jueves, 29 de agosto de 2013

LA DEFENSORIA DESMIENTE A CLARIN

 

A raíz de la nota titulada “Falsedades y agravios al Grupo Clarín en la audiencia por la Ley de Medios”, que hoy publicó el diario Clarín, la Defensora del Público Cynthia Ottaviano deja constancia sobre los reclamos que este organismo recibió y que fueron mencionados en la audiencia de ayer ante la Corte Suprema de Justicia.

Los mismos corresponden a:

Actuación N° 452/2013 del 14 de agosto una mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que denunció: “Tengo una hija pequeña y quisiera acceder al canal Paka-Paka sin tener que pagarle a Cablevisión el extra por el servicio HD, como lo vengo haciendo hace más de un año. En abril de 2011 envié en reiteradas ocasiones mails a la empresa pidiéndoles que incorporaran el canal a la grilla básica, denunciando que estaban contraviniendo lo que dicta la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia y quebrantando nuestros derechos constitucionales a acceder a una TV de calidad que estimule el desarrollo y el bienestar de los chicos y las chicas argentinos…”

Actuación N° 221/2013 del 28 de junio, un hombre, de la ciudad de Tandil denunció: “[En Tandil]…Cablevisión no ha incluido en su grilla de programación los canales de la televisión digital. Me parece que eso […] priva en primer lugar a los argentinos de acceder a esos contenidos que en muchos casos son científicos, educativos y tienen —me parece— un valor agregado que no encontramos en otras señales de televisión de la Argentina […] desde hace meses se están produciendo contenidos, y no solamente no tenemos posibilidad de acceder a esos productos desde la única empresa que ofrece el servicio de televisión por cable…”

Actuación 202/2013 del 2 de julio, un denunciante de la localidad de Funes, provincia de Santa Fe afirmó: “…soy el dueño de un canal de aire, nacido con la nueva ley de medios, hace 4 años funcionamos en la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe y sólo salimos por aire, o sea que solo nos puede ver muy poca gente que es la que no cuenta con sistema de cable, me reuní varias veces con las dos empresas de cable de la ciudad, una es una empresa local y la otra es del Grupo Clarín, ninguna de las dos nos quiere incorporar, cuando la ley de medios exige que los sistemas de cable tomen los canales locales del área de cobertura, ellos dicen que al no tener licencia no tienen obligación, pero nosotros contamos con todos los papeles presentados en el AFSCA y pagamos todo lo que nos piden, además la gente del pueblo quiere ver canal 10 en el cable, estamos declarados de interés general por el concejo de la ciudad y […] uno de los cables no cuenta con canal local…”

Actuación 89/2013 del 6 de mayo, una señora de la localidad de Mar del Plata denunció: “Qué se puede hacer en Mar del Plata, donde somos ‘cautivos obligados’ de esta empresa ya que no podemos acceder a otro proveedor de cable, que permanentemente nos aumenta la tarifa […] somos jubilados, a dónde vamos a ir para que no nos sigan aumentando?”

Actuación 78/2013 del 29 de abril, un hombre de la localidad de Rawson, partido de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, denunció: “En la localidad de Rawson, partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, Cablevisión S.A. es el único proveedor de servicios de televisión y limita su programación en esta localidad, discriminatoria y abusivamente, a solo aprox. 35 canales cuando publicita que su programación es de 75 canales de conformidad con el paquete más económico “Cablevisión Clásico” […], a los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual se nos impide ejercer la libertad de elección y se nos dispensa un trato discriminatorio que restringe irrazonablemente el acceso a la información y a la diversidad cultural”.

Lo dicho por Ottaviano en la presentación de ayer en la Corte sobre el comportamiento del Grupo Clarín en la localidad de Punta Alta fue corroborado por el Gerente Administrativo, Jorge Fullana quien aseguró: "Ayer la Defensora del Público Cynthia Ottaviano ilustró el comportamiento del Grupo ‘Clarín’ cuando en el 2008 llegó a regalar el abono de su empresa de cable para terminar con la competencia, allí donde ésta aún sobrevive. Multicanal/CableVisión de la localidad de Punta Alta cobraba menos de $40 mensuales a sus abonados, contra los casi $90 que cobraba en casi todo el resto del país. El precio, además incluía los paquetes de películas HBO y Movie City (como se puede comprobar en las facturas y en el anuncio de la empresa que se adjuntan), y hasta el fútbol codificado. Esto, obviamente, afectó de manera directa a su único competidor sobreviviente, Punta Alta Visión, que se vio forzado a no pasar de los $47 mensuales a riesgo de quedarse sin abonados”.

Para mayor información ver el Amicus presentado por esta Defensoría ante la CSJN en la web de la Defensoría: www.defensadelpublico.gob.ar

 
SEGUNDA JORNADA DE LA AUDIENCIA POR LA LEY DE MEDIOS

“No hay posibilidad de libertad de expresión con este nivel de concentración mediática"

En su exposición durante la audiencia pública convocada por la Corte Suprema, el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, defendió la plena vigencia de la ley 26.522 y calificó como "escandaloso" al fallo de la Cámara Civil y Comercial que declaró inconstitucionales algunos artículos de la norma. Dijo que de confirmarse esa sentencia se avalaría "una tendencia monopólica, una posición dominante y competencia desleal por parte del Grupo Clarín". En tanto, los abogados del multimedios hablaron de un "hostigamiento" contra el Grupo.
 

