la irregularidad del sistema
judicial paraguayo, servil a los intereses latifundistas, se firman órdenes de
allanamiento y desalojo a favor de personas sin titularidad de las
tierras.
Lugo entrega el aparato represivo a los
Colorados
A causa de lo ocurrido en Curuguaty, Lugo
sustituye al ministro del Interior Carlos Filizzola nombrando al ex Fiscal
General del Estado, Candia Amarilla. Durante su ejercicio de fiscal, Amarilla se
caracterizó por su persecución y criminalización a los sectores
sociales.
Amarilla fue entrenado en Colombia y uno de
los promotores de la implementación del plan Colombia en Paraguay. Además es un
personaje del Partido Colorado. Como si fuera poco, Lugo destituye al Director
Nacional de la Policía y pone en su cargo al jefe de la operación de Curuguaty,
el comisario Arnaldo Sanabria Morán. Sanabria al jurar frente al presidente,
realiza el saludo nazi.
Ambos funcionarios reciben el rechazo masivo
de parte de los movimientos sociales y otros sectores políticos. Amarilla
anuncia que deja nulo el “protocolo” implementado por el anterior ministro en
las operaciones de desalojo que consistía en dialogar con las organizaciones
sociales previo a las operaciones. Amarilla manifiesta que a partir de su
mandato se aplicará mano dura para hacer cumplir la ley.
Con estos dos nombramientos Lugo entrega el
aparato represivo en las manos del Partido Colorado. Se presume que negoció con
estas nominaciones para evitar el juicio político. Sin embargo así logro poner
en su contra al partido liberal, el cual a su vez negoció con el partido
Colorado y los Oviedistas para llevar adelante el juicio político.
El jueves 21 de junio se convoca a una
movilización popular frente a las tierras de Marina Cue. Se concentran más de
mil personas. El plan es permanecer en la entrada y /o volver a entrar y ocupar
el predio hasta lograr la libertad de las personas y recuperar las tierras de
Marina Cue.
Esa misma mañana, los partidos Colorados,
Liberales y Oviedistas acuerdan sorpresivamente el juicio político. En unas
pocas horas se reglamenta en las dos cámaras el protocolo del juicio, dándole al
presidente dos horas el viernes para defenderse.
Desde el jueves, los movimientos sociales
convocaron a movilización masiva frente al congreso. La noche del viernes
pernoctan 2000 personas y columnas de todas las provincias empiezan a llegar a
Asunción. El viernes se concentran alrededor de 10 mil personas frente al
congreso. En varios puntos del país organizaciones cortan las
carreteras.
El viernes por la tarde, después de unas
absurdas y circenses sesiones en el senado, Lugo es condenado. Finalmente los
parlamentarios paraguayos han destruido el proceso de democratización iniciado
con la ascensión de Lugo. Al escuchar el veredicto se da la primera ola de
represión en la plaza fuera del congreso. Esta señala sólo el inicio de lo que
se esta orquestando contra los movimientos sociales y en especial contra el
movimiento campesino.
La solidaridad internacional puede jugar un
rol crucial en la defensa de los Derechos Humanos de los sectores populares.
Llamamos a todas las organizaciones sociales a estar en alerta por la situación
en el Paraguay.
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