Fallidos
códigos de ética
Sebastián
Lacunza reflexiona sobre la vigencia de los códigos de ética y ensaya
propuestas alternativas.
Una mención de Cristina Kirchner a la necesidad de
una ley de ética periodística devolvió a la superficie el debate sobre
deontología profesional. Descartada como analizable la riesgosa hipótesis de
que el Estado legisle sobre el tema, se presenta la oportunidad de analizar la
utilidad de códigos de ética dictados por empresas, colectivos o sindicatos,
definidos como autorregulatorios.
A
la luz de experiencias nacionales e internacionales, podríamos concluir que la
incidencia de esos textos es inversamente proporcional a la ambición contenida
en sus postulados. A mi juicio, por dos motivos centrales.
1.
Buena parte de lo prescripto son cuestiones evidentes, de las que antes que los
códigos de ética se ocuparon los códigos penales y civiles.
2.
Los aspectos más debatibles y menos (o no) judicializables forman parte de una
letra que se torna inocua en momentos críticos, o que se presenta tan rígida
que no contempla realidades que merecen consideraciones diferentes.
Sobre
el primer punto, resulta obvio que ningún texto que fije pautas de
comportamiento para periodistas se arriesgará a contradecir un ordenamiento
jurídico democrático. Plagiar, mostrar el rostro de un niño sin permiso,
violentar la intimidad, espiar a las fuentes o a colegas, agraviar a una
minoría o inventar un testimonio motivan sanciones judiciales o administrativas
de distinto grado.
En
cuanto a los aspectos más debatibles e interesantes, muchos artículos, lejos de
“orientar” comportamientos (la opción de mínima que los defensores de códigos
de ética suelen enarbolar), terminan condenando a periodistas que ejercen la
profesión en condiciones desventajosas, mientras permiten a quienes manejan más
dinero, poder y relaciones sortear todo incumplimiento formal.
Varios
son los ejemplos acerca del punto de fuga a la hora de la verdad, cuando las
prescripciones de los códigos se tornan inocuas. Uno notorio se dio en Estados
Unidos, donde todo medio de calidad que se precie de tal enarbola su código de
ética, pero ello no evitó que The New York Times (NYT) o The Washington Post
(WP) actuaran como vehículos de la falsa versión de George W. Bush sobre las
armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. En consecuencia, en 2002-2003,
en la nada quedaron el doble chequeo de datos, el off the record sólo como
excepción y la debida distancia con las fuentes, un “abc” de las
autorregulaciones.
Los
ejemplos también recorren Europa. Periódicos referentes han evidenciado en años
recientes bruscos cambios de postura en función de las alianzas políticas y
económicas de sus empresas editoras, atenuados recién cuando se quejaron los
lectores. Se trata del famoso contrato de lectura, antes que de cualquier otra
cosa, y que también llevó al NYT y al WP a encabezar más tarde el
esclarecimiento de las mentiras del Pentágono sobre Irak.
No
todo son grandes trazos editoriales que llevan por delante pretenciosos
artículos. Por caso, los códigos suelen dedicar uno o varios puntos a prohibir
que los periodistas se ocupen de conseguir pauta publicitaria.
Este
principio así declamado cabe tanto a los periodistas que trabajan, por ejemplo,
en Goya o Berazategui, como a los rostros más conocidos e influyentes de Buenos
Aires. De acuerdo con la norma, los primeros se verían forzados a lograr uno de
los pocos puestos formales que se ofrecen en sus ciudades o a resignarse a
abandonar la profesión, ya que en cierta parte de la Argentina, el acceso a un
micrófono o a una página va atado a conseguir el auspiciante.
Por
el contrario, editores reconocidos tendrán siempre a mano ofertas de
productoras para gestionar los más variados formatos para multiplicar sus
ingresos (boletines, asesorías, charlas, etc.) y que les permitirán salvar todo
incumplimiento en las formas. Dicho esto, abundan ejemplos de periodistas que
se desempeñan en mercados reducidos y abusan al amparo de la “necesidad” de
conseguir avisos, así como de importantes editores que escapan a maquillajes
para hacer negocios.
Hace
dos años, dado que tiempo atrás corredacté un código de ética, le pregunté al
colombiano Javier Darío Restrepo, experimentado editor y experto en
deontología, si estos textos no estaban condenados a transformarse en
ornamentos. Me respondió que ello podría ocurrir, pero que, aun así, serían
útiles como un “faro” orientativo. Si ése es el objetivo, cabe preguntarse
entonces si no son mucho más convenientes y sinceras breves declaraciones de
principios que den cauce a un medio o a un colectivo, antes que detallados
artículos destinados a ser burlados.
Por
lo demás, una mejor formación de los periodistas, la desconcentración del mercado,
medios públicos ejemplares, instituciones como el defensor de las audiencias,
controles cruzados, decálogos breves, sindicatos activos y algún tipo de
derecho a réplica aparecen como herramientas genuinas que contribuirían a
cometer menos pecados.