“Vengo a enfrentar un escandaloso fallo de la Cámara", afirmó Sabbatella, y argumentó que esa sentencia "ha establecido la constitucionalidad de todos los aspectos que afectan poco al Grupo Clarín". Añadió que de confirmarse, el fallo agravaría la situación de concentración actual porque "regularía a los competidores del Grupo Clarín y no al Grupo Clarín”.
El funcionario remarcó que, salvo Clarín, "todos los grupos han presentado planes de adecuación". "No creo que sean empresas que quieran suicidarse o fundirse", remarcó. Luego recordó que "el grupo que viene a cuestionar la Ley no es cualquier grupo, es un grupo muy poderoso: posee internet, TV, agencias de noticias, maneja en forma monopólica el papel".
Aseguró que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "no es una ley hecha a medida del Grupo Clarín", sino que busca "enfrentar las tendencias monopólicas". En ese sentido, definió al artículo 45 de la norma como "nodal" porque "busca que no haya un gigante tomatodo" y tiene como fin "garantizar la armonía del conjunto de los actores" de las comunicaciones audiovisuales.
"Democratizar la palabra necesita de la generación de nuevas herramientas y atacar la concentración mediática", afirmó Sabbatella, y sostuvo que "se habla del Grupo Clarín porque es el más grande, el que más se excede" y porque "es el único que cuestiona la ley". El titular de la Afsca insistió con que “tiene que haber nuevas voces, pero hoy no tienen espacio” y cerró su exposición pidiendo "nunca menos democracia y nunca más concentración de medios".
Antes, durante sus 10 minutos de exposición ante la Corte, los abogados de Clarín denunciaron acciones de "hostigamiento" contra la empresa. Enumeraron "el cepo publicitario privado y la quita de la publicidad oficial" como medidas para "silenciar la voz crítica". "El gobierno dijo que entregó 600 nuevas licencias. ¿Para qué quiere las de Clarín? ¿Es para silenciar una voz crítica?", preguntó el abogado Damián Cassino, y consideró que "no hace falta quitarle licencias a Clarín para que se escuchen otras voces".
"Con esta ley se pretende disimular que lo único que se persigue es desguazar al grupo Clarín", agregó. También criticó el hecho de que no se haya realizado ningún estudio de mercado previo a la sanción de la ley en el que haya quedado "acreditada la falta de pluralidad o la supuesta concentración". "Nunca el Estado ha demostrado el estado y la conformación del mercado y los niveles de concentración. No se sabe quiénes son los competidores ni qué compiten", dijo, y añadió: "Se quiere desconcentrar y no se sabe la medida del mercado".
Por su parte, Alejandro Carrió habló de los "criterios arbitrarios" que aplicó el gobierno nacional con los límites de 24 licencias o del 35 por ciento de cuota de mercado, y consideró que de aplicarse la ley el grupo "va a perder una gran cantidad de llegada al público que quiere escuchar su voz". "Esta Corte dijo en otros casos que cualquier restricción estatal tiene que ser neutra, pero Clarín no recibe un tratamiento neutro, ni nada que se le parezca", aseguró, y señaló que de aplicarse la normativa el grupo tenderá a desaparecer.
Finalmente, María Angélica Gelli destacó la "voz crítica" que representa el Grupo y señaló que actualmente Clarín es el "único medio en condiciones de hacer periodismo de investigación, ya que el restante 80 por ciento vive de pauta".

Ley de Medios



Los argumentos que se llevó la Corte para dictaminar sobre la ley de medios

Política
Durante la audiencia pública de más de tres horas, el máximo tribunal interrogó a Clarín y al Gobierno, que defendieron su postura; fue el último paso antes del fallo
Ahora, sólo queda el dictamen de la Corte. El conflicto entre el Grupo Clarín y el Gobierno por la ley de medios tuvo hoy el penúltimo capítulo de su derrotero judicial. En la segunda jornada de la audiencia pública convocada por el máximo tribunal, cada parte pudo exponer sus argumentos antes de que llegue el fallo que dictaminará sobre la constitucionalidad -o no- de los artículos cuestionados. Ese momento crucial aún sigue sin fecha.
Durante tres horas y media, los magistrados interrogaron exhaustivamente a los representantes del multimedios -encabezados por el abogado Damián Cassino- y de la Casa Rosada -que envió un grupo de técnicos dirigidos por el titular de la Afsca, Martín Sabbatella-.
En total fueron 17 preguntas para Clarín y 36 para el Gobierno, además de algunas que se realizaron al perito económico Néstor Rubén Alessandri, que negó que el grupo sea un monopolio y aseguró que su desinversión significaría una "menor prestación y bienestar para el usuario".
Las posturas no se movieron de su posición original, las mismas de cuatro años atrás, cuando la ley fue sancionada por el Congreso y Clarín impugnó en la Justicia cuatro artículos. Mientras el grupo mediático aseguró que que la aplicación total de la norma afecta la sustentabilidad económica de la empresa y a la libertad de expresión, la Casa Rosada sostuvo que la ley protege la diversidad de contenidos y de los prestadores de servicios.
No hubo debate entre las partes, pero sí acusaciones cruzadas en los momentos finales de la audiencias, cuando la Corte concedió 10 minutos a cada uno para sus alegados. "¿Para qué quieren las licencias del Grupo Clarín? ¿para silenciarlo?", se preguntó allí Cassino. A su turno, Sabatella acusó al grupo de actitudes desestabilizadoras: "Los límites que impone le alcanzan para ser sustentable [económicamente], salvo que quiera extorsionar a la democracia, manipular a la opinión pública o sacar y poner presidentes".
El juez Eugenio Zaffaroni fue el único ausente en la audiencia porque -según trascendió- está de viaje en Alemania. Ayer, el magistrado apenas escuchó los primeros minutos de la presentación de los "amicus curiae" y se retiró de la sala sin regresar.
 
