Miércoles 22 de mayo de 2013 | 00:26
El máximo tribunal aceptó intervenir en la sustanciación de la demanda y, accediendo al pedido, suspendió preventivamente la aplicación de la mencionada ley de San Luis, hasta tanto se dispusiera o no su validez.
Hace un año ya que el gobierno nacional disfruta del beneficio que le dio aquella medida cautelar. Gozará de esa ventaja hasta que el tribunal resuelva el fondo del asunto. Mientras tanto, podrá seguir avanzando en su "lucha" contra los medios sin que San Luis pueda reaccionar ante eventuales atropellos.
A esta altura de los acontecimientos, uno no puede encontrar en las acciones del Gobierno la tan mentada búsqueda de la "pluralización de la palabra". Lejos de ello se percibe un duro ataque contra la prensa más crítica a las políticas oficiales. En definitiva, el temor a medidas de intervención a algunos medios puede parecer verosímil porque nadie sabe dónde termina la paranoia gubernamental respecto a ciertos periodistas y los medios donde trabajan, en aras de acallar las duras críticas y denuncias de estas horas.
Semejante cuadro no es más que el resultado del devaneo presidencial y de la formidable incapacidad que exhiben quienes la rodean para advertirle los riesgos que ese proceder conlleva.
La idea de que lo que pasa en el país es producto de lo que difunden los medios, se ha vuelto ya un desgastado argumento con el que el Gobierno intenta ocultar errores y malas prácticas. El malestar que provocan en la ciudadanía la inflación, la inseguridad, el tratado con Irán, la patética "democratización de la Justicia" o el escandaloso "blanqueo", no deviene de las páginas de los diarios, de las pantallas televisivas o del éter de la radio sino de la inteligencia ciudadana que percibe esas realidades como infortunios del oficialismo. Nadie se las cuenta: la gente las vive en carne propia.
Al llegar al gobierno, Cristina Fernández despenalizó a favor del periodismo las injurias y las calumnias. Lo que pareció ser una medida profundamente liberal de respeto al pensamiento crítico, paulatinamente acabó mutando al punto de avalar el "enjuiciamiento popular" o el "escrache" de periodistas o, lo que es peor aún, el acoso de la autoridad impositiva sobre los que ejercen duras críticas contra el Gobierno. Un hecho similar al que ocurrió en los Estados Unidos y por el cual Barack Obama se ve duramente cuestionado.
Al ciudadano medio le cuesta soportar la doble moral de un gobierno que predica libertades mientras que en los hechos las acota. Valga como prueba su prédica en contra de las medidas cautelares de las que, según se ha visto, se beneficia sin límite.
Es ese cinismo oficial, que no hace falta descubrir en los medios de comunicación, lo que más exacerba el ánimo ciudadano. Inquieta el descaro de mentir sin pudor en defensa de prácticas reprochables y la frescura de manipular discursos y hasta la historia misma, para justificar y poder preservar sus terquedades.
Ante tanto cinismo, sólo nos queda el derecho a resguardar los espacios en los que se expresa el disenso para que la locura general no nos atrape. De eso se trata. Aunque la Presidenta quiera confundirnos alegando una revolución que deambula en su cabeza pero se desmiente en sus conductas..
En noviembre de 2010, a poco de promulgarse la llamada ley de medios, el gobierno de San Luis dictó una ley en defensa de la libertad de expresión, del pensamiento y de la información. Lo hizo invocando el ejercicio de una facultad no delegada al gobierno federal que la misma Constitución Nacional le reconoce en sus artículos 32 y 121. De ese modo, pretendió limitar la injerencia del poder central en materia de servicios audiovisuales para preservar así el derecho de todos los puntanos a informarse libremente a través de los medios que libremente quieran escoger.
Aquella norma, antecedente inmediato de los decretos que recientemente han dictado los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, fue inmediatamente impugnada por el gobierno de Cristina Fernández. Así, el Estado Nacional demandó ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de la ley provincial y requirió que en forma cautelar se suspendiera su aplicación.
Uno no puede encontrar en las acciones del Gobierno la tan mentada búsqueda de la pluralización de la palabra
El máximo tribunal aceptó intervenir en la sustanciación de la demanda y, accediendo al pedido, suspendió preventivamente la aplicación de la mencionada ley de San Luis, hasta tanto se dispusiera o no su validez.
Hace un año ya que el gobierno nacional disfruta del beneficio que le dio aquella medida cautelar. Gozará de esa ventaja hasta que el tribunal resuelva el fondo del asunto. Mientras tanto, podrá seguir avanzando en su "lucha" contra los medios sin que San Luis pueda reaccionar ante eventuales atropellos.
A esta altura de los acontecimientos, uno no puede encontrar en las acciones del Gobierno la tan mentada búsqueda de la "pluralización de la palabra". Lejos de ello se percibe un duro ataque contra la prensa más crítica a las políticas oficiales. En definitiva, el temor a medidas de intervención a algunos medios puede parecer verosímil porque nadie sabe dónde termina la paranoia gubernamental respecto a ciertos periodistas y los medios donde trabajan, en aras de acallar las duras críticas y denuncias de estas horas.
No deviene de las páginas de los diarios, de las pantallas televisivas o del éter de la radio sino de la inteligencia ciudadana
Semejante cuadro no es más que el resultado del devaneo presidencial y de la formidable incapacidad que exhiben quienes la rodean para advertirle los riesgos que ese proceder conlleva.
La idea de que lo que pasa en el país es producto de lo que difunden los medios, se ha vuelto ya un desgastado argumento con el que el Gobierno intenta ocultar errores y malas prácticas. El malestar que provocan en la ciudadanía la inflación, la inseguridad, el tratado con Irán, la patética "democratización de la Justicia" o el escandaloso "blanqueo", no deviene de las páginas de los diarios, de las pantallas televisivas o del éter de la radio sino de la inteligencia ciudadana que percibe esas realidades como infortunios del oficialismo. Nadie se las cuenta: la gente las vive en carne propia.
Al llegar al gobierno, Cristina Fernández despenalizó a favor del periodismo las injurias y las calumnias. Lo que pareció ser una medida profundamente liberal de respeto al pensamiento crítico, paulatinamente acabó mutando al punto de avalar el "enjuiciamiento popular" o el "escrache" de periodistas o, lo que es peor aún, el acoso de la autoridad impositiva sobre los que ejercen duras críticas contra el Gobierno. Un hecho similar al que ocurrió en los Estados Unidos y por el cual Barack Obama se ve duramente cuestionado.
La doble moral de un gobierno que predica libertades mientras que en los hechos las acota
Al ciudadano medio le cuesta soportar la doble moral de un gobierno que predica libertades mientras que en los hechos las acota. Valga como prueba su prédica en contra de las medidas cautelares de las que, según se ha visto, se beneficia sin límite.
Es ese cinismo oficial, que no hace falta descubrir en los medios de comunicación, lo que más exacerba el ánimo ciudadano. Inquieta el descaro de mentir sin pudor en defensa de prácticas reprochables y la frescura de manipular discursos y hasta la historia misma, para justificar y poder preservar sus terquedades.
Ante tanto cinismo, sólo nos queda el derecho a resguardar los espacios en los que se expresa el disenso para que la locura general no nos atrape. De eso se trata. Aunque la Presidenta quiera confundirnos alegando una revolución que deambula en su cabeza pero se desmiente en sus conductas..
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