Para Adepa, el DNU de Macri "busca preservar una libertad amenazada"
"La mejor ley de prensa es la que no existe", añade el comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.
- 16/05/2013 14:37 , por Redacción LAVOZ
MACRI. Firmó el DNU el martes pasado (Archivo).
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas destacó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia que dictó el gobierno la Ciudad de Buenos Aires que ampara la libertad de expresión e instó a "todas las autoridades del país al fiel cumplimiento de las normas constitucionales e internacionales que tutelan este derecho" (ver Comunicado en PDF).
"La libertad de expresión es un derecho que los ciudadanos se han reservado. Es esencial para el ejercicio de otros derechos y no puede ni debe ser restringida por ninguna autoridad", dijo Adepa en un comunicado.
La entidad señaló que "siempre ha sostenido que la mejor ley de prensa es la que no existe" y destacó que "un decreto que pretende defender la libertad de prensa dentro de un régimen democrático parece redundante", porque "no puede haber lo segundo sin lo primero y por eso nuestra Constitución da un tratamiento jerárquico a esa libertad, sin la cual el resto de las libertades pierden su base".
El comunicado completo
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) siempre ha sostenido que la mejor ley de prensa es la que no existe.
Un decreto que pretende defender la libertad de prensa dentro de un régimen democrático parece redundante. No puede haber lo segundo sin lo primero y por eso nuestra constitución da un tratamiento jerárquico a esa libertad, sin la cual el resto de las libertades pierden su base. Pero en la Argentina se está cuestionando lo obvio.
En ese contexto, destacamos los propósitos y finalidades tuitivas de la libertad de expresión y de prensa contenidos en el decreto de necesidad y urgencia firmado en el día de ayer por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así como en su momento condenamos duramente las agresiones sufridas por periodistas en la cobertura de los recientes incidentes en el Hospital Borda y exigimos al Gobierno de la ciudad que garantizara el derecho a desarrollar la tarea noticiosa sin interferencias ni riesgos.
El decreto desarrolla lo previsto por artículos de la Constitución y por tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.
El control abusivo de la producción de papel para diario es contemplado en este último como una vía indirecta para restringir la libertad de expresión.
En estas horas se debate legislativamente el proyecto de expropiación de acciones de Papel Prensa para lograr el control de la fábrica, lo que conferiría al Estado nacional, que también regula la importación, un monopolio sobre el insumo básico de la prensa.
De aprobarse el proyecto, se instituiría una herramienta de control del Gobierno federal sobre todos los medios gráficos que quisieran seguir ejerciendo su derecho republicano de fiscalización y crítica al accionar oficial.
Ya padeció demasiado la libertad de prensa en la Argentina, cuando hace 60 años se cuotificó, por medio del monopolio estatal de las importaciones, el número de páginas para cada edición de los diarios. Desde luego, los más perjudicados fueron los más empeñosos en la defensa de las libertades públicas.
Los artículos 16 y 18 del decreto protegen a los medios frente a expropiaciones y prohíben la designación de veedores o interventores. Esta restricción alude claramente a la creciente versión de que el Gobierno intervendría el Grupo Clarín.
La aparición intempestiva del secretario de Comercio Interior y el viceministro de Economía en una asamblea del grupo periodístico el pasado 26 de abril, una inédita acumulación de pedidos de informes por parte de la Comisión Nacional de Valores y advertencias de distintos periodistas a partir de datos aportados por sus fuentes sostienen la versión.
La modificación realizada a fines de 2012 a la ley que regula el mercado de capitales permite al Gobierno la designación de veedores y la intervención de compañías que cotizan en bolsa, ante la solicitud de accionistas minoritarios. El decreto porteño contradice esa abusiva facultad.
La libertad de expresión es un derecho que los ciudadanos se han reservado. Es esencial para el ejercicio de otros derechos y no puede ni debe ser restringida por ninguna autoridad. Adepa insta a todas las autoridades del país al fiel cumplimiento de las normas constitucionales e internacionales que tutelan este derecho, ya que una democracia no puede subsistir sin la más amplia posibilidad de debate y crítica.
"La libertad de expresión es un derecho que los ciudadanos se han reservado. Es esencial para el ejercicio de otros derechos y no puede ni debe ser restringida por ninguna autoridad", dijo Adepa en un comunicado.
La entidad señaló que "siempre ha sostenido que la mejor ley de prensa es la que no existe" y destacó que "un decreto que pretende defender la libertad de prensa dentro de un régimen democrático parece redundante", porque "no puede haber lo segundo sin lo primero y por eso nuestra Constitución da un tratamiento jerárquico a esa libertad, sin la cual el resto de las libertades pierden su base".
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) siempre ha sostenido que la mejor ley de prensa es la que no existe.
Un decreto que pretende defender la libertad de prensa dentro de un régimen democrático parece redundante. No puede haber lo segundo sin lo primero y por eso nuestra constitución da un tratamiento jerárquico a esa libertad, sin la cual el resto de las libertades pierden su base. Pero en la Argentina se está cuestionando lo obvio.
En ese contexto, destacamos los propósitos y finalidades tuitivas de la libertad de expresión y de prensa contenidos en el decreto de necesidad y urgencia firmado en el día de ayer por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así como en su momento condenamos duramente las agresiones sufridas por periodistas en la cobertura de los recientes incidentes en el Hospital Borda y exigimos al Gobierno de la ciudad que garantizara el derecho a desarrollar la tarea noticiosa sin interferencias ni riesgos.
El decreto desarrolla lo previsto por artículos de la Constitución y por tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.
El control abusivo de la producción de papel para diario es contemplado en este último como una vía indirecta para restringir la libertad de expresión.
En estas horas se debate legislativamente el proyecto de expropiación de acciones de Papel Prensa para lograr el control de la fábrica, lo que conferiría al Estado nacional, que también regula la importación, un monopolio sobre el insumo básico de la prensa.
De aprobarse el proyecto, se instituiría una herramienta de control del Gobierno federal sobre todos los medios gráficos que quisieran seguir ejerciendo su derecho republicano de fiscalización y crítica al accionar oficial.
Ya padeció demasiado la libertad de prensa en la Argentina, cuando hace 60 años se cuotificó, por medio del monopolio estatal de las importaciones, el número de páginas para cada edición de los diarios. Desde luego, los más perjudicados fueron los más empeñosos en la defensa de las libertades públicas.
Los artículos 16 y 18 del decreto protegen a los medios frente a expropiaciones y prohíben la designación de veedores o interventores. Esta restricción alude claramente a la creciente versión de que el Gobierno intervendría el Grupo Clarín.
La aparición intempestiva del secretario de Comercio Interior y el viceministro de Economía en una asamblea del grupo periodístico el pasado 26 de abril, una inédita acumulación de pedidos de informes por parte de la Comisión Nacional de Valores y advertencias de distintos periodistas a partir de datos aportados por sus fuentes sostienen la versión.
La modificación realizada a fines de 2012 a la ley que regula el mercado de capitales permite al Gobierno la designación de veedores y la intervención de compañías que cotizan en bolsa, ante la solicitud de accionistas minoritarios. El decreto porteño contradice esa abusiva facultad.
La libertad de expresión es un derecho que los ciudadanos se han reservado. Es esencial para el ejercicio de otros derechos y no puede ni debe ser restringida por ninguna autoridad. Adepa insta a todas las autoridades del país al fiel cumplimiento de las normas constitucionales e internacionales que tutelan este derecho, ya que una democracia no puede subsistir sin la más amplia posibilidad de debate y crítica.
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