El máximo tribunal recibió a diez representantes, cinco por el Estado y cinco por el Grupo Clarín, en una audiencia pública.  Foto:  LA NACION  / Aníbal Greco
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Argumentos enfrentados

Primero en exponer por ser el demandante, Clarín dispuso a sus abogados Cassino, Angélica Gelli y Alejandro Carrió, junto a un grupo de técnicos, a responder frente al tribunal.
La empresa argumentó una "incapacidad de sobrevivir" en caso de entrar en vigencia los artículos 41 -prohíbe venta de las licencias de medios audiovisuales-, 45 -fija varias restricciones a la cantidad de licencias de FM, AM, TV abierta y por suscripción-, 48 -impide argumentar derechos adquiridos sobre licencias obtenidas antes de la sanción de la ley- y 161 -fija el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para la adecuación.
"La ley produce un efecto contrario al que declara, se afecta la libertad de expresión porque se afecta la sustentabilidad del grupo", dijo uno de los abogados de Clarín

¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión?, quiso saber la Corte. Los defensores aludieron a un "hostigamiento por parte del Estado Nacional" e intentaron vincular las pérdidas económicas que sufriría el grupo con la libertad de expresión. "La ley produce un efecto contrario al que declara, se afecta la libertad de expresión porque se afecta la sustentabilidad del grupo", argumentó Cassino. "Se desbarata un medio que es una puerta al mundo", dijo Gelli.
"¿Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del grupo Clarín, qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad, no tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos a Clarín?", quiso saber el tribunal. Gelli volvió a hablar de la "sustentabilidad" y Lorenzetti pidió a los expositores que sean concisos en sus respuestas. Fueron los especialistas finalmente quienes dieron una respuesta técnica a la situación.
Tras un cuarto intermedio, la pelota pasó al campo del Ejecutivo, cuyos defensores debieron responder más del doble de preguntas que se le hicieron a Clarín. La situación provocó bromas al final de la intervención. "Menos mal", soltó entre risas la abogada Graciana Peñafort Colombi cuando el presidente del tribunal le comentó en un momento que le hacían la pregunta 36, la última.
"No se aplica plenamente [la norma] porque un grupo de medios no quiere entrar en las generales de la ley", sostuvo uno de los defensores del Ejecutivo

Los representantes del Estado admitieron ante la Corte que cuatro años después de la sanción de la ley se aprobó el 35,9 % de las solicitudes de adecuación a la nueva norma, que fueron presentadas por los diferentes adjudicatarios de licencias.
Ante una pregunta sobre el cumplimiento de la norma por parte del organismo, el abogado Daniel Larrache reconoció la situación actual: hasta el momento se adecuaron 14 licenciatarios, 15 adecuaciones aún esperan aprobación y 10 fueron desestimadas.
También mostró el peso de Clarín frente a otros medios. Aseguró que el multimedios ostenta más de 230 licencias, frente a 49 su segundo competidor. Dijo que hay 650 licenciatarios con una sola licencia de cable.
En otras respuestas, Larrache -director de gestión, administración y desarrollo de la Afsca- admitió que la ley "no se aplica plenamente porque un grupo de medios no quiere entrar en las generales de la ley". Y Peñafort remarcó que Clarín "logró concentrar más licencias que las permitidas" y señaló que "la libertad de expresión es un valor simbólico que requiere una legislación anterior a que se produzca la vulneración", a diferencia de la ley de defensa de la competencia, que es posterior.
El reloj marcó las 13.30 cuando Lorenzetti dio por cerrada la audiencia que había comenzado puntual a las 10. Y abrió el espacio de reflexión que tendrán los magistrados sobre la constitucionalidad o no de los 4 artículos impugnados, aunque no precisó cuántas semanas o meses requerirá. "La Corte pasa a deliberar", concluyó
 SABBATELLA PIDIO QUE LA CAUSA “SE RESUELVA CON CELERIDAD”

“Buscan sostener el privilegio”

El titular de la Afsca dijo que “Clarín no quiere ser un actor más de la comunicación audiovisual, sino condicionar a los poderes públicos y definir el rumbo del país”. Sabbatella expondrá hoy ante la Corte Suprema.

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, afirmó que “Clarín no quiere ser un actor más de la comunicación audiovisual, sino condicionar a los poderes públicos y definir el rumbo del país”. El dirigente de Nuevo Encuentro expresó su confianza en que la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia, en la que hoy expondrá en representación del gobierno nacional, sea “el paso previo para la resolución definitiva” del conflicto que se generó a partir del planteo de inconstitucionalidad que hizo el Grupo Clarín sobre algunos artículos de la ley de medios, aprobada hace cuatro años por el Congreso nacional.
“Es importante que el tema se resuelva con celeridad”, advirtió Sabbatella al ingresar ayer al Palacio de Tribunales para presenciar la exposición de los amicus curiae ante la Corte. Agregó que si bien la ley se discutió en foros en todo el país y en el propio Congreso antes de su aprobación, “si la Corte consideró necesaria esta audiencia” la Afsca prestará la colaboración necesaria. “Esta ley de la democracia es una herramienta parlamentaria nacional que aprobó el Congreso hace cuatro años por amplia mayoría, y no sólo con el voto del oficialismo sino también de la oposición”, recordó, y agregó que la ley vino “a democratizar el mercado” de medios.
El funcionario dijo no tener dudas sobre la constitucionalidad de la ley ni sobre “la capacidad regulatoria que tiene el Estado”. “Yo no me puedo imaginar un escenario en el que la Corte declare la inconstitucionalidad de la ley porque creo que es absolutamente constitucional”, aseveró. De todas formas, dejó claro que si la Corte se pronunciara en contra se aceptará la decisión “como siempre se ha hecho”. Desde la sanción de la ley, el 10 de octubre de 2009, la Justicia “ya ha opinado respecto de su constitucionalidad en cinco oportunidades” y una sola vez en contra, recordó Sabbatella, en referencia al pronunciamiento de la Cámara, que “fue hecho a la medida del Grupo Clarín”, dijo.
Sobre los tiempos del alto tribunal para pronunciarse, expresó que “es una decisión de ellos (los jueces), pero esperamos que sea lo antes posible porque hay una situación de gravedad institucional, porque hay una ley aprobada hace cuatro años que no se puede aplicar”. “Todas las empresas tienen que cumplir la ley, sin diferencias”, remarcó, y recordó que “Clarín es la única empresa que no sólo no presentó su voluntad de adecuarse a la ley, en clara rebeldía, sino que además no cumple con la grilla” de ordenamiento de los canales de TV.
Finalizada la audiencia de ayer, Sabbatella remarcó que “la democracia necesita que la ley de medios se aplique integralmente”. “Clarín no quiere ser un actor más de la comunicación audiovisual, sino condicionar a los poderes públicos y definir el rumbo del país”, aseveró. “En la audiencia quedaron claras las distintas posiciones y se ratificó lo que cada uno defiende: cuando uno escucha a los que defienden la constitucionalidad de la ley queda claro que lo que se está defendiendo es la facultad del Estado de regular la comunicación audiovisual”, explicó. “Esa intervención es necesaria para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del país”, agregó.
En contraposición, “cuando escuchás a quien defiende la inconstitucionalidad queda también claro que lo que hacen es defender los intereses de un grupo económico, ya que lo que hicieron fue defender la rentabilidad empresarial por encima de los derechos de nuestro pueblo”, dijo. “Buscan sostener la situación de privilegio del Grupo Clarín en desmedro del derecho a la libertad, poniendo siempre por delante los intereses empresariales”, expresó Sabbatella. En ese marco, resaltó que “el poderío económico y mediático del Grupo Clarín fue construido con el terrorismo de Estado de la última dictadura militar, durante la década de los ’90 y también extorsionando a los cableoperadores pyme en las provincias cuando tenían el negocio del fútbol, fundiéndolos para después comprarlos”. “Los que hablan de inconstitucionalidad vuelven a mentir porque dicen que la aplicación de la ley no permite la sustentabilidad de las empresas y está claro que limita la alta rentabilidad, pero no lesiona la rentabilidad”, sostuvo. “De hecho, salvo Clarín, todas las empresas se presentaron voluntariamente” para ajustarse a la ley.

