cuatro meses de la caída de la medida cautelar que frena el artículo 161 de la ley de medios
El próximo 7 de diciembre es la fecha clave. Es el límite que fijó la Corte Suprema de Justicia para el vencimiento de la medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín al mantener suspendida la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que lo obliga a desinvertir. Y en su intento por mantenerse al margen de la ley, el multimedios conducido por Héctor Magnetto se vale ahora de la última arista de la que se podía asir y que le brindan en bandeja los sectores de la oposición en el Congreso de la Nación.
En su carácter de apoderada de de ARTEAR (Canal 13), Radio Mitre y Cablevisión, María de los Milagros Páez presentó ayer un escrito ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para desconocer la cédula de notificación que le envió ese organismo el pasado 27 de julio para que entregaran, en un plazo no mayor a los diez días hábiles, informes sobre la cantidad y características de sus accionistas, además de los servicios que prestan.
En el escrito presentado ayer, la representante legal del multimedios desconoce la autoridad de la AFSCA, dando así una nueva muestra de la intención de Ernestina Herrera de Noble y Magnetto de mantenerse al margen de las leyes que rigen para el resto de los grupos de medios. "En este acto, mi mandante manifiesta en forma expresa, que desconocerá cualquier acto emitido por esa Autoridad por ilegítimo, hasta tanto la misma no se encuentre integrada en su totalidad y en debida forma conforme lo establece el artículo 14" de la Ley de Medios de la Democracia.
Se refiere a la composición del directorio de la AFSCA que, de acuerdo con el artículo 14 de la norma, debe estar integrado por siete miembros: un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por esta propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría o primer minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercer minoría parlamentarias; dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Precisamente, son los representantes de la segunda y tercera minorías parlamanterias los que, casi tres años después de sancionada la Ley de Medios de la Democracia, no fueron aún designados por la oposición y que hoy intenta esgrimir el grupo monopólico como excusa para seguir manteniendo su posición dominante en el mercado.
En el escrito, el Grupo Clarín volvió a apelar además a la estrategia de la victimización. Allí asegura ser víctima de "un escandaloso proceso de hostigamiento instrumentado por la Administración Central". Desconoce que las cédulas de notificación enviadas por la AFSCA no tuvieron como único destino las empresas del Grupo Clarín, sino que se libraron a cerca de una veintena de grupos de medios como el grupo Uno Medios, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano; el Grupo Indalo, de Cristóbal López; el Grupo Hadad, de Daniel Hadad, entre otros. Las cédulas no motivaron, sin embargo que ninguno de ellos denunciara a la AFSCA por "hostigamiento" o "persecución". Se trataba solamente de recabar información técnica de modo de poder, a partir del 7 de diciembre próximo, avanzar en la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El Grupo Clarín se apoya en la oposición para incumplir la ley
Dice desconocer la autoridad de la AFSCA porque su directorio no está debidamente integrado. Falta que la oposición parlamentaria designe sus representantes
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Tiempo Argentino
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El próximo 7 de diciembre es la fecha clave. Es el límite que fijó la Corte Suprema de Justicia para el vencimiento de la medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín al mantener suspendida la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que lo obliga a desinvertir. Y en su intento por mantenerse al margen de la ley, el multimedios conducido por Héctor Magnetto se vale ahora de la última arista de la que se podía asir y que le brindan en bandeja los sectores de la oposición en el Congreso de la Nación.En su carácter de apoderada de de ARTEAR (Canal 13), Radio Mitre y Cablevisión, María de los Milagros Páez presentó ayer un escrito ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para desconocer la cédula de notificación que le envió ese organismo el pasado 27 de julio para que entregaran, en un plazo no mayor a los diez días hábiles, informes sobre la cantidad y características de sus accionistas, además de los servicios que prestan.
En el escrito presentado ayer, la representante legal del multimedios desconoce la autoridad de la AFSCA, dando así una nueva muestra de la intención de Ernestina Herrera de Noble y Magnetto de mantenerse al margen de las leyes que rigen para el resto de los grupos de medios. "En este acto, mi mandante manifiesta en forma expresa, que desconocerá cualquier acto emitido por esa Autoridad por ilegítimo, hasta tanto la misma no se encuentre integrada en su totalidad y en debida forma conforme lo establece el artículo 14" de la Ley de Medios de la Democracia.
Se refiere a la composición del directorio de la AFSCA que, de acuerdo con el artículo 14 de la norma, debe estar integrado por siete miembros: un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por esta propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría o primer minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercer minoría parlamentarias; dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Precisamente, son los representantes de la segunda y tercera minorías parlamanterias los que, casi tres años después de sancionada la Ley de Medios de la Democracia, no fueron aún designados por la oposición y que hoy intenta esgrimir el grupo monopólico como excusa para seguir manteniendo su posición dominante en el mercado.
En el escrito, el Grupo Clarín volvió a apelar además a la estrategia de la victimización. Allí asegura ser víctima de "un escandaloso proceso de hostigamiento instrumentado por la Administración Central". Desconoce que las cédulas de notificación enviadas por la AFSCA no tuvieron como único destino las empresas del Grupo Clarín, sino que se libraron a cerca de una veintena de grupos de medios como el grupo Uno Medios, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano; el Grupo Indalo, de Cristóbal López; el Grupo Hadad, de Daniel Hadad, entre otros. Las cédulas no motivaron, sin embargo que ninguno de ellos denunciara a la AFSCA por "hostigamiento" o "persecución". Se trataba solamente de recabar información técnica de modo de poder, a partir del 7 de diciembre próximo, avanzar en la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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