*
Periodista en Ambito Financiero y docente en UCES.
@sebalacunza
MEDIOS
Y COMUNICACION
La
doble lucha capital
Martín
López Lastra discute sobre la relación entre dos mundos, el jurídico y el
periodístico, a partir de la cobertura de los hechos judiciales.
El análisis sobre cobertura periodística de hechos
judiciales es atractivo a la hora de bucear en un profundo océano de
explicaciones. Aquellas que nos acerquen a las causas de una relación problemática
y hasta ciclotímica –con momentos de cooperación y conflicto– entre dos mundos
tan disímiles como el jurídico y el periodístico.
Al
confrontar a estos mundos en su forma de mirar y pararse frente a la realidad
–orientándonos hacia una dimensión epistemológica–, tomamos de Pierre Bourdieu
la categorización de éstos como “campos”, en tanto redes de relaciones entre
sujetos con una actividad, formas de ser y de actuar en común y que, a su vez,
defienden esa mirada o producción de sus saberes y prácticas hacia el gran
campo social. La forma de interpretar y generar prácticas que identifiquen al
campo la da el agente con su “habitus”.
Entre
campos hay una competencia por obtener “capital” o reconocimiento social. Y hay
una gran lucha de los agentes que los componen por el dominio o máximo
reconocimiento dentro del propio campo.
Se
da así esta doble lucha por el capital. En nuestro caso, entre lo jurídico y
los medios y en el interior de cada uno de esos campos enunciados.
Bourdieu
avanzó sobre una interpretación del capital que va más allá del enfoque
marxista. Superó una visión meramente economicista. Admitió una lucha de clases
en un campo determinado ante una distribución desigual de capital. Pero, a
diferencia del teórico alemán, Bourdieu nos habla de capital simbólico o
“energía física de lo social”. Una categoría general que incluye al capital
económico, pero también cultural y social. Hacia el interior del campo, sus
agentes se disputan la mayor parte del capital en sus diferentes especies y
volúmenes. Es una dinámica permanente, porque entienden que ése es el objetivo
que está en juego (en jeux).
Advertimos,
para el campo jurídico, su estratificación en instancias judiciales, abogados
de distinta experiencia, trayectoria e ingresos y la descripción podría
continuar. En el periodístico, también se pueden observar jerarquías y
responsabilidades asignadas a periodistas en empresas y distintos
reconocimientos por investigaciones realizadas o primicias obtenidas.
En
términos de disputa por el gran capital simbólico, hay quienes aportaron sus
visiones sobre cómo ambos mundos disputan el capital ante el campo social,
entendido como prestigio o legitimación.
El
prestigio del campo jurídico podríamos resumirlo en aquel pensamiento del
recordado Oscar Landi cuando resaltaba el valor del juez como el gran ordenador
de “una sociedad desquiciada”. Esta idea se resaltó en los ’90 y en el contexto
de una de las tantas crisis económicas e institucionales como la de 2001, donde
se rescató el valor de la Justicia como la última palabra en materia de
legitimación del orden social.
Ahora,
una gran mayoría, compuesta tanto por jurídicos como por “profanos” (como
Bourdieu calificó a los ajenos al Derecho) coinciden en la gran función de los
medios como vectores indispensables del principio de publicidad de los actos
judiciales. Concepto nacido desde lo jurídico y aprovechado por los medios para
justificar su derecho de mayor acceso a la información judicial institucional.
Esta
asignación positiva hacia los medios tuvo su reconocimiento expreso por hombres
jurídicos. Valga el ejemplo de Carlos Fayt, quien en el libro La omnipotencia
de la prensa los califica hasta políticamente como defensores u “Ombudsman” de
la opinión pública.
A
modo de conclusión, la competencia entre ambos mundos por el prestigio o
capital simbólico ante lo social se daría en la disputa por el relato.
Sin
entrar en discusiones filosóficas sobre la lucha por la verdad, al menos, se
desarrolla una competencia por el relato con mayor verosimilitud ante episodios
en investigación y juzgamiento.
El
mundo jurídico, más encorsetado, lo realiza con un sustento desde un pacto
social que le propone reglas de juego rígidas, pero previsibles a los efectos
de asegurar derechos. El mundo periodístico, aprovechando las puertas que le da
la garantía de un mayor acceso a la información, rediseña, actualiza y
enriquece su juicio paralelo.
La
idea del juicio paralelo no es nueva, pero provoca nuevas sensaciones y
discusiones acerca de si debe concebirse sólo como control del Gobierno, en
este caso de la Justicia institucional, o como un nuevo servicio atractivo para
ofrecer a sus respectivos mercados.
*
Licenciado en Comunicación Social UNLP. Autor del libro Venganza de los
profanos.
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