Amigos con derechos



 Por Mario Wainfeld
“El ideal de la soberanía del mercado no es un complemento de la democracia liberal sino una alternativa a ese sistema. De hecho, es una alternativa a todo tipo de política, ya que niega la necesidad de tomar decisiones políticas que son precisamente decisiones relacionadas con intereses comunes o de grupo en tanto que intereses distintos de la suma de opciones, racionales o de otra clase, de unos individuos dedicados a la procura de sus preferencias privadas.”
Eric Hobsbawm, Las perspectivas de la democracia.
Las audiencias públicas, que la actual Corte Suprema utiliza con intermitencias, son un formato interesante. La teatralización de las posturas sirve para divulgar, la visibilización airea (un cachito) el oscuro y opaco clima de los Tribunales. La realizada ayer reformateó, para peor, el recurso del amicus curiae. Se forzó a los presentantes a “tomar partido”, lo que limitó sus perspectivas. Como señaló el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, es “una injusta restricción, que polariza y empobrece los términos en discusión”. El neodiseño permitió la intrusión de terceros no alineados, una corrección culposa e incongruente.
Con todas esas objeciones, que no son pocas ni menudas, la audiencia tuvo su funcionalidad. La “Coreo” (uno de cada parte, por turno) aspiró a mostrar imparcialidad, que hará falta en la sentencia. Pero igualó al Estado con un particular que defiende intereses propios en un derrape que huele a pre-juicio.
Se asignó un tiempo preciso y breve a cada expositor. El Poder Judicial es una usina de incoherencia, ayer agregó una más: el esmero por hacer cortito un trámite que se considera muy valioso, encastrado en un pleito que está por cumplir cuatro rozagantes años.
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La seguidilla de participantes (que se detallan en la nota central) no disimuló cuán ceñido es el Club de Amigos del Multimedios Clarín. Habría que revisar bien, pero seguramente (salvo algún aporte de colegas de otras latitudes) ninguno de ellos ha dejado de percibir sueldos u honorarios de la parte actora. Todos defendieron la lógica del capitalismo predatorio versus la de la soberanía democrática. Eso se dirime en este expediente, cuando se lo simplifica y se lo expone a la luz. Ayer se hizo patente, más allá de los ropajes que impuso la Corte.
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El silencio fue el sonido ambiente de la mayoría de las presentaciones. Se alteró cuando habló Miguel Rodríguez Villafañe, titular de la Confederación Argentina de Cooperativas (Cooperar). En tono más emocional que el promedio, el hombre recordó las reglas de la Ley de Radiodifusión dictada durante la dictadura y empeorada por el gobierno menemista. “Eramos tratados como los que no tienen derecho a la palabra, por 29 años se marginó al sistema cooperativo. Tuvimos que perder espacios. Teníamos que esperar al 2009 para acceder a la palabra.” Evocó que Clarín no dijo nada en ese largo período de exclusión mediática de la economía solidaria y sin fines de lucro. Dio ejemplos tangibles sobre abusos de posición dominante, cometidos por el multimedios. “No permitan una concentración que nos arrodille”, exhortó con piel curtida y conocimiento de causa. Los cortesanos lo escuchaban con cara de circunstancias, que en el caso de Carlos Fayt se parecía bastante a la somnolencia. El aplauso estalló entusiasta, muy numeroso, aunque, claro, no unánime. En la plaza de Tribunales sí lo fue: nadie se manifestó en defensa de los poderes concentrados.
En la democracia todos valen uno, en el mercado sin ataduras los peces grandes se comen a los chicos. E imponen su centralidad. El cronista recuerda que Hermes Binner, ex gobernador de Santa Fe, justificó su apoyo a la LdSCA aduciendo entre otros motivos que la dominación de Clarín es también antifederal. De hecho, quien quisiera emitir un mensaje que llegara desde Florencia hasta Rufino (ciudades que están en el extremo norte y sur de su provincia) tenía que pasar por los medios audiovisuales nacionales, que siempre ahogaron la posibilidad concreta de competencia local.
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Entre otros objetivos, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) busca restringir abusos de posición dominante que imponen límites a la libertad de expresión. Tal es el núcleo que se dirime en el juicio. Hablamos de las maniobras desleales para fagocitar competidores, los “precios predatorios” que excluyeron a medios de pequeño porte, el manejo de las transmisiones del fútbol codificado para premiar o desalentar aliados.
Referirse a monopolios en forma excluyente es una simplificación, explicó el abogado y especialista en comunicación Damián Loreti (CELS): el Estado tiene la potestad de hacer desinvertir cuando se amenace la pluralidad o se alcancen niveles inaceptables de concentración.
El abogado Víctor Abramovich, que habló por la Universidad de Lanús, pronunció una frase redonda, en una exposición brillante: “La libertad de expresión es un bien social”. Contrapuso esa lectura a una visión liberal arcaica del derecho, que tutela estructuras que “silencian a sectores de la población”.
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Los amicus de Clarín homologaron a menudo la libertad de expresión con el poderío económico de los medios privados. Tal es la tesis central del deplorable fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial que la Corte debe revisar. Nada hay de casual: la sentencia es en buena medida un copy paste de presentaciones o alegatos periodísticos de los letrados del multimedios.
Su idea es que una empresa poderosa es la mejor (si no la única) garante de la libertad de expresión. Si ese porte se equiparara al de Clarín se llegaría a la absurda conclusión de que es el único adalid de ese derecho, ya que no hay otro conglomerado igual en la Argentina. Y pocos o quizá ninguno comparativamente similares en el mundo. Si se acentúa un argumento falaz se derrapa pronto al ridículo. La Cámara supo hacerlo, ayer se le sumaron quienes se pronunciaron por capitalistas “con espalda”, esto es con poder propio. Poder fáctico, dicho esto sin adjetivar con la sola intención de diferenciarlo de los democráticos que son otra cosa.
Otro toque de sinceridad involuntariamente esclarecedora provino de Asdrúbal Aguiar Aranguren (Observatorio Latinoamericano de la Democracia), quien apuntó que regulaciones como la de la LdsCA son frecuentes en la región, “una tendencia legislativa emergente”. Así es, los regímenes democráticos y populares (los más radicales y también los “templados”) tienen como adversarios temibles a los medios dominantes. El afán de atenuar su omnipotencia se acentuó en el vecindario desde el 2009. Esto es, durante el largo período conseguido por las chicanas de Clarín y la aquiescencia de jueces de todas las instancias (incluidos los Supremos). El dato es llamativo, debería ser ponderado por la Corte que usó la falta de precedentes en el derecho comparado como argumento contra la reforma del Consejo de la Magistratura. La LdsCA no es una argentinada exótica ni una criatura exclusiva del kirchnerismo, sino una de las varias respuestas sistémicas de los sistemas democráticos más vivaces de esta etapa histórica.
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Eliseo Verón fue un destacado académico, sabio en el estudio de la semiología y las comunicaciones. Al cronista le costó asumir que fuera el mismo hombre que habló ayer en el cuarto piso de Tribunales, pero todas las reseñas coinciden y hay que rendirse a la evidencia. Sería mejor pensar que era un clon o un personaje parecido a los actores de Hollywood Lee Marvin o James Coburn.
El fino pensador del pasado pronunció un discurso falsamente naïf acerca de la libertad que proveen las nuevas tecnologías. El pluralismo está garantizado por Internet, Twitter y otras innovaciones, propuso Verón. El razonamiento, amén de trivial, en algún punto colisiona con el eje del razonamiento del multimedios que es la necesidad de grandes empresas capitalistas como sostenes de la libertad de expresión. Si las redes son las garantías, serían superfluos los “fierros” corporativos.
El pobre papel de Verón, vaya otra paradoja, se viralizó en las redes sociales. Los tuits reseñados en el blog Saber derecho lo consignan con certeza y sin piedad.
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Verón integra el elenco de Clarín desde hace añares. También enseña en la Universidad de San Andrés. Pero se presentó en nombre de una ONG (Comité del Consumidor, Codelco). Otro docente de ese centro de estudios aguantó los trapos de la actora.
La posición del Estado fue acompañada por expositores de las universidades públicas de Lanús y San Martín. A la de Moreno se le negó el derecho a presentarse, con argumentos formales. La tensión entre lo público y lo privado tuvo allí otra muestra. Un símbolo, acaso de lo que hay en juego.
La audiencia de hoy, se imagina, será más dialogada, con preguntas y respuestas. La funcionalidad cabal de ambas se conocerá cuando se dicte la sentencia. Más allá de las virtudes que les reconoce esta crónica, cabe esperar que no hayan sido un artilugio para seguir el pronunciamiento de la Corte que será un hito en la historia del sistema democrático, salga pato o gallareta.
RECLAMOS A LA CORTE SUPREMA EN LA AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATIR SOBRE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Ideas opuestas sobre la libertad de expresión

En el primer día expusieron los amicus curiae de las partes. Los ligados a Clarín se centraron en la defensa del libre mercado. Los que respaldan la ley enfatizaron el derecho a la comunicación de todos, incluidos los usuarios.
   
 Por Irina Hauser
Con esfuerzo de síntesis, algunos más apasionados que otros, algunos más técnicos, otros más políticos, los llamados amicus curiae que se presentaron ayer en la Corte Suprema por la ley servicios de comunicación audiovisual (LdSCA) desplegaron un gran duelo de ideas y teorías acerca de la esencia misma del derecho a la libertad de expresión. Las entidades aliadas de Clarín usaron definiciones que lo asocian con la defensa del libre mercado y cuestionan su regulación estatal. Las amigas del Estado pintaron la comunicación con la complejidad de un derecho que pertenece a todo el mundo, empezando por sus usuarios. Hubo aportes especializados y academicistas, pero los momentos quizá más memorables llegaron con los ejemplos prácticos que daban cuenta de cómo decenas de canales fueron quedando fuera de juego (y sus empleados sin trabajo) en algunas provincias donde Cablevisión los excluyó de su grilla. El broche de esta primera jornada fue la exposición de la procuradora Alejandra Gils Carbó quien, con vehemencia, se dirigió a la Corte y le pidió “que dicte un fallo histórico” que “valore los intereses reales en juego” (ver página 4). Hoy será el turno de argumentar para el multimedios y el Gobierno.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, explicó que la audiencia pública se debía a la “trascendencia institucional del tema”, que “no sólo interesa a las partes, sino a la sociedad”. Los amicus curiae, precisó, fueron invitados para que “ilustren” al tribunal. Pero el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, cuestionó la modalidad cortesana de obligar a los amicus a presentarse en apoyo explícito a alguna de las partes, cuando siempre fueron terceros interesados independientes o “amigos del tribunal”, no de las partes. Para Verbitsky, el debate se empobrece planteado como “cuestión de partes”, se olvida que “hay un país ahí afuera”. “Nos hemos amoldado a esta injusta restricción para no agravar la ya escandalosa dilación judicial que ha paralizado durante cuatro años la ley elaborada con mayor participación social que se recuerde”, advirtió (ver recuadro).
Si bien los amigos de las partes expusieron intercalados –uno por Clarín y uno por el Estado–, era evidente la estrategia sincronizada de cada lado y clarísimos los contrapuntos. Incluso los amicus independientes quedaron alineados: la Defensoría del Público a favor de la LdSCA y el Centro de Estudios en Derecho y Economía en contra. Cada quien, según su cristal, ofreció su interpretación de la doctrina norteamericana, de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, las regulaciones antimonopólicas, la libertad de expresión, la diversidad y pluralidad de voces. La Corte escuchó bastante para ilustrarse, si lo necesitaba.
Clarín llevó al ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el venezolano Asdrúbal Aguiar, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, quien cuestionó la regulación estatal del mercado de medios como una “restricción a la libertad de expresión”. “El Estado no puede impedir el crecimiento o viabilidad económica de los medios”, disparó y calificó a la LdSCA de “arbitraria” e “irrazonable”. Cuestionó el tope de audiencia al 35 por ciento del mercado “mientras el Estado mantiene el ciento por ciento”. También el impedimento de transferir licencias, y dijo que fijar un número de licencias no contempla “el desarrollo tecnológico”.
Desde otro ángulo, el jurista Víctor Abramovich, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Universidad de Lanús y a favor de la ley, afirmó que el Estado tiene el deber de “minimizar las restricciones a la información” y “de transformar las condiciones estructurales” cuando existen “sectores en desventaja” o “excluidos” de la comunicación, según la Convención Americana. La Cámara en lo Civil y Comercial –cuyo fallo es el que se discute– “no dio cuenta de que el mercado de la televisión por cable está controlado en un 60 por ciento” por Clarín. El multimedios, dijo, se apoya en “una visión liberal de la libertad de expresión” invocando una “igualdad formal para no perder privilegios”.
Un reloj digital marcaba el tiempo a los amigos en el estrado y sonaba una chicharra si pasaban los 15 minutos. Durante la mañana, dos de los jueces supremos, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, se levantaron y se fueron. Había un centenar de periodistas, incluso extranjeros, varios funcionarios, entre ellos el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, legisladores y muchos secretarios letrados tomando nota. Pese a la sala llena, el silencio era envolvente.
El enfoque económico reapareció con Luis Pardo, de la Asociación Internacional de Radiodifusión. “Sin autonomía económica, la independencia” de los medios “no existe”, atacó, y definió la LdSCA como un “retroceso para el pluralismo y la diversidad”. Se dividió el tiempo con Carlos Laplacette, de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, quien agregó que “limitar las licencias es censura” y que “el Congreso no puede regular a la prensa”.
“La palabra no es una mercancía”, afirmó Carlos Ruta, rector de la Universidad de San Martín, en clima de clase magistral. “No puede alegarse una razón económica para una actividad que pone en riesgo la libertad de expresión”. Beinusz Szmukler, de Asociación Americana de Juristas, más político, acusó a Clarín de querer “dictar las políticas públicas”, dijo que las licencias no conllevan derechos adquiridos y que la concentración en manos de Clarín implica una “discriminación” de hecho.
La presencia del semiólogo Eliseo Verón, por el Comité del Consumidor, había generado expectativas. Con su melena blanca, empezó a hablar de la historia del newspaper (en vez de diario) y del avance tecnológico, para llegar a Internet y las redes sociales hasta concluir “no hay pretexto para limitar las voces”. Alarmista, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez postuló que por las limitaciones a cableoperadores quedarán “afectados sectores menos favorecidos” y los que “recibían Internet por el cable”.
Pero los ejemplos palpables de quiénes pierden con el mapa actual de medios llegaron con otros oradores. Luis Rodríguez Villafañe, de Cooperar, protagonizó un momento emocionante. Miraba fijo al tribunal, diciendo que las cooperativas pasaron 29 años “marginadas de la palabra” y se envalentonó al contar que Zapala tiene un canal de aire “que casi nadie ve porque Cablevisión no lo sube”, y que algo similar pasa en Cañuelas y Córdoba. “Cuando operan en el mercado hacen competencia desleal, cuando el Estado los regula es tiránico”, ironizó. Sin ley, dijo, “no quiero ser apocalíptico, pero no habrá ninguna libertad de expresión”. “Señores jueces, no permitan concentraciones que excluyan y declaren integralmente constitucional a esta ley, porque será justicia”, terminó. Fue ovacionado.
La defensora del público, Cynthia Ottaviano, sumó historias que surgen de las denuncias que recibe, desde quienes reclaman el canal Pakapaka para sus hijos hasta el dueño de un canal de aire de Tandil que no logra que el Grupo Clarín lo incluya. Recordó que cuando se produjo la fusión entre Multicanal y Cablevisión desaparecieron El Canal de la Mujer, Bravo, El Chef, Clablesport, Supercine, Cablin y SoftTV, y con eso muchos puestos de trabajo, también perdidos con la eliminación de noticieros. Clarín, dijo, “genera un apartheid comunicacional”. “La imposibilidad de elegir cómo informarse, la concentración en la producción de bienes simbólicos vulnera derechos del público”, afirmó.
En un tramo previo, Eduardo Oteiza, de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, mostró con powerpoint que si bien en Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicación puso un límite de audiencia del 30 por ciento de los hogares, no se llevó a la práctica porque la Corte distrital de Columbia falló en contra. Oteiza aludió a precedentes citados por la Cámara Civil y Comercial al dictar la inconstitucionalidad de parte de la ley. Sin embargo, cuando habló el CELS, el especialista Damián Loreti señaló que no son aplicables en Argentina, porque aluden a un mercado muy distinto y a otro contexto. A la vez explicó los aspectos antimonopólicos de las normas estadounidenses y recordó que la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas recomendó que los países dicten normas que eviten la concentración. De lado de Clarín, el joven abogado Sebastián Grossman, espigado y de anteojos, dijo socarrón que los informes de la Relatoría los “hacen pasantes” y que basta aplicar leyes de Defensa de la Competencia.
Tanto Ottaviano como Gils Carbó aludieron al papel del Grupo Clarín en la última dictadura. La defensora recordó: “Estamos hablando del mismo grupo comunicacional que cuando tuvo la custodia de la libertad de expresión silenció un genocidio. Es decisión de esta Corte permitir que la Argentina avance o hacer retroceder 30 años en un segundo”.as opuestas sobre la libertad de expresión

miércoles, 28 de agosto de 2013

Ley de Medios: El Grupo Clarín acusó a Gils Carbó y a Ottaviano por "difamar con argumentos falsos"

Política
En un comunicado, el multimedio apuntó contra la Procuradora General y la Defensora del Público de Servicios de Comunicación, señalando las "falsedades y agravios" de sus discursos ante la Corte
El Grupo Clarín acusó a los funcionarios Alejandra Gils Carbó y Cynthia Ottaviano por utilizar "argumentos falsos" durante sus discursos de hoy frente a la Corte Suprema por la primera audiencia por la Ley de Medios.
En un comunicado, el multimedio denunció "falsedades y agravios" en las presentaciones de la Procuradora General de la Nación y la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, quienes participaron del encuentro como amicus curiae (amigos de la Corte), terceros que supuestamente no tienen parte directa en el litigio y ofician como "independientes y neutrales".
"En las antípodas de lo que debería ser el aporte de una representante del Ministerio Público, el discurso de la Procuradora abundó en afirmaciones calumniosas contra una de las partes, sin sustento ni conexión alguna con la causa", indica el comunicado, y agrega: "Gils Carbó falseó datos sobre Papel Prensa; sostuvo infundadamente que el crecimiento del Grupo se produjo en violación a la ley; afirmó que la compra de Cablevisión, aprobada por este Gobierno, fue ilegítima; y hasta acusó a Clarín de violar los derechos humanos y de tener conductas extorsivas. Un verdadero compendio de las difamaciones oficiales".
Sobre la actuación de Cynthia Ottaviano, el comunicado reza: "la Defensora del Público asumió una postura de total enfrentamiento contra la empresa, lo que demuestra su falta de imparcialidad a la hora de ejercer el cargo. Con respecto a Cablevisión, por ejemplo, Ottaviano lanzó falsedades varias: Habló de despidos, cuando desde 2006 la compañía incorporó más de 2000 nuevos puestos de trabajo; sostuvo que es el único oferente de TV paga en ciertas plazas, cuando en todas compite con otros operadores; acusó a la compañía de dumping, cuando en realidad esta conducta es la que Cablevisión sufre por parte de ciertos competidores, como las cooperativas que explotan servicios públicos monopólicos, y que subsidian con estos el precio del cable, generando competencia desleal".
"Respecto de la supuesta hegemonía, vale destacar que cada uno de los medios del Grupo posee más competidores que el promedio mundial"

Además, el Grupo Clarín apuntó contra el representante de la Universidad de Lanús, quien sostuvo que el grupo posee "el 60% del mercado de la TV paga y que ejerce un poder hegemónico". Ante este dato, el comunicado replica: "Pero según los propios datos del AFSCA, la participación del Grupo Clarín en ese mercado es del 40,8%".
"Respecto de la supuesta hegemonía, vale destacar que cada uno de los medios del Grupo posee más competidores que el promedio mundial. Clarín tiene una señal de noticias (TN) sobre 7 existentes, 8 radios sobre 12.000 existentes, 4 canales de TV sobre 45 analógicos y 32 digitales existentes. Y así en todos los mercados", concluye el comunicado..

la gata flora del periodismo entreguista

Ley de Medios: "¿De qué pluralismo hablan?", dijo Juan Miceli al quedar afuera de la transmisión

Política
El periodista denunció que las autoridades de la emisora estatal no lo incluyeron en el programa de hoy por la audiencia pública sobre la ley de medios; descargó su bronca en Twitter
Indignación y bronca. En medio de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia por la ley de medios, el periodista Juan Miceli volvió hoy a expresar su malestar con las autoridades de Canal 7. El presentador denunció que fue excluido del noticiero de este mediodía, a pesar de que tiene contrato vigente.
A través de su cuenta personal de Twitter, el periodista -que no continuará en la estación del Estado, ya que las autoridades del canal no le van a renovar el vínculo- contó que no fue a conducir el programa de hoy ya que ayer le habían avisado que durante ese horario se iba a transmitir en vivo la audiencia pública por la ley de medios. Pero eso no ocurrió y el noticiero salió al aire.
"Ayer mismo un comunicado oficial de la TV Pública decía que mi contrato seguía vigente. Veo desde casa que hay ahora al aire una edición del noticiero que suelo conducir en este horario. Y no fue algo improvisado, desde el estudio lo tenían armado desde ayer y me excluyeron", contó Miceli.
Luego, vinculó su ausencia en el programa con el debate por la ley de medios y cuestionó con dureza a las autoridades del canal. "Lo más increíble de todo es que están hablando del derecho de la palabra, la pluralidad y las bondades de la ley de medios. siempre que se piense como ellos. Indignación, bronca y vergüenza ajena. ¿Ley de medios democrática? Me hubiera gustado ejercer mi trabajo con libertad. ¿De qué pluralismo hablan? Lo veo y no creo", apuntó el presentador del noticiero del mediodía de la emisora estatal.
Miceli fue objeto de una fuerte polémica cuando en abril último, tras las inundaciones que sacudieron a la ciudad de La Plata, fue increpado al aire por el diputado y secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque.
Durante un móvil, Miceli le preguntó a Larroque por qué La Cámpora realizaba asistencia social a los inundados con pecheras partidarias , si es que las donaciones habían sido anónimas. Ante la pregunta, el jefe de La Cámpora lo desafió al aire : "¡Te espero hoy acá, cuando termine el noticiero, eh!".
Sobre los motivos de la no renovación de su contrato laboral, el conductor explicó: "No hubo un motivo puntual. Lamentablemente hemos tenido diferencias dentro del noticiero por episodios conocidos". Y uno de esos motivos "conocidos" fue la entrevista

Llegan los escáneres 3D

Llegan los escáneres 3D

Para "meter" cualquier objeto en la computadora. Se usan sobre todo en el diseño industrial. Pero ya se consiguen modelos de escritorio por menos de US$ 1.500.



Foto ilustrativa. Un modelo que figura en la web.
Foto ilustrativa. Un modelo que figura en la web.
Las impresoras 3D materializan cualquier diseño digital de tres dimensiones que se tenga en pantalla, sea un simple cubo o la forma más compleja. Los escáneres 3D, en tanto, realizan el proceso inverso; es decir, transforman cualquier objeto en un modelo tridimensional digital, que luego, una vez ingresado a la computadora, podrá ser editado, modificado, compartido o replicado mediante la impresión 3D.
Los escáneres 3D son un importante complemento para el prometedor universo del diseño y la impresión en tres dimensiones, pero hasta hace poco eran equipos muy caros. Ahora, los precios comienzan a bajar. Está en desarrollo un escáner con un precio previsto de 600 dólares (el Matterform), y desde hace pocos días se vende el MakerBot Digitizer, un modelo de escritorio que cuesta 1.400 dólares.
Otro de los escáneres 3D que se encuentra en desarrollo es el Fuel3D, un equipo de mano que promete costar menos de mil dólares. En un disparo con su cámara doble, el Fuel3D capturará la información necesaria para generar enseguida el modelo 3D. Este equipo se está desarrollando gracias al aporte de adherentes mediante el sitio Kickstarter.
Dispositivos como el MakerBot cuentan con una bandeja para apoyar el objeto a digitalizar. Puesto a funcionar el escáner, la bandeja gira y hace girar al objeto mientras dos láseres recorren su superficie y van ingresando la información a la computadora. Allí, un software se ocupa de generar el modelo 3D.
La resolución y otras prestaciones de los escáneres 3D de bajo costo tienen aún mucho potencial para mejorar. Esto queda claro cuando se lee a los creadores del MakerBot, que no ocultan las limitaciones de su escáner. Afirman que su equipo es para quienes suelen adoptar las tecnologías en su estadio temprano, no maduro. Y enseguida, con humor, aclaran: "Las expectativas deben ser realistas.
Usted no podrá, por ejemplo, escanear una hamburguesa y luego comerse el diseño digital.
Las expectativas sobre la precisión deben ser realistas, también. El escáner MakerBot no es ideal para ingenieros que requieran escaneo de alta precisión".
Otra limitación que encuentran algunos escáneres 3D es la imposibilidad de ser precisos cuando se trata de objetos con superficies brillantes o muy oscuras.
Sin embargo, los nuevos escáneres 3D logran transformar rápidamente -y a costos decrecientes- múltiples objetos en modelos 3D que se pueden modificar, mejorar, compartir e imprimir. Y eso es un aporte valorado por quienes trabajan en diseños tridimensionales.
Son varias las tecnologías usadas en estos escáneres. Hay modelos que en lugar de láseres utilizan flashes de luz estructurada. Y otros -siempre trabajando en conjunto con softwares específicos- conforman los modelos digitales 3D a partir de imágenes fotográficas.
De hecho, existen aplicaciones como Trimensional o 123D Catch que permiten utilizar la cámara de un iPhone para capturar imágenes que terminarán formando un modelo 3D.
Según le explicó a Next Marcelo Ruiz Camauer, de Kikai Labs, empresa que fabrica impresoras 3D en la Argentina, otro recurso que se suele utilizar para el escaneo 3D es combinar la cámara y los sensores de Kinect (el sistema de Microsoft que detecta los movimientos del cuerpo para jugar) con softwares de modelado 3D.

La ñata contra el celular: cuando sólo miramos una pantalla e ignoramos al resto

Tecnología
Un video intenta ilustrar cómo abusar de la interacción con el teléfono limita lo que hacemos con quienes nos rodean


El video que creó Charlene de Guzman exagera, pero marca una situación que muchos han vivido: estar en un grupo de personas y que la mayoría esté más atenta a la pantalla de su celular que a lo que cuentan quienes están a su lado.
Es una situación que muchas veces genera discusiones por cuál es la actitud correcta en una reunión social, y que para muchos puede resultar incluso en problemas de pareja .
En inglés, como suele suceder, ya tiene nombre ( y campaña online para evitarlo ). Le dicen phubbing , una mezcla entre phone (teléfono) y snubbing (evitar, ignorar).
Algunos creativos lo resuelven, en una salida grupal, con un juego que consiste en apilar todos los teléfonos en la mesa; quien no resista mirarlo durante la cena, paga la comida.

La ñata contra el celular: cuando sólo miramos una pantalla e ignoramos al resto

Tecnología
Un video intenta ilustrar cómo abusar de la interacción con el teléfono limita lo que hacemos con quienes nos rodean


El video que creó Charlene de Guzman exagera, pero marca una situación que muchos han vivido: estar en un grupo de personas y que la mayoría esté más atenta a la pantalla de su celular que a lo que cuentan quienes están a su lado.
Es una situación que muchas veces genera discusiones por cuál es la actitud correcta en una reunión social, y que para muchos puede resultar incluso en problemas de pareja .
En inglés, como suele suceder, ya tiene nombre ( y campaña online para evitarlo ). Le dicen phubbing , una mezcla entre phone (teléfono) y snubbing (evitar, ignorar).
Algunos creativos lo resuelven, en una salida grupal, con un juego que consiste en apilar todos los teléfonos en la mesa; quien no resista mirarlo durante la cena, paga la comida.